En vísperas de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, considero necesario hablar de empleo y salarios sin refugiarse en consignas. Un salario mejor es esencial, pero el coste de la vida puede devorar cualquier avance. Me interesa lo que sucede cuando termina la rueda de prensa: cuando alguien regresa a casa, hace cuentas y trata de organizar su futuro. La política tendría que empezar ahí, en las consecuencias concretas de sus decisiones, y no en la competición por pronunciar la frase más sonora.
El sueldo y su poder real
El debate sobre el salario mínimo vuelve a estar sobre la mesa antes de las elecciones. Detrás de cada cifra hay personas que trabajan, pagan facturas y esperan llegar a fin de mes. Apoyo el objetivo de elevar el nivel de vida de quienes tienen remuneraciones bajas. Pero me preocupa que el debate termine en una cantidad nominal mientras se deja de lado cuánto cuestan la vivienda, los suministros y los alimentos.
Productividad y empresas pequeñas
Las grandes compañías y los pequeños negocios no afrontan los mismos márgenes. Cualquier ajuste debe tener en cuenta su capacidad real de adaptación sin usar esa diferencia como excusa para perpetuar empleos precarios. La inversión, la formación y la tecnología pueden ayudar a producir más valor por hora. También conviene reducir cargas burocráticas que consumen tiempo y dinero sin mejorar la protección del trabajador.
Una conversación sin caricaturas
Ni todas las personas empresarias son explotadoras ni todos los trabajadores que reclaman mejoras desconocen la economía. Esa caricatura hace daño a ambos. Propongo sentar en la misma mesa a empleados, pymes y autónomos para hablar de salarios netos, cotizaciones, estabilidad contractual y conciliación. No sería una negociación para imponer un vencedor, sino para lograr que trabajar permita construir un proyecto de vida.
Mi medida del éxito
Preguntaría al Ministerio de Trabajo no solo cuánto ha subido el mínimo, sino qué ocurre con el empleo juvenil, la rotación, la pobreza laboral y los salarios reales. El mejor resultado sería que nadie tuviese que encadenar jornadas agotadoras para satisfacer necesidades básicas. Un país gana cuando su riqueza se transforma en oportunidades dignas.
El salario nominal no compra siempre lo mismo
Un incremento del salario mínimo puede elevar los ingresos de trabajadores peor pagados y reducir ciertas desigualdades. Al mismo tiempo, sus efectos dependen de la productividad, del tejido empresarial y del encarecimiento de los bienes esenciales. Con una inflación interanual del 4,9% en septiembre, el poder adquisitivo vuelve al centro de la conversación. Yo no pondría frente a frente al trabajador y al pequeño empresario como si fueran enemigos inevitables: una cafetería con márgenes estrechos y una empleada que paga un alquiler imposible pueden tener problemas distintos originados en el mismo entorno de costes.
Un pacto que mire también la productividad
La discusión debería incluir formación, transporte, conciliación, simplificación de obligaciones y evaluación sectorial del empleo. Quiero salarios dignos, pero también negocios viables que puedan pagarlos de forma sostenida. Comparar únicamente el sueldo bruto ignora horas, estabilidad, precios locales e ingresos netos. El Gobierno debería explicar qué indicadores seguirá para observar el efecto de cada cambio y corregir efectos no deseados. A Yolanda Díaz le pediría precisamente eso: menos confrontación simbólica y más resultados contrastables para quien vive de su trabajo.
Tres pruebas para cualquier reforma laboral
Primero preguntaría si el salario neto permite afrontar los gastos esenciales en cada territorio; el mismo sueldo ofrece posibilidades distintas donde el alquiler absorbe porcentajes radicalmente diferentes de la renta. Segundo, comprobaría si el aumento salarial se acompaña de mejores oportunidades de formación, estabilidad y productividad. Tercero, evaluaría cómo afecta a microempresas que no pueden trasladar inmediatamente sus costes a los precios. Nada de esto invalida mejorar remuneraciones bajas; al contrario, permite hacerlo sin ignorar a quienes deben sostenerlas. Me parecería sensato publicar análisis posteriores a cada reforma y corregir los efectos indeseados con instrumentos específicos. No quiero elegir entre un trabajador pobre y un pequeño empresario asfixiado, porque un país justo necesita que ambos puedan mirar el futuro con una seguridad razonable.
El empleo digno requiere diálogo social y cifras que muestren la evolución, no solo victorias retóricas. Cuando política laboral y productividad avanzan separadas, acaba apareciendo una factura. Me interesa que esa factura no vuelva a recaer sobre el trabajador más débil ni sobre el negocio que lucha por sobrevivir.
No pido soluciones milagrosas ni una sociedad donde todos pensemos igual. Pido honestidad para reconocer los problemas, capacidad para elegir prioridades y valentía para rectificar cuando una política no produce el resultado prometido. La dignidad no debería ser una palabra reservada a los discursos: debe estar presente en la forma de gestionar y rendir cuentas. Esa es la exigencia que mantendré antes de las urnas y, sobre todo, después de ellas.
Quisiera que esta reflexión se examine en sus méritos y en sus límites, no por la identidad de quien la expresa. La mejor prueba de una propuesta es su utilidad real, su respeto a los derechos de los demás y la posibilidad de corregirla cuando la experiencia contradice una buena intención.
Hay trabajadores que negocian desde posiciones muy frágiles y empresas pequeñas que tampoco pueden trasladar todos los costes a sus clientes. Debemos reconocer ambas realidades. Las subidas pactadas requieren información sobre sectores, territorio y evolución de precios. Tampoco olvidaría el empleo juvenil o los itinerarios de reincorporación laboral. La dignidad del trabajo se mide por capacidad de construir un proyecto vital, no por un eslogan asociado al sueldo anunciado.