Cuando propongo estudiar un impuesto sobre la renta del 10 %, sé que la cifra llama la atención. Pero no me interesa que se convierta en un eslogan. Soy economista y considero que una propuesta fiscal debe superar dos pruebas: mejorar los incentivos para trabajar, ahorrar y emprender, y demostrar que las cuentas públicas pueden seguir financiando prestaciones y servicios esenciales. Ninguna familia debería tener que elegir entre una economía dinámica y una sanidad digna. Y ningún responsable público debería prometer simultáneamente una rebaja masiva de impuestos y el mismo nivel de gasto sin explicar cómo cuadran los números.
Por eso hablo de una hipótesis de reforma que habría que desarrollar con datos, fases y simulaciones. No afirmo que un tipo único del 10 % sea viable hoy sin ajustes. Quiero abrir una discusión más exigente: qué sistema fiscal permite crear más riqueza, recaudar de forma sostenible y tratar a cada contribuyente con claridad.
Es importante recordar que los impuestos no existen de forma aislada. Reducir la tributación sobre la renta puede modificar decisiones de ahorro o trabajo, pero también altera la relación con otros tributos y cotizaciones. Si se desplaza la carga hacia el consumo, determinados hogares pueden resultar perjudicados. Si se pretende financiar mediante crecimiento futuro, hay que explicitar qué ocurrirá si ese crecimiento no aparece. Me gustaría ver varios escenarios publicados con sus riesgos, no una única proyección optimista que solo confirma la conclusión deseada.
También considero imprescindible una transición ordenada. Los servicios sanitarios, educativos y sociales no pueden financiarse con expectativas pendientes de comprobar. Una reforma profunda necesitaría objetivos intermedios, cláusulas de revisión y seguimiento de ingresos y calidad del servicio. En lugar de preguntar solo si me gusta el tipo del 10 %, pediría a cualquier gobierno que mostrara qué impuestos sustituye, a quién beneficia y cuáles son sus garantías ante una recaudación menor de lo previsto.
Un número que obliga a hacer cuentas
El IRPF español incluye actualmente un componente estatal y otro autonómico, y ambos utilizan escalas progresivas para la base general. No estamos ante un único porcentaje que pueda sustituirse con una orden administrativa. Modificar radicalmente esta estructura requeriría cambios legales, considerar la financiación autonómica y decidir cómo se tratarían los mínimos personales, las deducciones y los distintos tipos de renta. En la documentación de la Agencia Tributaria se describe ese sistema de cálculo de las cuotas. Fuente: Agencia Tributaria, manual del IRPF.
Además, el IRPF es una fuente considerable de ingresos públicos. Una rebaja de los tipos no puede calcularse multiplicando sin más la base por el nuevo porcentaje, porque intervienen comportamientos económicos, distribución de ingresos, fraude, otras figuras tributarias y el diseño definitivo de la propuesta. Aun considerando posibles aumentos de actividad, nadie puede garantizar que compensen una pérdida de recaudación. Esa incertidumbre hay que reconocerla antes de comprometer servicios básicos.
El incentivo económico y su contrapartida
Mi interés por una fiscalidad más simple tiene una razón: cuando un trabajador progresa, asume más responsabilidades o decide emprender, debería percibir con claridad qué parte de su esfuerzo conserva. También debemos evitar que las pequeñas empresas gasten una cantidad desproporcionada de tiempo y dinero en cumplimiento burocrático. Un sistema transparente ayuda a tomar decisiones y reduce la distancia entre contribuyente y administración.
Sin embargo, simplificar no consiste en ignorar la equidad. Un porcentaje idéntico sobre ingresos muy distintos puede generar resultados sociales muy diferentes. Por eso el debate debe incluir mínimos exentos, mecanismos de protección de rentas bajas y la distribución efectiva de la carga fiscal. También debe estudiar el Impuesto sobre Sociedades, los dividendos y las cotizaciones para evitar que una reforma de una pieza genere privilegios inesperados en otras.
Primero la viabilidad, después la promesa
Yo propondría comenzar con un estudio público, independiente y verificable: microsimulaciones por tramos de renta, impacto por comunidades autónomas, escenarios de recaudación y efectos sobre desigualdad, trabajo e inversión. Añadiría una auditoría de gastos ineficientes, pero sin presentar la eliminación de despilfarros como una solución mágica capaz de financiar cualquier reducción. Las cifras deben estar a la vista y permitir que otros economistas las cuestionen.
Si el resultado demostrara que una transición gradual es posible, podríamos discutir calendario, salvaguardias y evaluación anual. Si mostrara un agujero incompatible con los derechos básicos, habría que rediseñar la propuesta. Prefiero una idea ambiciosa sometida a evidencia que una promesa seductora incapaz de sostenerse.
La pregunta que quiero dejar abierta
La política fiscal es una herramienta, no una religión. No quiero impuestos altos por principio, ni impuestos bajos a cualquier precio. Quiero un sistema que permita prosperar y que, al mismo tiempo, sostenga un país donde enfermedad, infancia o dependencia no signifiquen abandono. La verdadera innovación no sería anunciar el 10 %; sería demostrar rigurosamente cómo acercarnos a una fiscalidad mejor sin poner en riesgo aquello que debemos proteger.
Esa es la conversación económica que propongo. Una reforma que no teme las preguntas difíciles: quién gana, quién pierde, qué ocurre con la recaudación y qué servicios pueden garantizarse. Sin respuestas honestas, no existe propuesta fiscal responsable; solo existe propaganda.