De un ahorro abstracto a una ayuda concreta
Una administración puede anunciar que ha ahorrado millones y, sin embargo, el ciudadano no percibir ninguna mejora. Por eso mi propuesta de reequilibrio del empleo público contiene una idea esencial: los recursos que se liberen de funciones administrativas realmente redundantes deben tener prioridad para reforzar servicios que la población necesita. El ahorro no puede convertirse en un trofeo contable; debe transformarse en atención.
Quiero que el proceso comience por una auditoría pública. Si una tarea repetitiva desaparece gracias a una simplificación legal, a servicios compartidos o a digitalización responsable, debe comprobarse que el trámite siga funcionando. Solo entonces puede hablarse de ahorro estructural. No confundamos un presupuesto que se deja de ejecutar con una plaza de enfermería que puede financiarse de forma estable.
Qué significa el escenario 70/30
En el documento planteo estudiar, como hipótesis, una regla 70/30: mientras existan déficits esenciales acreditados, destinar al menos el 70% del ahorro estructural derivado de ciertas amortizaciones administrativas a sanidad, salud mental, educación, seguridad, justicia o emergencias, y reservar hasta el 30% para modernización u otras necesidades. No lo presento como una regla legal vigente ni como un cálculo de ahorro garantizado.
La proporción requiere una memoria económica y evaluación jurídica. Un puesto de administrativo y uno sanitario no tienen necesariamente el mismo coste, y algunos servicios exigen inversiones adicionales en equipamiento o infraestructuras. Por eso la redistribución debería hacerse en euros y necesidades verificadas, no mediante una equivalencia simplista de una vacante por una nueva plaza.
La simulación ayuda, pero no sustituye a la auditoría
Mi propuesta utiliza tres escenarios ilustrativos sobre el total de 3.107.195 empleados públicos de julio de 2025: reorientaciones presupuestarias equivalentes al 1%, 2,5% o 5% a lo largo de diez años. Son aproximadamente 31.100, 77.700 o 155.400 puestos equivalentes, respectivamente. Estas magnitudes no son objetivos de despido, ni cifras oficiales de personal sobrante, ni previsiones de ahorro ya conseguido.
Precisamente porque no conocemos todavía cuántas tareas pueden simplificarse sin perjuicio, propongo medir antes de decidir. Un ahorro estimado que después no aparece no sirve para contratar a nadie de forma responsable. Un programa profesional necesita bases presupuestarias reales, calendarios y controles para que la reforma sea sostenible incluso cuando cambie el gobierno.
Que cada euro tenga una consecuencia útil
Destinaría los nuevos recursos en función de déficit: una enfermera donde falte atención, un profesional de psicología donde existan meses de espera, apoyo educativo donde aumente el abandono o capacidad tecnológica frente a estafas digitales. La clave es comparar los costes con el beneficio social real. No serviría crear plazas sobre el papel que después no puedan cubrirse por falta de profesionales cualificados.
La administración eficiente no es la que presume de gastar menos; es la que explica mejor qué obtiene con lo que gasta. Yo quiero que los ahorros verificables se conviertan en servicios verificables y que los ciudadanos puedan seguir ese camino con transparencia. Ahí reside el sentido humano de la disciplina presupuestaria.
Una prueba antes de legislar
Para valorar la regla ilustrativa 70/30 pediría una simulación en varias administraciones de distintos tamaños. Analizaría el ahorro neto real, incluido el coste de mantener sistemas informáticos, supervisión y soporte al ciudadano. Después examinaría cuánto cuesta cubrir cada déficit y qué administración es jurídicamente competente. Un porcentaje atractivo sobre el papel puede ser impracticable si las obligaciones presupuestarias están compartimentadas o si la función automatizada debe seguir teniendo respaldo humano.
La decisión final necesitaría debate parlamentario, negociación institucional y controles de legalidad. No propongo desviar automáticamente partidas finalistas ni ignorar normas de estabilidad presupuestaria. Quiero abrir una vía de trabajo para que la simplificación administrativa pueda transformarse de manera verificable en servicios. Esa prudencia no resta fuerza a la propuesta; al contrario, evita que una buena intuición termine convertida en una promesa imposible de financiar.
No todo ahorro se puede gastar dos veces
Cualquier traslado de recursos debe distinguir entre una reducción de gasto puntual y un ahorro estructural consolidado. La compra de software puede reducir tareas, pero también tiene costes de implantación, mantenimiento y supervisión. Una jubilación no implica por sí sola que una función haya dejado de ser necesaria. Antes de financiar plazas permanentes con esos supuestos ahorros, pediría un informe independiente que demuestre que la capacidad administrativa no ha empeorado y que los fondos existen realmente en el presupuesto correspondiente.
También separaría los costes de personal de otras necesidades. Una consulta de psicología necesita un espacio adecuado, sistemas seguros, supervisión y continuidad; una unidad de cibercrimen necesita equipos y formación. Por eso el reparto del ahorro no puede decidirse mecánicamente en número de empleados. La regla 70/30 es una idea para estudiar, no una orden que deba imponerse sin análisis. Su sentido es cambiar prioridades, conservando disciplina financiera y respeto institucional. Prefiero una mejora modesta pero demostrable a una transformación espectacular que no llegue a funcionar.
Este artículo desarrolla reflexiones personales basadas en mi estudio «Ley Nacional de Prioridad de los Servicios Esenciales y Reequilibrio del Empleo Público». Sus escenarios y metas de planificación son propuestas propias, no resultados oficiales ni efectos garantizados.