Hay decisiones que parecen privadas, pero terminan definiendo el futuro de un país. Cuándo independizarse, dónde vivir, si formar una familia, aceptar un empleo o cambiar de ciudad son algunas de ellas. Cada vez que una persona joven pospone esos proyectos porque no puede afrontar el coste de la vivienda, no estamos ante una simple dificultad doméstica. Estamos viendo cómo un problema estructural del mercado residencial condiciona la libertad real de una generación. Y una sociedad que encadena generaciones sin horizonte estable termina pagando un precio económico y humano enorme.
No quiero simplificar el problema. Los precios responden a numerosos factores: suelo disponible, planificación urbanística, construcción, financiación, salarios, localización, demanda y características del parque existente. Hay mercados locales muy distintos y las recetas universales suelen fallar. El Banco de España ha dedicado parte de su Informe Anual 2025 a la vivienda y al mercado inmobiliario, precisamente porque se ha convertido en una de las tensiones de fondo de nuestra economía. Reconocer la complejidad no debería servir para aplazar decisiones, sino para tomarlas con mayor seriedad.
Tener empleo ya no resuelve todas las barreras
Durante mucho tiempo se transmitió una idea sencilla: estudia, trabaja, ahorra y podrás establecerte. Esa secuencia resulta hoy mucho más difícil para numerosos hogares jóvenes en zonas tensionadas. Incluso con dos sueldos, el coste de entrada de una vivienda o una renta mensual elevada pueden absorber una proporción incómoda de los ingresos. Cuando eso ocurre, el empleo deja de traducirse en autonomía. La frustración no nace de expectativas extravagantes; muchas veces nace de no poder alcanzar condiciones de vida que parecían razonables para generaciones anteriores.
Además, la vivienda limita la movilidad laboral. Una persona puede encontrar una oportunidad de empleo en otra ciudad y rechazarla porque el alquiler hace inviable el traslado. Una empresa puede tener dificultades para contratar porque su entorno se ha vuelto inaccesible. El problema afecta también a quienes ya son propietarios: si sus hijos no pueden vivir cerca, se debilitan redes familiares y cuidados. Por eso creo que la vivienda debe abordarse como infraestructura económica y social, no solo como asunto inmobiliario.
Construir soluciones exige estabilidad
Me parece imprescindible aumentar la oferta donde existe demanda sostenida, acelerar procedimientos sin sacrificar seguridad ni calidad urbanística y mejorar la coordinación entre administraciones. También debemos rehabilitar viviendas, aprovechar suelo bien situado, reforzar infraestructuras y facilitar proyectos de alquiler asequible con reglas estables. Ninguna medida aislada resolverá todo. Y prometer soluciones inmediatas a un mercado que necesita años para crear nueva oferta resulta poco responsable.
La seguridad jurídica importa a propietarios, inquilinos, promotores y administraciones. Si queremos inversión a largo plazo, hace falta un marco previsible. Si queremos proteger el acceso residencial, necesitamos instrumentos que lleguen a quienes verdaderamente los necesitan. Creo en la colaboración entre sector público y privado, pero acompañada de objetivos medibles, transparencia y compromisos que no se evaporen cuando cambia el ciclo electoral.
No podemos convertir generaciones en adversarias
Me preocupa un discurso que enfrenta a mayores propietarios con jóvenes que buscan su primera casa. Hay desigualdades patrimoniales y deben examinarse, pero no todos los mayores viven con holgura ni todos los jóvenes tienen las mismas circunstancias. La equidad obliga a mirar cada realidad. También deben considerarse las diferencias entre quienes alquilan, quienes tienen hipotecas y quienes viven en territorios con mercados muy distintos. Resolver el problema exige análisis, no caricaturas.
La vivienda influye además en el tiempo vital. Los proyectos familiares no pueden aplazarse indefinidamente sin consecuencias personales. Tampoco es razonable que una persona acepte convivencias forzadas o desplazamientos agotadores como única alternativa. Una economía que necesita atraer talento y sostener servicios esenciales no puede ignorar las condiciones materiales necesarias para que sus trabajadores vivan cerca de su empleo.
Yo no defiendo que el Estado pueda garantizar a todos la vivienda exacta que desean, en cualquier lugar y a cualquier precio. Defiendo algo más sensato: que utilicemos todas las herramientas disponibles para ampliar posibilidades reales, reducir barreras injustificadas y proporcionar estabilidad. Una generación no debería tener que elegir entre avanzar profesionalmente y disponer de un hogar. Cuando conseguirlo se vuelve un privilegio, el futuro de toda la sociedad se hace más estrecho. Y ese futuro merece una respuesta mucho más seria que un enfrentamiento de consignas.
Tampoco deberíamos olvidar la diferencia entre producir muchas viviendas y producir viviendas adecuadas. Una promoción desconectada del transporte, de los servicios o del empleo puede trasladar el problema a otra parte. Necesitamos planificación a escala metropolitana, barrios habitables y fórmulas residenciales diversas que respondan a hogares de tamaños distintos. Las rehabilitaciones y la movilización de inmuebles infrautilizados pueden contribuir, pero no siempre sustituyen la necesidad de nueva construcción. El equilibrio depende de cada lugar. Precisamente por eso conviene abandonar las soluciones idénticas para todas las ciudades y trabajar con diagnósticos transparentes, plazos verificables y evaluación de resultados.