Qué significa realmente tener un hogar
Una casa es un activo en las estadísticas, una referencia en el Catastro y un valor en muchas operaciones bancarias. Pero para una familia es, antes que nada, un lugar de pertenencia. Allí tienen lugar conversaciones que nadie escucha, se acompañan enfermedades y se construye la memoria personal. Yo quiero que la legislación reconozca mejor esa realidad.
Por eso propongo estudiar la eliminación del IBI sobre la vivienda habitual. No afirmo que el impuesto sea ilegal ni que el Ayuntamiento sea dueño de una casa porque lo cobre. El IBI tiene una base legal clara. Mi desacuerdo es de filosofía fiscal: creo que un hogar de uso propio merece un tratamiento diferente de las propiedades destinadas a producir rentabilidad.
Libertad económica con responsabilidad pública
La libertad para ahorrar y formar un patrimonio familiar puede proteger a las personas de la precariedad. Muchos hogares hacen sacrificios durante décadas para pagar una hipoteca. La existencia de un gasto anual ligado al inmueble, independientemente de las dificultades que atraviese su propietario, plantea preguntas razonables sobre proporcionalidad y capacidad económica.
Pero tampoco quiero prometer libertades financiadas a costa de deteriorar los servicios que todos usamos. Un municipio necesita recursos para limpiar, iluminar, mantener vías y atender necesidades sociales. Si cambia el IBI, deben cambiar también sus fuentes de financiación. La discusión es cómo se reparten las cargas, no si la vida municipal cuesta cero euros.
Primera vivienda y vivienda habitual no son sinónimos
Una persona puede comprar un estudio como primera inversión y vivir en casa de sus padres. Otra puede heredar parte de una vivienda rural y residir permanentemente en un apartamento modesto. Sería injusto diseñar un beneficio que ignore estas realidades.
Me inclino por dar importancia al uso habitual acreditado, con excepciones razonables por enfermedad, dependencia y desplazamientos. Estudiaría además un límite o trato diferenciado para inmuebles de altísimo valor, de manera que la reforma pueda ser defendible también desde la equidad.
Y los inquilinos, ¿qué reciben?
La vivienda digna no debería ser un privilegio exclusivo del propietario. Quien alquila también necesita estabilidad económica y protección frente a costes de vivienda crecientes. Una rebaja del IBI al dueño no se traslada automáticamente al precio del alquiler, porque el mercado depende de oferta, demanda y contratos.
Una reforma integral debería combinar fiscalidad del hogar con oferta asequible, agilidad administrativa y ayuda focalizada a quienes acrediten mayor vulnerabilidad. No bastaría una subvención indiscriminada ni un titular atractivo. El resultado tendría que medirse en capacidad real de vivir con dignidad.
La tasa de residuos es otro debate
Cuando escucho a vecinos indignados por los recibos de basura, entiendo el malestar. Pero recoger residuos es un servicio físico, diario y ambientalmente necesario. La Ley 7/2022 impone requisitos de financiación específicos. Por eso distinguiría entre el IBI, impuesto patrimonial, y la tarifa de residuos, ligada a un servicio cuya continuidad debemos garantizar.
Defendería información transparente sobre costes, criterios comprensibles de reparto, protección de hogares vulnerables y estímulos al reciclaje. Una alternativa total exigiría reformas legales y financiación equivalente; no la anunciaría como si bastara una orden municipal.
Mi principio de reforma
Propongo que el Estado estudie una ley marco de protección fiscal de la residencia habitual, con estimaciones públicas y una transición acordada con los municipios. Evaluaría su efecto no solo en la recaudación sino también en pobreza residencial, seguridad económica de los mayores y costes indirectos.
Sé que la política puede convertir cualquier impuesto en una batalla de consignas. Yo prefiero formular una pregunta más útil: ¿cuál es la manera más justa de pagar las necesidades comunes sin tratar el hogar como un simple negocio? Quiero una respuesta que respete a la persona, preserve los servicios públicos y pueda ser comprobada por cualquiera.
La confianza exige números y no solo principios
Una propuesta centrada en la dignidad no puede desentenderse de sus beneficiarios reales. Quisiera que una evaluación pública mostrara cómo cambia el esfuerzo fiscal de los hogares según su renta, patrimonio, edad y municipio. También analizaría si la exención anima a declarar falsamente residencias habituales y qué controles proporcionados pueden impedirlo. La transparencia es una forma de respeto: permite corregir una medida cuando no produce los efectos deseados. Creo que un Estado justo no es necesariamente el que más recauda ni el que menos recauda, sino el que explica lo que exige, ofrece servicios adecuados y trata de forma razonable situaciones distintas. Ese criterio debería presidir todo el debate sobre nuestra vivienda habitual.
Esta es una reflexión y propuesta personal del autor. Las medidas expuestas exigirían el correspondiente estudio económico y, en su caso, una reforma legal.