En las últimas semanas, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI), junto con Facua y Justicia Alimentaria, han promovido una huelga de compras que se celebra todos los miércoles hasta el 11 de noviembre, fecha de una huelga general convocada por estas y otras organizaciones sindicales. Esta iniciativa, que consiste en no consumir en supermercados, hipermercados ni grandes cadenas durante esos días, busca visibilizar la presión que sufren muchas familias en su economía cotidiana, especialmente en el acceso a la vivienda y la alimentación. Al analizar esta protesta, me parece fundamental entenderla no solo como un acto de presión política, sino como un reflejo de un malestar social profundo que afecta a amplios sectores de la población.
La huelga de compras es una forma de protesta que trasciende la reivindicación sectorial tradicional. No se dirige contra el pequeño comercio ni contra las trabajadoras de los supermercados, sino que pretende evidenciar la relación directa entre el poder adquisitivo de las familias y su capacidad para satisfacer necesidades básicas. La convocatoria invita a derivar las compras hacia mercados municipales, comercios de barrio, cooperativas o compra directa a productores, buscando un consumo más justo y sostenible. Esta estrategia pone de manifiesto que muchas personas no pueden permitirse simplemente dejar de trabajar para protestar, pero sí pueden intentar limitar su consumo para hacer visible su situación.
Desde mi reflexión sobre la vivienda, he señalado que la desigualdad de oportunidades es un problema serio que requiere proteger a las personas vulnerables y combatir los abusos, pero también estudiar las causas estructurales que limitan la oferta de vivienda asequible. La protesta del Sindicato de Inquilinas pone el foco en la dificultad creciente para acceder a una vivienda digna, un problema que se agrava cuando se combina con el encarecimiento de otros gastos esenciales como la alimentación y la energía. Según datos recientes, la cesta de la compra ha aumentado más de un 40% desde 2019, mientras que los salarios medios solo han crecido un 21,9% en el mismo periodo, y la inflación general cerró septiembre en un 4,9%. Esta descompensación entre ingresos y gastos básicos genera una presión insoportable para muchas familias.
Esta situación se enlaza con la preocupación que he expresado sobre la clase media española, que vive con la sensación de que trabaja mucho y aporta mucho, pero respira cada vez peor. La clase media no suele manifestarse con estridencia, sino que resiste adaptándose, reordenando prioridades y sacrificando proyectos personales. Sin embargo, la protesta colectiva como la huelga de compras evidencia que esta resistencia tiene un límite y que la sensación de precariedad y exclusión social está creciendo. La vivienda se ha convertido en una frontera social que condiciona la movilidad, la emancipación y la estabilidad familiar. La falta de oferta residencial suficiente, especialmente en áreas urbanas, tensiona los precios y dificulta el acceso a un hogar digno.
En este contexto, la huelga de compras es un llamado a la acción que exige respuestas integrales. No basta con medidas parciales o discursos que solo midan el progreso económico en términos de crecimiento o empleo. Es necesario evaluar la calidad de vida que ese crecimiento permite alcanzar. La justicia social implica proteger a las personas vulnerables, garantizar la seguridad jurídica y promover políticas que aumenten la oferta de vivienda asequible, agilicen los procesos urbanísticos y fomenten la competencia y la equidad tributaria. También requiere controlar los márgenes de beneficio en sectores esenciales como la alimentación y la energía para que la rebaja de precios repercuta en los consumidores y no en los productores.
Finalmente, esta protesta me recuerda que detrás de cada cifra, cada porcentaje y cada indicador económico hay personas con vidas, proyectos y dignidad. La política social debe medirse por la reducción de la exclusión residencial, el aumento de ingresos disponibles y la capacidad real de las personas para construir un proyecto de vida. La huelga de compras es una expresión de esa demanda legítima y un recordatorio de que vivir dignamente no debe ser un privilegio, sino un derecho accesible para todos.