Hay decisiones fiscales que parecen simples cuando se resumen en un porcentaje. Yo prefiero analizarlas desde sus efectos sobre personas, empresas y servicios públicos. Los tipos importan, pero no sustituyen a la infraestructura, el talento ni a la seguridad jurídica. En mi Propuesta Nacional nº 1 he defendido una arquitectura coordinada: el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades y el tratamiento de determinados dividendos deben estudiarse juntos, no como tres piezas inconexas. Mis convicciones liberales no me autorizan a prometer resultados que todavía no están demostrados. Por eso considero imprescindible comparar el efecto inmediato sobre la recaudación con los cambios de comportamiento que podrían aparecer después.
La decisión de invertir es compleja
Una empresa internacional compara costes, clientes, logística, estabilidad regulatoria, trabajadores disponibles y tributación. Mi propuesta del 10 % en Sociedades busca mejorar uno de esos factores, no presentarlo como la única variable decisiva. Para una inversión productiva de veinte años, la previsibilidad legal puede importar tanto como una rebaja tributaria inmediata. No me interesa atraer estructuras cuya única aportación sea un domicilio formal. Me interesa que la inversión se traduzca en tecnología, empleo cualificado y relaciones con proveedores españoles.
Competencia fiscal y límites internacionales
Mi estudio señala que las decisiones de localización de determinadas funciones corporativas y de inversión multinacional son sensibles a los tipos efectivos. También reconoce que existen reglas europeas e internacionales que deben respetarse. En particular, la tributación mínima de grandes grupos multinacionales hace necesario separar el incentivo potencial para una empresa pequeña del aplicable a determinadas multinacionales. Un tipo nominal del 10 % no garantiza que un gran grupo termine tributando efectivamente a ese porcentaje en todas las jurisdicciones. Prometerlo sería confundir una propuesta nacional con un régimen internacional mucho más complejo.
Cómo mediría el éxito
En una evaluación rigurosa distinguiría la llegada de nuevos proyectos industriales de la mera reasignación contable de beneficios. Observaría inversión material, empleo adicional, salarios, gasto local en innovación y permanencia de la actividad. También cuantificaría el coste fiscal por proyecto verdaderamente adicional. Atraer una empresa que habría venido igualmente puede reducir ingresos sin modificar la actividad. Por el contrario, un proyecto nuevo con externalidades positivas puede generar beneficios que exceden la recaudación inmediata. El balance requiere contrafactuales, seguimiento temporal y transparencia.
La inversión al servicio de las personas
La competencia fiscal no debe convertirse en una subasta que enfrente a los ciudadanos con sus servicios públicos. Necesitamos reglas estables y una estrategia que sume capital privado, capital humano y administraciones eficientes. Me parece legítimo competir por inversión, pero la calidad del proyecto cuenta más que su anuncio. Un país progresa cuando transforma el interés de un inversor en empresas que producen, conocimientos que se comparten y ciudadanos con mejores oportunidades de vida.
Consecuencias que conviene anticipar
Existe además un aspecto territorial decisivo: la inversión internacional no llega de la misma manera a una gran ciudad que a una comarca con despoblación, malas comunicaciones o carencia de profesionales. Si el objetivo es crear oportunidades, debemos saber dónde se instalan los proyectos, qué actividades generan y cómo se relacionan con proveedores locales. Una ventaja fiscal que simplemente concentra más operaciones financieras en sedes existentes no equivale a una expansión equilibrada de la economía.
La estabilidad tiene otro valor importante. Una empresa que invierte en una planta industrial necesita prever normas y costes durante muchos años; las reformas anunciadas y revertidas en ciclos electorales pueden reducir esa confianza. Defendería por ello un diseño claro, compatible con la normativa europea, con evaluación pública previsible. La competitividad no debe depender de improvisaciones. Se construye cuando el inversor sabe a qué atenerse y los ciudadanos comprueban que el compromiso fiscal beneficia al interés general.
La prueba decisiva
La inversión de cartera, los proyectos productivos y el traslado de sedes fiscales son fenómenos distintos. Solo el seguimiento de activos, trabajadores y vínculos locales permitirá saber si la rebaja favorece capacidad económica nueva o modifica la localización contable de rentas que ya existían.
La mejor defensa de una propuesta económica no es negar sus riesgos, sino definir cómo sabremos si está funcionando. Me gustaría que España pudiera discutir reformas profundas sin convertir cada cifra en una trinchera. Quiero empresas fuertes, ciudadanos con autonomía y unos servicios públicos que respondan cuando se los necesita. Si los resultados confirman los efectos positivos, habrá razones para perseverar; si las evidencias contradicen nuestras hipótesis, tendremos la obligación de rectificar. Eso es para mí gobernar con responsabilidad: libertad para crear y humanidad para decidir a quién debe beneficiar el progreso.