Cada vez que escucho que una economía crece, me alegro. Como economista sé que sin creación de riqueza resulta mucho más difícil sostener empleos, servicios públicos e inversiones. Sin embargo, me incomoda que confundamos el crecimiento de un país con la seguridad de todos sus habitantes. Una nación puede producir más y, simultáneamente, tener familias que viven pendientes de una avería doméstica, una subida del alquiler o una interrupción del empleo. La paradoja no se resuelve negando los datos positivos; se resuelve preguntando por qué no llegan de la misma manera a la vida cotidiana.
Imagino a una familia con dos ingresos, sin grandes gastos superfluos, que paga su vivienda, transporte y alimentación y termina el mes sin margen para ahorrar. Sobre el papel participa de una economía dinámica. En su casa, en cambio, cualquier problema inesperado altera el sueño. Esa distancia entre las estadísticas y la experiencia merece una explicación económica seria.
El crecimiento no es lo mismo que la seguridad
El producto interior bruto mide actividad económica agregada. No nos dice cuánto debe una familia, cuánto tiempo lleva buscando una vivienda ni si puede afrontar tres meses sin ingresos. Tampoco el salario medio describe adecuadamente la dispersión salarial o las diferencias territoriales de precios. Para conocer la vida real hay que mirar ingresos disponibles, costes esenciales, estabilidad laboral, patrimonio, endeudamiento y servicios a los que cada hogar puede acceder.
La Encuesta de Condiciones de Vida del INE situó en 2025 el riesgo de pobreza o exclusión social en el 25,7 % de la población. No equivale a decir que una cuarta parte viva en pobreza extrema: es un indicador compuesto. Pero sí recuerda que el agregado económico favorable puede convivir con vulnerabilidades persistentes. Me parece un error discutir sobre éxito económico sin incorporar esa evidencia al diagnóstico. Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida 2025.
Las decisiones que reducen la fragilidad
La estabilidad económica no se fabrica mediante una única ayuda o una consigna fiscal. Requiere una oferta de vivienda que responda a la demanda, competencia efectiva, inversión productiva, educación adaptada al trabajo y una administración previsible. Exige también mecanismos de protección cuando aparecen el desempleo, la enfermedad o la dependencia. Los incentivos importan: una política mal diseñada puede proteger hoy y bloquear mañana el acceso a una oportunidad mejor.
Me gustaría evaluar las políticas por su efecto sobre la capacidad de las familias para planificar. ¿Aumenta el ahorro? ¿Disminuye el peso de los gastos esenciales? ¿Es más fácil cambiar de empleo sin miedo? ¿Se reduce la incertidumbre ante una urgencia sanitaria o una situación de dependencia? Estas preguntas conectan las decisiones públicas con la tranquilidad material, que para mí es una forma concreta de libertad.
Hay otra diferencia que solemos pasar por alto: el patrimonio acumulado. Dos hogares con el mismo salario pueden sentir una seguridad completamente distinta si uno posee una vivienda libre de cargas y el otro dedica buena parte de sus ingresos a un alquiler inestable. Por eso, limitar el diagnóstico a los ingresos mensuales conduce a conclusiones incompletas. La seguridad económica también se construye con ahorro, acceso al crédito en condiciones razonables y posibilidad de afrontar una emergencia sin entrar en una espiral de deuda.
Creo que deberíamos publicar indicadores fáciles de entender sobre el peso de la vivienda y los suministros en la renta de los hogares, diferenciando generaciones y territorios. No para convertir toda la vida en una estadística, sino para identificar dónde fracasan nuestras políticas. Una medida que mejora el promedio nacional puede estar dejando atrás a un municipio turístico, a una comarca rural o a una familia monoparental. La equidad exige comprender esa diversidad antes de decidir.
Además, debemos admitir que no todas las medidas producen beneficios inmediatos. Construir más vivienda puede tardar años; mejorar la formación necesita continuidad; una reforma de la competencia puede provocar resistencias. Precisamente por eso necesitamos instituciones capaces de explicar costes y plazos sin vender soluciones mágicas. Una ciudadanía adulta merece conocer qué puede esperar de una propuesta y cómo sabremos si funciona. La confianza se construye con ese tipo de honestidad, no con titulares grandilocuentes.
La tranquilidad también forma parte del progreso
Defender la iniciativa privada y el crecimiento no significa cerrar los ojos ante la inseguridad cotidiana. De hecho, una sociedad confiada en el futuro consume, emprende, estudia y se arriesga con más libertad. Cuando millones de personas viven en tensión permanente, su talento queda ocupado en sobrevivir y no en prosperar. A veces el coste de esa fragilidad no aparece en una cuenta nacional, pero está presente en decisiones familiares que nunca se toman.
No pido una economía sin riesgo, porque ninguna sociedad libre puede prometerlo. Pido una economía donde los riesgos ordinarios no se conviertan en condenas irreversibles. Ser más ricos como país debería significar, progresivamente, ser también menos vulnerables como personas. Si no conseguimos acercar ambas realidades, estaremos celebrando una prosperidad que muchos solo conocen de oídas.