Hay decisiones fiscales que parecen simples cuando se resumen en un porcentaje. Yo prefiero analizarlas desde sus efectos sobre personas, empresas y servicios públicos. La diferenciación busca apoyar la empresa cerrada, pero suscita preguntas legítimas de neutralidad. En mi Propuesta Nacional nº 1 he defendido una arquitectura coordinada: el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades y el tratamiento de determinados dividendos deben estudiarse juntos, no como tres piezas inconexas. Mis convicciones liberales no me autorizan a prometer resultados que todavía no están demostrados. Por eso considero imprescindible comparar el efecto inmediato sobre la recaudación con los cambios de comportamiento que podrían aparecer después.
Una diferencia deliberada
He planteado la exención personal de dividendos de sociedades limitadas y el mantenimiento de la tributación de dividendos de sociedades anónimas. No es un descuido de redacción: el estudio propone concentrar un estímulo sobre empresas cerradas, frecuentemente vinculadas a sus fundadores, frente a estructuras de capital abierto. El razonamiento político es que el socio que sostiene una empresa pequeña tiene barreras específicas para movilizar recursos. Sin embargo, una sociedad limitada puede ser grande y una anónima puede tener accionariado concentrado. La realidad empresarial es más diversa que las etiquetas jurídicas.
La neutralidad fiscal como examen
Dos proyectos con la misma actividad, riesgos y beneficios podrían recibir trato distinto solo por constituirse como SL o SA. Esa disparidad puede empujar a cambiar de forma jurídica por motivos fiscales, no empresariales. El problema se acentúa si grupos de gran tamaño utilizan sociedades limitadas para operaciones que nada tienen que ver con la microempresa que deseo apoyar. Esta posibilidad merece un examen técnico serio. La neutralidad nunca es absoluta, porque el legislador puede introducir incentivos, pero las diferencias deben estar justificadas por objetivos mensurables y acompañadas de límites proporcionados.
Qué condiciones analizaría
Antes de trasladar la propuesta al articulado definitivo, estudiaría condiciones sobre el beneficiario efectivo, vínculos entre socios y empresas, origen de los beneficios y ausencia de transformación ficticia de salarios. También compararía la opción de delimitar el incentivo por criterios económicos objetivos, como tamaño, actividad o grado de vinculación del socio, frente a basarlo exclusivamente en la forma jurídica. Esto no equivale a sustituir sin debate el proyecto que he formulado: significa someter su mecanismo a pruebas de equidad, legalidad y eficacia.
Una reforma debe poder corregirse
Creo que toda propuesta política gana credibilidad cuando explica también dónde pueden aparecer problemas. Prefiero exponer esta tensión a fingir que no existe. Si una exención específica favorece inversión productiva, permite distribuir recursos y resulta administrativamente viable, merece consideración. Si genera arbitraje fiscal, concentración injustificada de beneficios o pérdida de ingresos sin efecto económico, habrá que ajustar su diseño. El objetivo final es que una mayor libertad empresarial produzca oportunidades compartidas, no una competición por encontrar la forma societaria que menos contribuya.
Consecuencias que conviene anticipar
El debate podría enriquecerse con ejemplos comparables: dos negocios del mismo sector, idéntica facturación y accionistas similares, constituidos bajo formas distintas. Si el tipo de gravamen personal cambia aunque la actividad económica sea equivalente, tendremos una señal clara de distorsión. También debemos estudiar las transformaciones societarias a lo largo del tiempo. Una compañía que desea captar nuevos inversores podría adoptar una organización diferente y cambiar la fiscalidad de sus propietarios sin cambiar el valor de lo que produce.
Por eso es importante conocer las consecuencias de transición. ¿Qué ocurre con beneficios retenidos antes de la reforma? ¿Cómo se prueban? ¿Qué sucede si una sociedad cambia de forma jurídica poco antes de repartirlos? Son preguntas aparentemente técnicas, pero las respuestas deciden quién recibe realmente el incentivo. La legitimidad de una política liberal depende también de su claridad y de que los ciudadanos entiendan las reglas que se aplican a casos semejantes.
La prueba decisiva
Hay que evaluar qué sucede con sociedades familiares, filiales de grupos y empresas de capital mixto. La forma jurídica no siempre describe el tamaño de una compañía ni su necesidad de financiación, y las diferencias mal diseñadas pueden fomentar reorganizaciones que no aportan producción o empleo adicional.
La mejor defensa de una propuesta económica no es negar sus riesgos, sino definir cómo sabremos si está funcionando. Me gustaría que España pudiera discutir reformas profundas sin convertir cada cifra en una trinchera. Quiero empresas fuertes, ciudadanos con autonomía y unos servicios públicos que respondan cuando se los necesita. Si los resultados confirman los efectos positivos, habrá razones para perseverar; si las evidencias contradicen nuestras hipótesis, tendremos la obligación de rectificar. Eso es para mí gobernar con responsabilidad: libertad para crear y humanidad para decidir a quién debe beneficiar el progreso.