La cotización a la Seguridad Social no es simplemente una factura más. De ella dependen derechos presentes y prestaciones futuras, desde la incapacidad temporal hasta la jubilación. Precisamente por eso creo que su diseño merece una discusión seria, libre de eslóganes. En mi propuesta planteo una cuota ordinaria mínima de 300 euros al mes para los autónomos que hayan superado la etapa inicial protegida, con posibilidad de aportar voluntariamente más para mejorar sus bases y prestaciones.
Busco una regla que cualquier profesional pueda comprender y prever. La cotización vinculada a tramos de rendimientos puede ajustarse mejor a distintas capacidades económicas, pero también exige regularizaciones, previsiones y trámites que resultan complejos para muchas actividades. Mi alternativa pretende reducir esa incertidumbre administrativa y permitir que el autónomo planifique con mayor claridad sus costes de funcionamiento.
No estoy proponiendo que quien abre hoy un negocio pague inmediatamente 300 euros. Ese es un error de interpretación que conviene evitar: mi modelo incorpora cinco años iniciales a 100 euros mensuales para nuevos autónomos, sin límite de edad. Solo después se accede al régimen ordinario mínimo.
Cómo funcionaría la reforma
La simplicidad no debe utilizarse para esconder los casos difíciles. En 2026 existen trabajadores autónomos con ingresos muy reducidos que, bajo determinados tramos vigentes, pueden tener una cuota inferior a 300 euros. Para ellos, una cuota uniforme podría ser un incremento, no un alivio. Ese efecto distributivo debe cuantificarse antes de presentar la reforma como una mejora universal.
Además, permitir cotizaciones superiores de forma voluntaria implica explicar bien qué ocurre con las pensiones futuras y con prestaciones calculadas sobre bases cotizadas. No quiero que una aparente rebaja hoy se traduzca en desprotección mañana. Una reforma responsable requiere simulaciones actuariales, reglas transitorias y una información comprensible que permita elegir sin confusiones.
También existe una dimensión de sostenibilidad. Si los ingresos por cotizaciones disminuyen, hay que identificar de dónde saldría la financiación de las prestaciones comprometidas. La formalización de actividad y el eventual crecimiento del número de cotizantes podrían compensar parte de la diferencia, pero no deben contabilizarse como ingresos seguros antes de observarlos.
Conviene además estudiar una transición gradual desde el sistema actual. Cambiar las bases de cotización de millones de personas de un día para otro tendría consecuencias distributivas importantes. Podría beneficiar a autónomos con rendimientos altos que hoy afrontan cuotas superiores y perjudicar a quienes declaran ingresos muy modestos. Una reforma con vocación de permanencia debería identificar esos grupos, evaluar alternativas y evitar sorpresas bruscas. No podemos defender la previsibilidad empresarial mientras legislamos de forma imprevisible.
Tampoco todos los autónomos desarrollan actividades comparables. Un comerciante con local y existencias tiene una estructura de costes distinta de la de un profesional que trabaja desde un ordenador. Algunos afrontan temporadas fuertes y débiles, otros tienen ingresos regulares, otros combinan trabajo propio con empleo asalariado. La cuota sencilla debe convivir con soluciones para situaciones objetivamente diferentes, sin volver a crear un laberinto de excepciones. Ese equilibrio entre claridad y equidad es uno de los mayores desafíos del proyecto.
Finalmente, la aportación voluntaria superior solo funcionará si existe confianza y suficiente información. Los autónomos necesitan conocer el efecto previsible de cotizar más sobre incapacidad, maternidad o paternidad, cese de actividad y jubilación. La decisión de pagar una cuota baja hoy no debería tomarse sin saber qué cobertura se sacrifica mañana. Quiero autonomía de elección acompañada de transparencia, no una transferencia silenciosa de riesgos hacia el futuro.
Los resultados que quiero comprobar
Creo que la Seguridad Social y el emprendimiento no tienen por qué ser enemigos. Lo que necesitamos es una relación adulta entre ambos: derechos reconocibles, obligaciones razonables y reglas estables. La Administración debe poder recaudar y garantizar protección, pero el profesional debe saber cuánto necesita facturar para cubrir sus costes sin perderse en un sistema incomprensible.
Mediría la reforma por supervivencia de negocios, cuotas efectivamente ingresadas, nivel de cobertura social y desigualdad entre autónomos de distinto rendimiento. Si algunos grupos salen perjudicados, corresponde corregir el diseño y no esconder los resultados.
Mi propósito no es imponer una cifra como dogma. Es defender un sistema de cotización sencillo que permita trabajar con previsibilidad y que no olvide a quienes más necesitan protección. Una cuota conocida de antemano puede ayudar mucho, siempre que la justicia de la norma se mida también por lo que ocurre en sus márgenes.
Debemos recordar también que cualquier sistema simplificado ha de resultar compatible con el principio de contributividad de la Seguridad Social. Cuando alguien cotiza durante décadas, sus expectativas de protección no pueden alterarse sin explicaciones ni una transición justa. Quiero que cada autónomo entienda qué cobertura corresponde a su aportación y qué garantías se financian solidariamente desde el conjunto del sistema. No hay libertad real en aceptar una cuota sin comprender su efecto a largo plazo. Por eso incorporaría evaluaciones periódicas, simuladores públicos y un informe de sostenibilidad accesible antes de aprobar la ley. Si la reforma demostrara que protege la actividad sin deteriorar prestaciones, tendríamos una base sólida para ampliarla. Si no, habría que modificarla. El respeto a los ciudadanos exige defender las ideas con convicción, pero también someterlas a la prueba de los resultados.