Hay decisiones fiscales que parecen simples cuando se resumen en un porcentaje. Yo prefiero analizarlas desde sus efectos sobre personas, empresas y servicios públicos. La competencia fiscal solo tiene sentido si logra transformar inversión en prosperidad verificable. En mi Propuesta Nacional nº 1 he defendido una arquitectura coordinada: el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades y el tratamiento de determinados dividendos deben estudiarse juntos, no como tres piezas inconexas. Mis convicciones liberales no me autorizan a prometer resultados que todavía no están demostrados. Por eso considero imprescindible comparar el efecto inmediato sobre la recaudación con los cambios de comportamiento que podrían aparecer después.
El impuesto también decide dónde invertir
Cuando una empresa obtiene beneficios, puede contratar, modernizar sus instalaciones, amortizar deuda o repartir ganancias. El impuesto sobre esos beneficios participa de cada decisión. Mi propuesta de establecer un tipo del 10 % en Sociedades pretende mejorar el rendimiento de nuevos proyectos en España. No afirmo que toda empresa invertirá el ahorro fiscal: una parte puede permanecer en tesorería, remunerar al socio o dirigirse al exterior. La pregunta decisiva es qué condiciones permiten que la rebaja llegue a la economía productiva. Reducir el tipo nominal sin estudiar los tipos efectivos, las deducciones y las bases fiscales ofrecería un diagnóstico incompleto.
Una reforma coordinada
En mi estudio IRPF 10 el Impuesto sobre Sociedades no aparece como una medida aislada. Se relaciona con el IRPF, la tributación de los dividendos y los incentivos a declarar actividad. El tipo general español de referencia es el 25 %, aunque existen regímenes y tipos distintos; por ello no sería riguroso afirmar que todas las sociedades pasarían exactamente de pagar un 25 % efectivo a pagar un 10 %. Un diseño legislativo responsable debería especificar qué sucede con pequeñas empresas, grupos internacionales, entidades financieras y regímenes especiales. Asimismo, habría que armonizar la propuesta con las obligaciones internacionales aplicables, incluida la tributación mínima de determinados grandes grupos.
El presupuesto merece una respuesta
El documento toma como referencia los 39.096 millones de euros ingresados por Sociedades en 2024. Esa cifra sirve para dimensionar el debate, no para calcular una pérdida mecánica multiplicando por una fracción de los tipos nominales. La base imponible cambia, y los ingresos fiscales también dependen de pagos fraccionados, compensaciones y resultados empresariales. Yo exigiría una memoria fiscal desagregada y escenarios de actividad antes de aprobar una reforma de esta magnitud. Un ahorro fiscal real para las empresas puede ser valioso, pero no autoriza a comprometer la financiación sanitaria o educativa sobre una recaudación futura hipotética.
Competitividad con responsabilidad
Un país resulta atractivo también por su seguridad jurídica, calidad de las infraestructuras, talento y funcionamiento de los tribunales. Si el sistema administrativo sigue siendo imprevisible, el tipo del 10 % no resolverá por sí solo esos obstáculos. Mi liberalismo con alma exige evaluar dos indicadores simultáneamente: nueva actividad económica generada y calidad de vida que esa actividad hace posible. Me interesa atraer inversión que genere empleo estable, innovación y oportunidades, no organizar una competición de cifras sin retorno social. La propuesta debe someterse a evaluación, con mecanismos de corrección si no alcanza sus objetivos.
Consecuencias que conviene anticipar
En este debate también importa recordar que los ingresos por Sociedades fluctúan con el ciclo. Una empresa rentable puede pagar más impuestos incluso sin cambiar el tipo, mientras que una actividad en pérdidas puede no tributar por beneficio. Por ello, comparar ejercicios sin ajustar por inflación, coyuntura y bases imponibles puede inducir a errores. El análisis debe proyectarse durante varios años, no solo en el presupuesto inmediatamente posterior a la aprobación. Quiero saber cuánto cuesta el alivio inicial, cuánto empleo adicional se genera y qué parte de la respuesta económica puede atribuirse realmente a las medidas adoptadas.
Además, las pymes no deciden únicamente según los impuestos sobre beneficios: para crecer necesitan clientes, financiación, seguridad contractual y personal cualificado. Un tipo reducido podría mejorar sus cuentas sin resolver un conflicto judicial lento o una licencia bloqueada. Eso explica por qué concibo la reforma fiscal como una pieza de un programa más amplio de simplificación administrativa y servicios excelentes. Sus objetivos merecen ser ambiciosos; sus resultados, medibles y revisables.
La prueba decisiva
La memoria económica debería separar el coste de la reforma por clases de empresa y determinar qué sectores responden al incentivo. También estudiaría su relación con las bases autonómicas y la financiación de los servicios transferidos. Sin una distribución temporal de los posibles impactos, el beneficio de una inversión futura puede ocultar un déficit inmediato.
La mejor defensa de una propuesta económica no es negar sus riesgos, sino definir cómo sabremos si está funcionando. Me gustaría que España pudiera discutir reformas profundas sin convertir cada cifra en una trinchera. Quiero empresas fuertes, ciudadanos con autonomía y unos servicios públicos que respondan cuando se los necesita. Si los resultados confirman los efectos positivos, habrá razones para perseverar; si las evidencias contradicen nuestras hipótesis, tendremos la obligación de rectificar. Eso es para mí gobernar con responsabilidad: libertad para crear y humanidad para decidir a quién debe beneficiar el progreso.