La pregunta que me hago es sencilla: ¿qué peligro concreto evitamos cuando obligamos a una actividad de riesgo reducido a esperar una autorización previa? Hay casos en los que la licencia protege salud, seguridad o medio ambiente y debe mantenerse. Pero también hay procedimientos en los que el control posterior puede alcanzar el mismo objetivo con menos coste y demora. Mi propuesta plantea convertir la declaración responsable en la vía ordinaria para aquellos supuestos donde la ley y la evidencia permitan hacerlo. No busco crear negocios sin reglas; busco reglas comprensibles y proporcionadas.
España ya conoce este instrumento. La Ley 12/2012 sustituyó determinados controles previos por declaraciones responsables en ciertos comercios y servicios. Por eso sería incorrecto presentar el mecanismo como un invento mío o afirmar que hoy todos los negocios necesitan licencia de apertura clásica. Quiero ampliar su utilización de manera fundamentada, mediante una revisión actividad por actividad. Para ello exigiría justificar qué riesgo se pretende evitar, con qué probabilidad puede materializarse y por qué una inspección posterior sería insuficiente.
Confiar primero y comprobar mejor
Una declaración responsable no es un papel mágico: quien la firma manifiesta que cumple los requisitos, dispone de la documentación que resulte exigible y mantendrá esas condiciones. Esa responsabilidad tiene consecuencias. La Administración debe facilitar una guía clara que permita saber qué significa cumplir, en vez de esconder obligaciones técnicas en una cadena de normas contradictorias. También debe organizar controles efectivos según riesgo, antecedentes y señales de incumplimiento. Una inspección inteligente puede ofrecer más seguridad que una carpeta de autorizaciones que nadie revisa después.
Pienso en el pequeño comercio que reformula su oferta o en el profesional que inicia un servicio de bajo riesgo. Si la intervención previa no resulta necesaria, obligarle a pagar alquiler durante semanas antes de empezar no protege al consumidor; solo encarece el emprendimiento. En cambio, ciertas obras estructurales, instalaciones industriales, actividades sanitarias o actuaciones con afección ambiental requieren cautelas reforzadas. Mi planteamiento no pretende suprimir esa diferencia: la convierte en el centro de la decisión.
Para evitar abusos publicaría criterios objetivos de inspección, sin divulgar datos que faciliten eludir controles. La falsedad deliberada debe perseguirse, pero también el error formal corregible merece un tratamiento distinto. No quiero que una pequeña empresa cierre por una casilla equivocada mientras un incumplimiento material grave recibe atención tardía. La proporcionalidad debe funcionar en ambos sentidos: menos barreras al cumplidor, respuestas claras al infractor y más recursos para aquello que realmente pone en peligro a las personas.
El éxito no se mediría solo por licencias suprimidas. Evaluaría plazos, inspecciones realizadas, infracciones detectadas, reclamaciones de usuarios y seguridad efectiva. Si tras sustituir una licencia aumenta un riesgo relevante, habrá que ajustar la regulación. Lo liberal, para mí, no consiste en dejar de mirar; consiste en respetar la iniciativa personal y utilizar el poder público donde aporta valor. Confianza inicial y control posterior son compatibles cuando el diseño institucional está bien hecho.
El valor de cumplir
Me preocuparía que un buen objetivo terminara aumentando la inseguridad de quienes hacen las cosas bien. Para evitarlo, los requisitos publicados deberían ser estables, las interpretaciones administrativas coherentes y las correcciones proporcionales a cada incumplimiento. La inspección posterior requiere personal formado y acceso a información fiable; no puede sustituirse por multas automáticas indiscriminadas. A la vez, las empresas deben conservar pruebas de cumplimiento cuando la ley lo exija. La confianza inicial no es inmunidad frente a responsabilidades. Creo que un sistema que combina reglas claras y sanción efectiva de las falsedades genera competencia más sana que otro donde todos esperan semanas y los incumplimientos realmente peligrosos apenas se detectan.
Una transición hacia controles posteriores exige una cláusula de evaluación real. Si se detecta que una categoría de actividad produce más incidencias de seguridad, revisaría los requisitos y, cuando proceda, recuperaría una comprobación previa proporcionada. No me parece una derrota: sería utilizar los datos para proteger mejor. También documentaría los supuestos en los que los incumplimientos proceden de reglas poco claras, porque la sanción no debe sustituir la obligación pública de explicar. El cumplimiento mejora cuando las condiciones son conocidas y quienes inspeccionan aplican criterios coherentes. La seguridad merece evidencia, no dogmas.
El sistema puede reducir una injusticia silenciosa: quien se toma en serio las normas termina financiando costes de espera que otros evitan de forma irregular. Si conseguimos que iniciar legalmente una actividad sencilla sea rápido, habrá menos incentivos a operar al margen. Para conseguirlo hace falta coordinar inspección, asesoramiento y vías de regularización, respetando siempre las competencias. El objetivo no es coleccionar más expedientes sancionadores, sino tener más negocios cumpliendo y mejores protecciones para trabajadores y clientes. Un buen control debe cambiar conductas, no limitarse a producir papeles.
Estas son mis reflexiones personales a partir de mi Propuesta Nacional nº 7 sobre simplificación administrativa y segunda oportunidad. Son reformas que propongo, no medidas ya aprobadas.