Imaginar el sistema tributario como una caja con compartimentos aislados conduce a errores. En una economía, el ingreso de un trabajador puede convertirse en consumo, ahorro o inversión; el beneficio de una sociedad puede quedarse dentro de ella o distribuirse; una actividad antes informal puede comenzar a facturar. Cada decisión modifica potencialmente varias bases fiscales. Esa interacción explica por qué mi estudio propone analizar IRPF, Sociedades y dividendos como una arquitectura común.
La fotografía histórica ayuda a entender las proporciones. Según la Agencia Tributaria, en 2024 el IRPF aportó 129.408 millones de euros, el IVA 90.541 millones y Sociedades 39.096 millones. El total de ingresos tributarios gestionados por la AEAT fue de 294.734 millones. Son cifras de recaudación observada bajo el sistema entonces vigente, no un modelo que pueda trasladarse sin cambios a una reforma radical.
El efecto de una rebaja fiscal atraviesa varias decisiones. Una familia con más renta disponible puede comprar bienes sujetos a IVA. Un negocio con mejores perspectivas puede invertir, contratar o declarar mayor actividad. Un socio podría distribuir beneficios antes retenidos. Sin embargo, hay límites: existen tipos de IVA distintos, consumo exento, importaciones, ahorro, costes empresariales y efectos de sustitución. Por eso el dinero liberado no puede multiplicarse por un porcentaje de IVA estándar para fabricar una recaudación futura.
La propuesta de reducir Sociedades al 10 % forma parte del mismo razonamiento, pero introduce una pérdida directa potencial adicional respecto del sistema vigente. Cualquier efecto de atracción empresarial debe compararse con ese coste inicial. Tampoco todo capital que llega a una jurisdicción genera actividad productiva equivalente: algunas estructuras son principalmente financieras o administrativas. Un análisis serio debe distinguir establecimientos reales, empleo, inversión física y desplazamiento de beneficios contables.
Los dividendos presentan otro problema de coordinación. Mi propuesta plantea una exención personal para dividendos de sociedades limitadas procedentes de beneficios ya gravados y mantiene la tributación de los dividendos de sociedades anónimas. El objetivo económico es facilitar circulación de capital en determinados negocios. La dificultad jurídica y fiscal radica en prevenir remuneraciones ficticias, arbitrajes entre formas societarias y diferencias difíciles de justificar. Todo ello requiere reglas antiabuso y un examen de neutralidad.
El cumplimiento también afecta a distintas figuras. Una actividad formalizada puede emitir facturas con IVA, registrar costes, aportar cotizaciones y declarar resultados. Pero el tratamiento depende de la naturaleza real de la operación. No toda la economía sumergida es base potencial de IRPF y no toda operación oculta genera IVA adicional por el mismo importe.
Por eso propongo modelos integrados con varios escenarios: recaudación directa y pérdida estática, cambios estimados de conducta, respuesta de consumo e inversión, formalización, financiación autonómica y costes administrativos. No necesitaríamos una sola cifra seductora, sino un conjunto transparente de hipótesis con márgenes de incertidumbre y sensibilidad a cada supuesto.
Para comprender los efectos cruzados conviene seguir una operación concreta. Pensemos en una pequeña empresa que contrata un servicio adicional gracias a mayor liquidez. El proveedor factura, contabiliza gastos, obtiene ingresos, puede emplear personal y paga los impuestos que correspondan. Parte de esa actividad puede sustituir otras compras, y parte puede ser genuinamente nueva. El modelo necesita separar ambas cosas. Si contamos como ingreso adicional toda transacción que simplemente se desplaza, estaríamos multiplicando artificialmente los beneficios fiscales.
Otra dificultad es la interacción con las comunidades autónomas. Los impuestos compartidos, las transferencias y los gastos descentralizados forman una red financiera compleja. Un diseño aparentemente eficiente desde la contabilidad central puede producir tensiones para quienes financian hospitales y colegios. Por eso defiendo una evaluación de conjunto que no reduzca a una cifra única la sostenibilidad de todo el sistema. La coordinación territorial debe estar en el núcleo de la reforma, no añadirse al final como un problema secundario.
Me interesa una fiscalidad que favorezca prosperidad y cumplimiento, pero también un Estado capaz de financiar aquello que debe garantizar. La manera de compatibilizar esos fines no es ignorar el IRPF, ni mirarlo exclusivamente: es comprender el sistema fiscal como un conjunto de vasos comunicantes, con efectos cruzados que debemos medir antes de legislar.