En vísperas de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, considero necesario hablar de fiscalidad y sector público sin refugiarse en consignas. La conversación fiscal merece ir más allá del enfrentamiento entre subir y bajar impuestos. Me interesa lo que sucede cuando termina la rueda de prensa: cuando alguien regresa a casa, hace cuentas y trata de organizar su futuro. La política tendría que empezar ahí, en las consecuencias concretas de sus decisiones, y no en la competición por pronunciar la frase más sonora.
La pregunta que importa
Cada euro que entrega el ciudadano a las administraciones representa una parte de su trabajo y de su tiempo. Por eso considero legítimo preguntar qué obtiene a cambio. No es una crítica automática a la existencia de impuestos: sin recursos comunes no podríamos sostener derechos y servicios esenciales. Es una exigencia de calidad institucional. Si una prestación falla, el debate debe incluir no solo cuánto dinero falta, sino cómo se organiza y se evalúa el gasto.
Impuestos distintos, efectos distintos
No todos los tributos recaen sobre las mismas personas ni alteran del mismo modo la actividad económica. Comparar un tipo de gravamen aislado con otro sin contemplar bases imponibles, deducciones y hechos imponibles lleva a conclusiones engañosas. Defiendo una fiscalidad comprensible, equitativa y estable, capaz de recaudar sin penalizar innecesariamente al trabajo productivo. La simplificación administrativa puede ser una reforma tan valiosa como un cambio en los tipos.
Medir lo que funciona
Me gustaría conocer el coste real por trámite, por intervención sanitaria, por plaza educativa y por obra pública terminada. No para transformar toda la vida en una hoja de cálculo, sino para proteger precisamente aquello que más importa. Cuando una administración identifica duplicidades o contratos ineficientes, libera recursos para cuidar mejor a las personas. Publicar indicadores comparables y auditorías inteligibles reforzaría la confianza.
La obligación de devolver valor
El ciudadano no necesita escuchar que el gasto aumenta si después no consigue una cita, una respuesta o un servicio en plazo razonable. Quiero que la discusión tributaria vuelva al terreno de la responsabilidad: quién paga, cuánto, por qué y qué resultado obtiene la sociedad. Esa rendición de cuentas debería importar a todas las ideologías.
La calidad de un impuesto no acaba en su recaudación
No toda carga fiscal puede reducirse a una comparación de tipos nominales. El IRPF es progresivo, las cotizaciones financian prestaciones y el IVA afecta al consumo; además existen reglas especiales y deducciones. Mi objeción no es que todo tributo sea ilegítimo, sino que el esfuerzo exigido a la población debe encontrar una respuesta visible y proporcional en los servicios. Cuando un autónomo cumple sus obligaciones y después dedica mañanas enteras a resolver un trámite, está pagando un segundo impuesto en tiempo perdido. Ese coste casi nunca aparece en los balances que se utilizan para presumir de eficiencia.
Presupuestos que se puedan auditar
Pediría a las administraciones que publiquen indicadores claros por servicio: gasto por proceso, plazos, satisfacción del usuario y resultados comparables, teniendo en cuenta las diferentes necesidades de cada territorio. Medir no significa convertir la sanidad o la enseñanza en una fábrica: significa averiguar dónde faltan profesionales, cuándo una compra se encarece y por qué una obra se retrasa. También hay que combatir el fraude, revisar beneficios fiscales y evitar prometer bajadas de impuestos sin explicar qué gasto se modifica. La justicia fiscal exige transparencia tanto al cobrar como al gastar.
Una auditoría inteligible para quien paga
La transparencia útil no consiste en colgar miles de páginas que nadie puede interpretar. Cada administración debería permitir seguir una partida desde su aprobación hasta la prestación efectiva: qué necesidad se identificó, qué contrato se adjudicó, qué se entregó, cuánto costó y cómo se evaluó. Los indicadores de gasto necesitan contexto, porque atender a una población rural dispersa no equivale a gestionar un barrio urbano. La comparabilidad no debe convertirse en una excusa para penalizar a quien atiende casos más difíciles. Pero sí debe servir para detectar esperas evitables, duplicidades y compras ineficientes. Si un procedimiento exige diez documentos que ya obran en poder de la administración, el coste administrativo recae sobre el ciudadano aunque no aparezca como impuesto. Para mí, una reforma fiscal sin reforma de la gestión sería una respuesta incompleta.
También me preocupa que el debate fiscal enfrente a quienes reciben servicios con quienes contribuyen a financiarlos. En una sociedad todos ocupamos ambos lugares a lo largo de la vida. Precisamente por eso exijo que cada euro público tenga una explicación y que las cargas sean razonables, equitativas y fáciles de entender.
No pido soluciones milagrosas ni una sociedad donde todos pensemos igual. Pido honestidad para reconocer los problemas, capacidad para elegir prioridades y valentía para rectificar cuando una política no produce el resultado prometido. La dignidad no debería ser una palabra reservada a los discursos: debe estar presente en la forma de gestionar y rendir cuentas. Esa es la exigencia que mantendré antes de las urnas y, sobre todo, después de ellas.
Quisiera que esta reflexión se examine en sus méritos y en sus límites, no por la identidad de quien la expresa. La mejor prueba de una propuesta es su utilidad real, su respeto a los derechos de los demás y la posibilidad de corregirla cuando la experiencia contradice una buena intención.
La confianza fiscal se deteriora cuando la norma cambia sin explicaciones y la administración sanciona errores formales desproporcionados. La seguridad jurídica también es un servicio público. Propongo criterios claros, respuestas vinculantes cuando corresponda y un esfuerzo pedagógico de simplificación. La transparencia de los contratos y la fiscalización son complementos esenciales: recaudar de forma justa pierde legitimidad cuando el gasto se oculta tras indicadores imposibles de interpretar.