Espero mucho de las instituciones públicas: que protejan nuestros derechos, garanticen seguridad jurídica y ofrezcan servicios esenciales con calidad. Precisamente por la importancia de esas tareas me preocupa la tentación de convertir la protección en control permanente. Un Estado puede ser indispensable sin reclamar obediencia ciega, conocer cada detalle de nuestra vida o decidir por nosotros asuntos que pertenecen a nuestra conciencia.
La legitimidad institucional no procede de que una administración se considere bondadosa, sino de que actúe dentro de la ley y responda ante la ciudadanía. Las reglas deben poder discutirse, los actos administrativos deben motivarse y las decisiones deben someterse a revisión. Quiero una administración que explique sus errores y los corrija, no una que los oculte detrás de expedientes incomprensibles.
Cuando una persona solicita una ayuda, una licencia o una cita sanitaria, no está pidiendo un favor personal al gobernante. Está ejerciendo derechos o accediendo a procedimientos establecidos democráticamente. Eso impone deberes a ambas partes: honestidad por parte del ciudadano y diligencia, respeto e imparcialidad por parte de la institución. La cortesía administrativa no es un lujo; es una manera concreta de reconocer la igualdad jurídica.
También debemos hablar de los límites legítimos de la libertad individual. La protección de terceros, la salud pública o la prevención del fraude pueden justificar restricciones proporcionadas, siempre sujetas a control y con garantías. Mi crítica no consiste en negar cualquier norma. Consiste en exigir que la autoridad explique por qué una intervención es necesaria, qué alternativas menos invasivas consideró y cuándo revisará sus efectos.
La digitalización pone a prueba esta frontera. Una administración que facilita trámites en línea puede ahorrar tiempo y recursos, pero también excluir a quienes no dominan la tecnología. La solución no es detener la innovación; es diseñarla con alternativas accesibles y garantías de privacidad. Si se recolectan datos personales, el ciudadano debe conocer para qué se utilizan y qué derechos tiene. La eficacia tecnológica merece confianza cuando viene acompañada de control democrático y posibilidad real de reclamación.
Quisiera también que las leyes incluyeran mecanismos de revisión. Una norma aprobada para resolver una emergencia puede permanecer mucho después de que hayan cambiado las circunstancias. Evaluar su proporcionalidad, sus resultados y los riesgos de abuso es una obligación continuada. La libertad requiere instituciones sólidas, pero también ciudadanos dispuestos a participar, asociaciones capaces de fiscalizar y tribunales independientes. La protección de nuestros derechos no debería depender de la buena voluntad del gobernante de turno.
Mi ideal es un Estado fuerte en lo que debe hacer y contenido en lo que no le corresponde. Que sea eficaz sin volverse paternalista, transparente sin invadir la intimidad y protector sin exigir gratitud política. Quiero ciudadanos capaces de exigir cuentas y, al mismo tiempo, conscientes de sus responsabilidades. La función del poder público debe ser hacer posible nuestra libertad, nunca sustituirla por una dependencia permanente.