En economía, un sistema tributario no puede evaluarse exclusivamente por cuánto recauda. Debe evaluarse también por lo que permite construir: servicios públicos solventes, inversión productiva, cohesión social y confianza entre quienes contribuyen.
Para mí, el esfuerzo no es solo una cifra en una declaración. Es el riesgo asumido por quien abre un negocio, la constancia de quien trabaja por cuenta ajena y las responsabilidades de una familia que sostiene a otras generaciones. Quiero que las instituciones reconozcan esa diversidad sin renunciar a la progresividad ni a la solidaridad.
La equidad exige distinguir entre situaciones diferentes: no tiene la misma capacidad de pago quien obtiene ingresos estables que quien factura de manera irregular y debe anticipar gastos. Pero cualquier deducción o régimen especial también debe someterse a pruebas: quién lo disfruta, cuánto cuesta y qué resultado produce.
Propongo simplificar obligaciones, reducir costes administrativos desproporcionados y evaluar periódicamente los beneficios fiscales. Las reducciones impositivas, cuando se planteen, deben financiarse responsablemente y explicarse junto a sus consecuencias presupuestarias. Defender servicios públicos de calidad sin contabilizar su coste sería una promesa incompleta.
No imagino una sociedad mejor enfrentando a contribuyentes entre sí. La imagino donde la ciudadanía conoce el destino de sus impuestos y percibe que las reglas ayudan a trabajar, invertir y vivir con dignidad.