Una promesa puede resultar atractiva y una inauguración puede ofrecer una buena fotografía. Pero ni la promesa ni la fotografía nos dicen si una política ha mejorado la vida de las personas. Por eso insisto en una idea sencilla: gastar dinero público exige demostrar qué se obtiene con él.
No se trata de transformar toda la acción pública en una hoja de cálculo. Hay efectos humanos difíciles de cuantificar: la tranquilidad de una familia, la confianza de una persona mayor, la dignidad de quien es atendido sin humillación. Precisamente por eso debemos combinar indicadores objetivos con la experiencia de quienes utilizan los servicios.
Si una administración anuncia una inversión sanitaria, preguntaría por la evolución de las esperas, la continuidad de la atención y la satisfacción de los pacientes, además de sus costes. Si anuncia vivienda, examinaría a quién llega, cuánto tiempo tarda y si permite acceder a un hogar estable. Sin esas preguntas, la rendición de cuentas corre el riesgo de convertirse en publicidad.
También reconozco límites importantes: un alcalde no controla todos los factores económicos, un hospital no decide por sí solo cuántos profesionales están disponibles y una medida puede tardar años en producir efectos. Evaluar con justicia implica explicitar esas condiciones y evitar atribuir a un responsable logros o fracasos que no le corresponden.
Mi propuesta es una rendición de cuentas periódica, pública y comprensible, con objetivos iniciales, avances, errores y rectificaciones. No pido perfección; pido honestidad institucional. El ciudadano debería poder responder a una pregunta fundamental: ¿estamos mejor que antes y qué evidencia tenemos?
España dispone de mecanismos de control institucional y de transparencia; no sería preciso fingir que empezamos desde cero. Mi reflexión es que una obligación formal no siempre se traduce en comprensión ciudadana. Publicar miles de páginas de contratación o presupuestos puede satisfacer una exigencia documental y, sin embargo, resultar ininteligible para la mayoría. Sería razonable acompañar esa información con explicaciones legibles, indicadores estables y comparaciones honestas a lo largo del tiempo.
Tampoco todos los resultados pueden atribuirse sin más a un gobernante. La economía depende de factores internacionales; la salud pública está condicionada por la edad, los recursos y múltiples determinantes; una obra puede retrasarse por circunstancias justificadas. Exigir cuentas no significa buscar culpables automáticos. Significa describir qué parte de la responsabilidad corresponde a cada institución, identificar las dificultades y comunicar las decisiones tomadas para superarlas.
Si se midiera únicamente cuántas actuaciones anuncia una administración, aparecería el incentivo a anunciar cada vez más. Preferiría observar efectos: trámites resueltos a tiempo, reducción de barreras, satisfacción de usuarios, continuidad del mantenimiento y distribución territorial de los beneficios. Incluso estos indicadores pueden manipularse si se presentan aislados, por lo que deben someterse a revisión independiente. La buena política necesita tolerar la incomodidad de la evidencia.