Hay empresas que no contratan porque no tienen demanda suficiente. Otras no lo hacen porque desconocen cuánto durará un encargo, temen comprometer costes que no podrán sostener o encuentran demasiado complejo incorporar ayuda. La política económica debe distinguir estas causas si quiere producir resultados. En mi propuesta sobre microempresas planteo reducir determinadas barreras a la colaboración profesional, sin prometer que cada reforma se convertirá automáticamente en un nuevo puesto de trabajo.
El objetivo es permitir que empresas de hasta cinco asalariados puedan recurrir, bajo condiciones precisas, a colaboradores autónomos reales. La modalidad exigiría contrato escrito y protecciones concretas. En negocios de pequeño tamaño, una ayuda puntual o especializada puede contribuir a aceptar más encargos, atender mejor al cliente y ampliar actividad. Ese potencial merece estudio.
Sin embargo, nunca confundiría la contratación formal de un colaborador con creación neta de empleo. Podría tratarse de actividad que antes realizaba otra persona, de una sustitución contractual o de un trabajo que ya existía en la economía informal. Lo importante es saber qué cambia realmente después de la reforma.
Cómo funcionaría la reforma
Mi documento incluye escenarios ilustrativos para dimensionar el efecto potencial, pero advierte expresamente que no son previsiones de creación neta. Esa distinción es decisiva. Si una política facilita nuevas relaciones profesionales, hay que preguntar cuánto empleo adicional genera, cuánto empleo asalariado desplaza y qué ocurre con la remuneración y la protección social.
Una evaluación rigurosa debería seguir al menos cuatro variables: supervivencia de las microempresas, evolución del empleo total, diferencias salariales y recaudación efectiva. También debería controlar el ciclo económico, porque una mejora general de la actividad puede crear empleo aunque la reforma no tenga efecto causal relevante. Comparar territorios, sectores y empresas de características similares ayudaría a aproximarse a esa respuesta.
Hay, además, un riesgo de diseño: si el nuevo régimen resulta excesivamente atractivo solo por sus costes, algunas empresas podrían sustituir puestos asalariados por contratos mercantiles que no responden a autonomía real. Por eso propongo salvaguardas específicas y evaluación continuada, no una liberalización sin reglas.
Un negocio pequeño también puede enfrentar una barrera psicológica a la contratación. La primera incorporación implica responsabilidad hacia otra persona y temor a fallar en los pagos cuando baje la demanda. Las reglas claras pueden reducir parte de esa inseguridad, pero no sustituyen una cartera real de clientes. Por ello, combinaría la simplificación con información empresarial, asesoramiento y formación práctica sobre obligaciones contractuales. Una empresa que entiende lo que contrata tiene más posibilidades de sostener esa decisión.
Los posibles efectos indirectos merecen tanta atención como los inmediatos. Si una pequeña firma logra asumir más pedidos, puede comprar más suministros, ampliar horarios o mejorar su presencia en el mercado. Pero también podría desplazar ventas de negocios vecinos; no todo aumento de actividad individual es crecimiento agregado. Por eso debemos evitar sumar resultados parciales como si fueran automáticamente riqueza nacional nueva. La evaluación económica debe comprobar cuánto valor adicional se crea realmente.
También protegería el acceso a la información de quienes aceptan colaborar. Nadie debería firmar una relación mercantil sin comprender qué prestaciones le corresponden, cómo tributa, qué gastos asume y qué derechos tiene ante la terminación. La buena política laboral permite tomar decisiones informadas. No basta con que una empresa pueda contratar con menos fricción: también importa que cada persona sepa con claridad qué está aceptando.
Los resultados que quiero comprobar
Para mí, facilitar la contratación significa reducir incertidumbre allí donde existen oportunidades reales, no eliminar derechos laborales. Una microempresa necesita poder adaptarse; un profesional necesita seguridad y remuneración justa. Si únicamente atendemos a uno de los lados, terminaremos creando un desequilibrio que la sociedad pagará después.
Mi idea de economía con alma exige que el aumento de actividad se traduzca en trabajo digno y negocios viables. No me interesa una cifra espectacular de contratos si esconde menos estabilidad, peores condiciones o recaudación insuficiente para sostener las prestaciones.
Podemos crear mejores condiciones para que nazca empleo, pero debemos medirlo antes de celebrar resultados. El éxito no sería que aumentara la cantidad de figuras contractuales disponibles, sino que más personas encuentren un trabajo productivo, correctamente remunerado y compatible con una vida digna.
Me gustaría que esa evaluación incluyera también la calidad y duración del empleo. Un puesto que desaparece a las pocas semanas no tiene el mismo valor económico y social que uno estable. Tampoco una nueva alta empresarial significa necesariamente que se haya creado una actividad nueva: en ocasiones puede proceder de reorganizaciones o de un cambio de forma jurídica. Los indicadores deben permitir distinguir ambas situaciones y detectar sustituciones. Si la política no produce el empleo esperado, debemos explicarlo, no esconderlo tras porcentajes. La actividad económica responde a muchas variables: demanda, inversión, costes energéticos, crédito y confianza. Reducir una barrera puede ayudar, pero no reemplaza esas condiciones. Quiero una política que deje margen para emprender, mantenga garantías y mida sus éxitos con la misma seriedad con que reconoce sus límites.