Para mí, hablar de pensiones es hablar de personas que han contribuido durante décadas y necesitan seguridad cuando dejan de trabajar. También es hablar de jóvenes que deben confiar en que el compromiso colectivo seguirá existiendo cuando les llegue su turno.
La discusión pública a menudo oscila entre promesas de protección absoluta y advertencias alarmistas. Yo prefiero empezar por preguntas comprobables: cómo evolucionarán la población activa y el número de pensionistas, qué salarios y cotizaciones financiarán el sistema y qué parte deberá respaldarse con ingresos generales.
No todo se resuelve ajustando una sola variable. La productividad, la participación laboral, el empleo de calidad, la inmigración, la edad efectiva de jubilación y las carreras de cotización también afectan al equilibrio. Cada propuesta ha de acompañarse de simulaciones transparentes y explicar a quién afecta.
Considero imprescindible garantizar prestaciones suficientes, prestar atención a pensiones bajas y reconocer trayectorias laborales interrumpidas por cuidados. Al mismo tiempo, ocultar los costes a largo plazo no sería responsable con nuestros hijos.
Defiendo un acuerdo duradero basado en datos públicos, evaluación independiente y reglas comprensibles. La dignidad de los mayores y la sostenibilidad del sistema no son objetivos enemigos: deben pensarse juntos.