En vísperas de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, considero necesario hablar de economía y elecciones sin refugiarse en consignas. La economía puede avanzar mientras demasiados hogares sienten que su vida retrocede. Me interesa lo que sucede cuando termina la rueda de prensa: cuando alguien regresa a casa, hace cuentas y trata de organizar su futuro. La política tendría que empezar ahí, en las consecuencias concretas de sus decisiones, y no en la competición por pronunciar la frase más sonora.
La cifra y la vida
El Banco de España ha revisado al alza su previsión de crecimiento para 2026, pero también advierte de un escenario de inflación elevada. Es una combinación que obliga a formular una pregunta incómoda: ¿de qué sirve celebrar el aumento del producto interior bruto si un trabajador no puede pagar con tranquilidad el alquiler, la compra y la electricidad? No niego la importancia del crecimiento. Sería absurdo hacerlo. Defiendo, precisamente, que se crezca más y mejor. Lo que rechazo es convertir una estadística agregada en la prueba automática de que todos vivimos mejor.
El indicador que falta
Yo mediría la prosperidad también por el dinero disponible después de cubrir necesidades esenciales. La cesta de la compra, los gastos de crianza, el transporte y la vivienda no afectan de igual manera a una familia que a una gran empresa. Un gobierno responsable debería explicar cuánto ha mejorado el bienestar mediano, qué territorios se quedan atrás y qué generaciones están pagando el mayor precio por la escasez de oportunidades.
No basta con repartir titulares
Las ayudas pueden evitar daños inmediatos y deben llegar a quienes realmente las necesitan. Sin embargo, no sustituyen una política que eleve salarios reales mediante productividad, competencia, formación y más oferta de bienes y servicios. Cuando el coste de vivir sube de forma persistente, cualquier anuncio extraordinario se queda corto. Hay que reducir obstáculos a quien produce, proteger a quien está en situación vulnerable y evaluar qué políticas entregan resultados comprobables.
Mi criterio para el 29N
No voy a medir a Pedro Sánchez ni a sus adversarios por el volumen de sus aplausos. Me interesa saber si presentan objetivos verificables de vivienda, renta disponible, atención sanitaria y estabilidad presupuestaria. La política que merece España no confunde el dato favorable con la realidad completa; reconoce el progreso donde existe y atiende con humildad a quienes todavía no lo perciben.
La diferencia entre PIB y vida cotidiana
El indicador de crecimiento económico no mide por sí solo cómo se distribuyen sus frutos. Puede aumentar la producción de un país mientras el coste del alquiler, la energía y los alimentos absorbe buena parte de los ingresos de determinados hogares. El dato final del INE de septiembre sitúa la inflación interanual en el 4,9%, una señal suficientemente seria para mirar más allá de la celebración de las magnitudes agregadas. No se trata de negar los avances en empleo o actividad, sino de preguntar quién puede ahorrar, cambiar de vivienda o asumir un gasto imprevisto después de cobrar su nómina. Me parece más exigente y más útil juzgar cualquier gobierno por esta última pregunta.
Qué exigiría al presidente
A Pedro Sánchez le pediría una evaluación pública de resultados que conecte los presupuestos con la experiencia del ciudadano: renta disponible real por tipos de hogar, tiempo para conseguir atención sanitaria, carga administrativa del pequeño negocio, acceso a alquiler y formación profesional. Publicar una cifra favorable no debería impedir reconocer un problema persistente. También le exigiría explicar los costes de oportunidad de cada promesa: financiar una medida significa dejar de financiar otra, endeudarse o recaudar más. La credibilidad democrática se construye aceptando esa conversación, incluso cuando incomoda al propio Gobierno.
Un examen más justo para el Gobierno
El dato oficial de septiembre de 2026 fija el IPC interanual en el 4,9 %, según el INE. No significa que todos los precios hayan aumentado lo mismo, ni que todos los hogares afronten la misma pérdida de poder de compra. Las familias que dependen del coche, viven de alquiler o destinan casi todos sus ingresos a necesidades básicas tienen exposiciones diferentes. Por eso pediría publicar junto al crecimiento del PIB indicadores de renta disponible por nivel de ingresos y territorio. También importa conocer cuánto tardan los proyectos de vivienda en obtener licencia, cuánto cuesta mantener una actividad económica y cuántas personas renuncian a una prestación por la complejidad de solicitarla. Esas medidas ayudan a evitar dos errores simétricos: negar que haya crecimiento y concluir que ese crecimiento, por sí solo, ya es suficiente.
Una economía debería permitir una vida previsible, no solo ofrecer buenos titulares. Yo contrastaría cualquier balance gubernamental con el precio de una cesta semanal, el tiempo de espera para una cita y la posibilidad de un joven de alquilar cerca de su trabajo. No son impresiones aisladas si se convierten en series públicas y transparentes. Eso es lo que haría al debate económico más exigente y también más honrado.
No pido soluciones milagrosas ni una sociedad donde todos pensemos igual. Pido honestidad para reconocer los problemas, capacidad para elegir prioridades y valentía para rectificar cuando una política no produce el resultado prometido. La dignidad no debería ser una palabra reservada a los discursos: debe estar presente en la forma de gestionar y rendir cuentas. Esa es la exigencia que mantendré antes de las urnas y, sobre todo, después de ellas.
Quisiera que esta reflexión se examine en sus méritos y en sus límites, no por la identidad de quien la expresa. La mejor prueba de una propuesta es su utilidad real, su respeto a los derechos de los demás y la posibilidad de corregirla cuando la experiencia contradice una buena intención.
Cuando se propone una ayuda fiscal, conviene preguntar si llegará a quien la necesita o si será absorbida por precios más elevados. Cuando se anuncia inversión pública, interesa saber cuándo entrará en servicio y cómo se mantendrá. Un debate económico adulto debería aceptar que algunas medidas tardan y otras fallan. La evaluación independiente permitiría distinguirlas. Yo no quiero que las estadísticas desaparezcan de la política: quiero que dejen de emplearse como sustituto de la realidad.