Me incomoda una parte del debate económico español porque parece haber convertido la prosperidad en una disputa moral. A veces se habla del empresario como si su éxito perjudicara necesariamente al trabajador. Otras veces se presenta a quien necesita apoyo como si careciera de iniciativa o responsabilidad. Ninguna de esas caricaturas me sirve. Yo quiero una España en la que crear riqueza sea admirable y, al mismo tiempo, donde nacer sin patrimonio no suponga quedarse permanentemente atrás.
Como economista sé que no existe bienestar sostenible si la sociedad deja de producir, invertir, innovar y asumir riesgos. Como humanista me niego a considerar suficiente una economía que crea grandes fortunas mientras demasiadas personas quedan atrapadas en vidas sin horizonte. Ambas preocupaciones no son incompatibles: juntas deberían orientar un proyecto serio de desarrollo.
Crear riqueza exige libertad y reglas justas
Para prosperar necesitamos empresas capaces de crecer, autónomos que no gasten energías interminables en trámites, competencia efectiva, financiación y trabajadores bien formados. Necesitamos también estabilidad jurídica: nadie invierte a largo plazo si las reglas cambian sin explicación. La libertad económica es imprescindible, pero no equivale a ausencia de normas. Un mercado que tolera privilegios, fraudes o posiciones abusivas termina traicionando a quienes compiten honestamente.
Por eso soy partidario de evaluar impuestos, regulación y gasto público con criterios verificables. No basta con prometer que bajar o subir una cifra fiscal resolverá por sí sola nuestros problemas. Hay que estudiar los incentivos, los servicios que financiamos y la capacidad de la economía para generar oportunidades.
Las oportunidades no se heredan en condiciones iguales
Una persona puede empezar su proyecto profesional con ayuda familiar, contactos y vivienda pagada. Otra puede trabajar desde adolescente, hacerse cargo de sus familiares y carecer de un colchón para equivocarse. Ambas merecen libertad; ninguna merece ser juzgada únicamente por el resultado final. La equidad consiste precisamente en comprender esas diferencias y tratar de eliminar barreras injustas.
Eso requiere educación de calidad, vivienda accesible, formación continua, sanidad y un sistema de protección que ayude a recuperar autonomía. El objetivo no debería ser mantener a nadie en dependencia permanente, sino permitirle avanzar. Una buena política social debe preguntarse cuántas personas consiguen después prescindir de la ayuda que necesitaron.
Una economía que llegue a los hogares
El Instituto Nacional de Estadística situó en 2025 la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en el 25,7 % de la población. Es una medida compuesta, no sinónimo de pobreza extrema, pero recuerda la distancia entre los indicadores agregados y la fragilidad de numerosas familias. Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2025 del INE.
Para mí, el dato obliga a actuar con precisión. No sirve anunciar grandes cantidades presupuestarias si desconocemos qué cambió en la vida de quienes recibieron apoyo. Tampoco sirve ignorar la productividad, porque sin ella las mejoras de ingresos resultan difíciles de sostener. Necesitamos hacer las dos cosas: crear más valor y ampliar las posibilidades de participar en él.
En el debate sobre la desigualdad solemos hablar como si la economía repartiera una cantidad de riqueza fija. Pero las empresas innovan, los trabajadores aprenden, se crean nuevos sectores y aparecen necesidades que antes no existían. El tamaño de la economía puede aumentar; de hecho, necesitamos que aumente si queremos financiar mejores servicios y mejores oportunidades. El problema no se resuelve únicamente mirando cómo redistribuir lo existente, sino entendiendo las condiciones que permiten crear valor de manera sostenible.
También conviene distinguir entre desigualdades aceptables y barreras injustas. No considero problemático que dos proyectos empresariales obtengan resultados distintos por su innovación, sus decisiones o sus riesgos. Sí me inquieta que determinados ciudadanos encuentren puertas cerradas por razones ajenas a su esfuerzo, o que algunos operadores económicos compitan respaldados por privilegios regulatorios. Defender el mercado exige defender la competencia, y defender la equidad exige estudiar dónde se están produciendo realmente los bloqueos.
Una reforma fiscal o una política de ayudas debería superar un examen sencillo: explicar qué pretende conseguir, cómo afectará a hogares y empresas y cuándo sabremos si funcionó. No todo beneficio se verá de inmediato, pero casi cualquier intervención puede incorporar una evaluación seria. Quiero menos debates basados en sospechas mutuas y más decisiones construidas con información accesible. El ciudadano merece saber por qué se le pide un esfuerzo y qué se ha conseguido con él.
No quiero una España dividida entre quienes pueden imaginar el futuro y quienes solo intentan resistir hasta fin de mes. Quiero un país donde la iniciativa, el trabajo y la creatividad encuentren recompensas, pero donde nadie pierda su dignidad por empezar desde más abajo. La prosperidad que merece la pena defender es la que abre puertas, no la que se limita a exhibir ganadores.