La falsa elección entre Estado grande y Estado pequeño
Durante demasiado tiempo hemos reducido el debate sobre el sector público a una pelea de tamaños. Unos defienden aumentar el gasto como si cualquier aumento garantizara bienestar. Otros plantean recortes genéricos como si reducir partidas significara automáticamente mayor libertad. Yo no comparto ninguna de esas simplificaciones. Mi pregunta es otra: ¿qué Estado permite a las personas vivir con más dignidad, seguridad y oportunidades reales?
No quiero instituciones que asfixien al ciudadano con trámites inútiles, pero tampoco quiero un mercado donde quien enferma, sufre una discapacidad o necesita protección quede desamparado. Mi idea del Liberalismo con Alma une libertad individual y responsabilidad pública: el Estado ha de proteger derechos, asegurar oportunidades y actuar con una eficiencia que pueda demostrarse.
Más presencia donde se necesita
La prioridad de los servicios esenciales es una forma práctica de esta filosofía. Si una oficina administra cinco formularios innecesarios y un centro sanitario no puede atender a tiempo, no considero progresista mantener intacta esa distribución. Sería más responsable simplificar tareas y evaluar si el ahorro puede reforzar la atención. No es una guerra contra funcionarios; es un examen honesto de la utilidad del gasto.
No todas las funciones administrativas son prescindibles. La gestión de expedientes, las compras públicas, los controles y la atención ciudadana también sostienen los servicios. Una reorganización que los debilite puede causar un daño mayor. Por eso pido auditoría, garantías y gradualidad, no recetas universales. El criterio humano incluye a quienes trabajan en la Administración y a quienes dependen de ella.
Un pacto de responsabilidad
Propongo planificar con la vista puesta en las necesidades de sanidad, salud mental, educación, justicia, seguridad y emergencias, con instrumentos legales existentes y una posible ley de orientación básica. Las autonomías y municipios deben ejercer sus competencias; el Estado puede coordinar e impulsar objetivos comunes dentro del marco constitucional. Lo importante es que nadie utilice el reparto institucional como excusa para no responder al ciudadano.
Cada decisión debería acompañarse de una explicación: cuál es el problema, qué capacidad se necesita, cuánto cuesta y qué resultado esperamos. Para mí, no basta con decir que hemos contratado más personas. Quiero saber si una familia ha recibido atención antes, si un paciente está mejor acompañado o si una denuncia digital se investiga con eficacia.
El sentido moral de la eficiencia
A menudo la palabra eficiencia suena fría. Yo la entiendo de otra manera. Si un trámite tarda menos, una persona recupera horas de vida. Si una lista de espera se reduce, alguien sufre menos. Si un alumno recibe orientación a tiempo, puede descubrir oportunidades que de otra manera habría perdido. Esa es la dimensión humana de cada decisión presupuestaria.
Mi propósito no es construir un Estado gigantesco ni desmantelarlo. Quiero instituciones que respeten la libertad, funcionen profesionalmente y estén presentes cuando de verdad hacen falta. El éxito de una sociedad no debería medirse por sus discursos sobre grandeza, sino por la tranquilidad y las posibilidades de las personas que viven en ella.
Una filosofía aplicada al presupuesto
Para llevar esta idea a la práctica empezaría por un inventario de necesidades y de procesos repetitivos, seguido de presupuestos que identifiquen los resultados perseguidos. No exigiría que cada servicio ahorre lo mismo ni que toda mejora pase por reducir personal. En algunos lugares hará falta invertir más; en otros, coordinar mejor. Mi criterio sería siempre la utilidad demostrable para el ciudadano y la sostenibilidad de los compromisos asumidos.
Tampoco olvidaría que el tiempo de un funcionario es una parte importante del recurso público. Si los profesionales pasan jornadas enteras introduciendo datos duplicados o buscando información dispersa, desperdiciamos capacidad humana. Darles mejores herramientas puede mejorar sus condiciones y la atención al mismo tiempo. Ahí encuentro la unión entre economía y dignidad: organizar bien para cuidar mejor, sin considerar a las personas simples cifras de una plantilla.
Prosperidad pública y autonomía personal
Mi defensa de los servicios esenciales no implica que la Administración deba dirigir todos los aspectos de la vida. Creo que la libertad individual necesita espacio para decidir y crear, pero también seguridad jurídica, atención sanitaria y educación capaces de ofrecer oportunidades reales. Un ciudadano que espera indefinidamente una operación o un niño que carece del apoyo educativo que necesita dispone, en la práctica, de menos opciones. Mejorar esos servicios no es paternalismo: es proteger capacidades para vivir con dignidad.
Quiero que el Estado rinda cuentas de sus resultados y respete el esfuerzo de quienes financian sus servicios. También deseo que sus trabajadores tengan herramientas, formación y organización para realizar su función con orgullo. No hay contradicción entre ambas aspiraciones. Podemos exigir eficiencia sin deshumanizar y proteger derechos sin tolerar duplicidades injustificadas. Esa es mi idea de un liberalismo con alma: instituciones suficientemente fuertes para ayudar cuando corresponde y suficientemente humildes para dejar a las personas construir su propio futuro.
Este artículo desarrolla reflexiones personales basadas en mi estudio «Ley Nacional de Prioridad de los Servicios Esenciales y Reequilibrio del Empleo Público». Sus escenarios y metas de planificación son propuestas propias, no resultados oficiales ni efectos garantizados.