Cuando digo que quiero menos burocracia, algunas personas imaginan automáticamente menos protección para el consumidor o menos capacidad de perseguir el fraude. No es mi planteamiento. Considero que un Estado moderno puede reducir autorizaciones previas innecesarias y, a la vez, mejorar la calidad de sus controles. El secreto está en distinguir el requisito que evita un daño real del documento que solo sirve para demostrar que hemos completado otra etapa administrativa. La seguridad depende de lo que sucede en una actividad, no del grosor de su expediente.
Mi propuesta combina declaraciones responsables en actividades de bajo riesgo con inspecciones posteriores mejor orientadas. La Administración debe analizar dónde existe mayor probabilidad de incumplimiento y mayor impacto potencial sobre salud, seguridad, medio ambiente, consumidores o Hacienda. Esos criterios permiten concentrar personal y tecnología en los problemas relevantes, aunque siempre harán falta salvaguardas para evitar discriminación y decisiones automáticas opacas. Un modelo basado en datos necesita supervisión humana y posibilidad de impugnar errores.
La diferencia entre control y papeleo
No eliminaría la autorización previa donde sea jurídicamente necesaria. Una actividad sanitaria, una instalación industrial peligrosa o una obra con incidencia estructural no puede tratarse como una prestación profesional de riesgo mínimo. La proporcionalidad consiste en reconocer diferencias. El empresario responsable debería disponer de requisitos fáciles de consultar y la posibilidad de iniciar su actividad cuando corresponda; quien falsea deliberadamente una declaración debe afrontar una sanción efectiva. El control público es más legítimo cuando protege de manera verificable en vez de producir incertidumbre generalizada.
También prestaría atención a los costes internos del Estado. Miles de comprobaciones repetitivas consumen horas de funcionarios que podrían emplearse en investigación de incumplimientos graves, apoyo a empresas que buscan regularizarse o atención a ciudadanos. La automatización puede detectar inconsistencias documentales y liberar tareas, pero debe acompañarse de formación y garantías laborales. No pretendo sustituir el criterio profesional por un algoritmo que nadie sabe explicar. La tecnología debe servir al inspector y al administrado.
Para evaluar la reforma, publicaría indicadores de inspecciones, infracciones relevantes detectadas, tiempos de respuesta y efectos sobre los riesgos que se pretendían evitar. El número de expedientes tramitados no demuestra por sí mismo que el servicio haya mejorado. Del mismo modo, reducir las inspecciones a la mitad no es automáticamente un éxito: podría significar desprotección. Quiero comparar resultados sustantivos y corregir las medidas que no funcionen, sin convertir la administración en un laboratorio irresponsable.
La libertad económica necesita reglas claras y autoridades capaces de aplicarlas. El pequeño comerciante honrado se beneficia cuando no pierde semanas en trámites inútiles y cuando los competidores fraudulentos son detectados. El consumidor se beneficia cuando la vigilancia se orienta a riesgos auténticos. Para mí, un Estado eficaz no es el que más formularios inventa ni el que menos inspecciona; es el que mejor protege los derechos con el mínimo esfuerzo innecesario para la sociedad.
Rendir cuentas por riesgos reales
Defendería mecanismos de auditoría de los sistemas de selección de inspecciones: hay que revisar si los criterios priorizan efectivamente riesgos y si producen sesgos injustificados. También publicaría resultados agregados sin divulgar información que pudiera facilitar evasiones. El objetivo no es presumir de tecnologías complejas, sino reducir daños con menos fricción para quienes cumplen. Si una oficina descubre que un requisito previo evita un peligro serio, debe conservarlo y justificarlo. Si demuestra que un trámite solo reproduce información existente, debería eliminarlo. Este examen continuo exige humildad institucional y voluntad de corregirse.
Quien presenta una declaración responsable merece reglas concretas y accesibles. Quien denuncia un incumplimiento grave merece una Administración que responda. Ambos objetivos pueden cumplirse mejor si las inspecciones se priorizan según impactos probables en vez de repartir recursos indiscriminadamente. Pero la selección basada en datos exige auditorías periódicas para evitar sesgos y revisar errores. No permitiría que una puntuación automática determine sin supervisión humana el destino de un pequeño negocio. La tecnología ayuda cuando amplía la capacidad de comprender, no cuando oculta decisiones detrás de una pantalla.
Un sistema basado en riesgo también debe dejar espacio para inspecciones aleatorias y controles inesperados cuando sean necesarios. De otro modo, ciertos incumplimientos podrían escapar porque todavía no generan señales estadísticas. Evaluaría no solo multas, sino correcciones voluntarias, disminución de incidentes y satisfacción de consumidores. La prueba de una reforma administrativa está en la protección real y en las horas que deja de desperdiciar la sociedad. No me interesa que el Estado parezca más pequeño en un organigrama; quiero que sus decisiones sean más justas, transparentes y eficaces.
Para evitar abusos, cada estrategia inspectora debería someterse a revisión legal y técnica periódica. La concentración de recursos en actividades de mayor riesgo requiere criterios contrastables y capacidad para corregir falsos positivos. También cuidaría que las pequeñas empresas dispongan de instrucciones de cumplimiento accesibles. Inspeccionar bien significa proteger a todos, incluidos quienes asumen sus obligaciones sin contar con grandes equipos jurídicos.
Estas son mis reflexiones personales a partir de mi Propuesta Nacional nº 7 sobre simplificación administrativa y segunda oportunidad. Son reformas que propongo, no medidas ya aprobadas.