Hay decisiones fiscales que parecen simples cuando se resumen en un porcentaje. Yo prefiero analizarlas desde sus efectos sobre personas, empresas y servicios públicos. La libertad económica debe tener un propósito humano y poder demostrarlo con resultados. En mi Propuesta Nacional nº 1 he defendido una arquitectura coordinada: el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades y el tratamiento de determinados dividendos deben estudiarse juntos, no como tres piezas inconexas. Mis convicciones liberales no me autorizan a prometer resultados que todavía no están demostrados. Por eso considero imprescindible comparar el efecto inmediato sobre la recaudación con los cambios de comportamiento que podrían aparecer después.
Más allá de una cifra tributaria
Mi propuesta de reforma no nace del deseo de ganar un debate sobre qué porcentaje es más atractivo. Nace de una inquietud: demasiadas personas trabajan, emprenden y arriesgan sin sentir que el progreso económico les alcanza. Creo que un marco fiscal más sencillo y competitivo podría favorecer nuevas oportunidades. Pero el tipo del 10 % no es un fin en sí mismo. La meta consiste en desarrollar un país en el que crear una empresa sea posible, trabajar permita vivir dignamente y los servicios esenciales funcionen cuando una familia los necesita.
Libertad y responsabilidad deben convivir
El liberalismo con alma no identifica la libertad con la ausencia de obligaciones. Una sociedad necesita contratos fiables, jueces accesibles, educación, infraestructuras y protección de quienes atraviesan situaciones difíciles. También necesita ciudadanos y empresas con margen para actuar. Cuando el Estado administra mal, desperdicia recursos que podrían servir a todos; cuando una regulación es inútil, consume tiempo que ninguna persona recuperará. Por eso considero compatibles la exigencia de eficiencia pública y la defensa de derechos sociales efectivos.
Una reforma que se puede explicar y debatir
He formulado una combinación fiscal concreta: IRPF exento hasta 25.000 euros, tributación del 10 % sobre toda la renta al superar el umbral, Sociedades al 10 % y tratamiento específico de los dividendos de SL. En torno a esa arquitectura existen cuestiones técnicas difíciles: el salto de cuota del IRPF, las consecuencias de distinguir formas societarias y el riesgo de pérdida de recaudación. No pretendo ocultarlas. Prefiero presentar un proyecto que pueda someterse a revisión honesta antes que una lista de promesas sin método.
La medida final es la vida de las personas
Si una reforma estimula inversión pero deja sin recursos a la sanidad, habrá incumplido mi criterio moral. Si mejora la recaudación sin permitir a los jóvenes emanciparse, tampoco será suficiente. Mi ambición es que España pueda crear más riqueza y distribuir oportunidades mediante empleo, formación, servicios excelentes y reglas justas. No pido adhesión incondicional a una teoría económica. Pido un debate riguroso sobre cómo ofrecer mayor libertad sin abandonar a nadie. Una política digna de ese nombre debe escuchar, medir sus resultados y rectificar cuando los hechos lo exijan.
Consecuencias que conviene anticipar
La dignidad humana también exige atender a las transiciones. Una reforma fiscal puede beneficiar a determinados contribuyentes y crear dificultades presupuestarias en los primeros ejercicios. Sería irresponsable ignorar a los pacientes, alumnos o familias que dependen de servicios financiados con los ingresos actuales. La decisión no es elegir entre iniciativa privada y protección social, sino demostrar que podemos mejorar ambas sin abandonar a nadie durante el proceso.
No quiero que mi propuesta se convierta en una cifra que unos repitan para celebrar y otros para desacreditar. Quiero que pueda discutirse con simulaciones auditables, alternativas de diseño y criterios de éxito públicos. Si conseguimos abrir un debate sobre cómo crear riqueza con menos obstáculos, cómo repartir oportunidades sin paternalismo y cómo sostener un Estado útil, el trabajo intelectual habrá contribuido a una política más adulta, incluso entre quienes discrepen de mis conclusiones.
La prueba decisiva
No mediría el éxito solo por la llegada de capital. Querría conocer el empleo creado, su calidad, la apertura de negocios, la productividad y el acceso real de los ciudadanos a oportunidades. La evaluación de políticas debe ser social, económica y presupuestaria al mismo tiempo.
La mejor defensa de una propuesta económica no es negar sus riesgos, sino definir cómo sabremos si está funcionando. Me gustaría que España pudiera discutir reformas profundas sin convertir cada cifra en una trinchera. Quiero empresas fuertes, ciudadanos con autonomía y unos servicios públicos que respondan cuando se los necesita. Si los resultados confirman los efectos positivos, habrá razones para perseverar; si las evidencias contradicen nuestras hipótesis, tendremos la obligación de rectificar. Eso es para mí gobernar con responsabilidad: libertad para crear y humanidad para decidir a quién debe beneficiar el progreso.