Una política migratoria sin contradicciones
Yo no veo contradicción entre recibir a quienes desean trabajar y construir una vida en España y exigir que esa llegada se produzca dentro de normas claras. España necesita instituciones capaces de distinguir situaciones distintas, no discursos que mezclen a quien llega con contrato, a quien solicita asilo y a quien carece de autorización de residencia. Mi propuesta nace de una idea muy sencilla: podemos defender fronteras ordenadas sin renunciar a la dignidad de ninguna persona. La humanidad no debería ser una excusa para la improvisación y la ley no debería convertirse en una excusa para el desprecio.
El documento que he elaborado propone planificar periódicamente las vías legales según necesidades laborales, evolución demográfica, formación, inversión y diferencias territoriales. Eso exige escuchar a comunidades autónomas, empresas, universidades y servicios de empleo. No se trata de ofrecer cupos arbitrarios ni de prometer que toda vacante se resolverá con inmigración. La prioridad debería ser conocer qué perfiles faltan, qué capacitación existe en España, qué condiciones salariales se ofrecen y cómo evitar que la contratación exterior sirva para degradar derechos.
La legalidad también exige buenos procedimientos
Defiendo reforzar la identificación documental, la cooperación consular y las resoluciones individualizadas cuando una persona entra o permanece sin título legal. Pero rapidez no significa automatismo. Antes de decidir un retorno hay que detectar solicitudes de protección internacional, posibles víctimas de trata, menores y riesgos personales graves. El principio de no devolución no es un trámite prescindible: es una garantía central del Estado de Derecho. Un sistema que tarde años en decidir perjudica al ciudadano y también a la persona sometida a una incertidumbre permanente.
La administración debería comunicar cada paso de manera comprensible, proporcionar asistencia y recursos cuando procedan y ejecutar las decisiones firmes con diligencia. Al mismo tiempo, habría que potenciar el retorno voluntario asistido cuando sea legalmente viable y resulte seguro. La cooperación con los países de origen es necesaria para identificar nacionalidades, evitar redes de explotación y hacer posibles los retornos que la ley autoriza. No aceptaría cifras de expulsiones como único indicador de éxito: el respeto a los derechos y el tiempo de resolución cuentan tanto como la ejecución.
Integración como proyecto común
Para mí, integrarse significa conocer y respetar las reglas de convivencia, aprender el idioma y poder desarrollar una vida autónoma. No significa abandonar una religión, una comida familiar o una lengua materna. La Constitución, la igualdad entre mujeres y hombres, el derecho de los menores a estudiar y la libertad de conciencia deben ser un suelo común, no una negociación entre comunidades aisladas. Ese suelo permite que personas con historias diferentes puedan compartir espacio público sin miedo y sin privilegios excluyentes.
El empleo legal desempeña un papel fundamental. Una persona que trabaja con derechos, cotiza, aprende y participa en su barrio está en mejores condiciones de construir una relación duradera con el país. También propongo facilitar el reconocimiento de cualificaciones cuando sea posible y abrir vías de formación profesional. Las administraciones deberían medir la inserción laboral y educativa, no limitarse a contabilizar llegadas. Ese seguimiento serviría para corregir programas ineficaces en vez de convertir la integración en una palabra vacía.
Lo que exigiría antes de aprobarla
Implantar una política así requiere presupuesto, coordinación entre ministerios, juzgados, servicios sociales y territorios, además de mecanismos de control independientes. Pediría evaluar los plazos de identificación, el acceso real al procedimiento de asilo, la protección de menores y la calidad de los acuerdos de readmisión. También exigiría datos públicos comprensibles que permitan saber qué funciona y qué falla. No presentaré como logro una medida que traslade el problema a otro organismo o que genere costes invisibles para los municipios.
Quiero una España abierta y segura, pero sobre todo quiero una España capaz de cumplir lo que promete. Ni las personas migrantes deberían vivir atrapadas en trámites interminables ni la ciudadanía debería soportar políticas improvisadas y contradictorias. Mi posición personal es que el respeto a la ley y el respeto al ser humano deben exigirse juntos. Cuando una democracia elige entre uno y otro, termina debilitando los dos.
Cómo implantarlo sin improvisaciones
Como economista, empezaría por una memoria de impacto que detalle personal, tecnología, cooperación entre administraciones y costes de cada fase. No todos los territorios soportan la misma presión migratoria ni tienen la misma capacidad de acogida y empleo. Establecería pilotos territoriales evaluados y un mecanismo para corregir problemas de identificación y asistencia jurídica antes de extender las medidas. También escucharía a operadores jurídicos, equipos de frontera, municipios y entidades de protección, porque conocen las consecuencias prácticas de los procedimientos. Su experiencia debe ayudar a distinguir burocracia verdaderamente prescindible de controles indispensables.
La colaboración europea sería decisiva, especialmente en los puntos de entrada donde el esfuerzo no puede recaer solo en un ayuntamiento o una comunidad autónoma. Buscaría acuerdos operativos transparentes y pediría que las personas afectadas recibieran información verificable sobre plazos y recursos. Publicar cifras por categorías jurídicas evitaría mezclar entradas, solicitudes de asilo, autorizaciones y retornos. Si una reforma reduce tiempos pero incrementa errores de protección, no la consideraría un éxito. El resultado debe combinar eficiencia, legalidad y confianza pública.
Una responsabilidad verificable
Esta reflexión requiere una responsabilidad adicional: comprobar los efectos en la vida real. Ni un titular ni una reforma legislativa garantizan resultados por sí solos. Por eso insistiría en controles públicos y en revisar las medidas que no cumplan su finalidad.
Este artículo recoge mis reflexiones personales a partir de la Propuesta Nacional nº 5, «Inmigración regulada, integración y responsabilidad». Las medidas expuestas son ideas de reforma y no normas actualmente aprobadas.