El valor de un puesto público
Cada vez que escucho discutir sobre el empleo público, tengo la impresión de que estamos atrapados en una disputa demasiado simple: unos quieren más funcionarios y otros quieren menos. Yo creo que esa pregunta es insuficiente. Lo que me interesa es saber si la distribución de los profesionales del Estado responde a las necesidades de las personas. Una enfermera desbordada, una familia que espera una valoración de dependencia o un juzgado con retrasos no necesitan eslóganes sobre el tamaño de la Administración; necesitan soluciones concretas.
En mi estudio sobre prioridad de los servicios esenciales parto de una realidad: el boletín estadístico del personal público registraba 3.107.195 efectivos en julio de 2025. Es un dato de dimensión, no una prueba de que sobren empleados. La cuestión verdadera es cuántas funciones siguen siendo necesarias, cuáles pueden simplificarse y qué necesidades asistenciales o educativas están desatendidas. Esa distinción es esencial para reformar con justicia y rigor, sin convertir a ningún trabajador público en enemigo de la ciudadanía.
Reposición Social, no despidos
Por eso he formulado el Principio de Reposición Social. Si un puesto administrativo repetitivo queda vacante por jubilación o baja definitiva y su función puede eliminarse, digitalizarse o compartirse sin perjudicar al ciudadano, propongo examinar si el presupuesto liberado debe financiar un puesto de mayor necesidad social. No se trata de despedir a una persona para contratar a otra; se trata de decidir mejor cómo utilizamos los recursos cuando una vacante permite reorganizar los servicios.
Tampoco propongo que un administrativo se convierta automáticamente en médico, enfermero o policía. Las profesiones reguladas requieren estudios, habilitaciones y procesos de selección. La movilidad posible sería voluntaria o legalmente habilitada, hacia funciones compatibles, acompañada de formación y respeto a los derechos adquiridos. Esta salvaguarda no es secundaria: es lo que separa una reforma seria de una campaña improvisada contra la función pública.
Una auditoría antes de decidir
Quiero que cada administración publique una auditoría de puestos y necesidades. Antes de cubrir una vacante debería explicar si la función sigue siendo indispensable, si puede automatizarse, si existe duplicidad con otra unidad y si el ahorro podría aliviar una carencia acreditada en sanidad, educación, justicia o seguridad. No basta con afirmar que hay burocracia innecesaria: hay que demostrarla caso por caso y comprobar que la eliminación de tareas no crea nuevas colas para quienes necesitan atención.
El Estatuto Básico del Empleado Público ya contempla instrumentos de planificación de recursos humanos. Mi propuesta plantea utilizarlos con un criterio más explícito de utilidad social, respetando las competencias autonómicas y municipales. Lo difícil no es redactar una norma grandilocuente: es articular presupuestos, plantillas y evaluación de resultados en instituciones distintas, cada una con obligaciones y responsabilidades propias.
La medida es el ciudadano
La reforma debería desplegarse gradualmente: primero una auditoría, después planes de ordenación y más adelante nuevas contrataciones donde las necesidades estén demostradas. Publicaría cada año las plazas realmente amortizadas, las esenciales creadas y los resultados obtenidos. Si el proceso reduce recursos pero empeora el servicio, habría que corregirlo. Si mejora la atención y protege a los empleados, entonces podríamos decir que funciona.
No defiendo un Estado debilitado; defiendo un Estado que sepa concentrar energías en aquello que ninguna persona debería tener que afrontar sola. Mi idea es sencilla: menos tareas redundantes y más profesionales cuidando, enseñando, protegiendo y resolviendo. La buena política no se demuestra por el número de despachos, sino por el tiempo que tardamos en ofrecer a cada ciudadano la ayuda que necesita.
Cómo comprobaría el éxito
Pondría en marcha un registro público de necesidades y vacantes, con cifras desglosadas por administración, proceso y resultado. Si en una zona desaparecen dos plazas de tramitación, los ciudadanos deberían saber por qué la atención no empeorará y qué presupuesto queda verdaderamente disponible. No aceptaría anunciar una nueva plaza esencial a partir de un ahorro todavía hipotético. Antes deben comprobarse el coste salarial completo, los sistemas de información, la formación necesaria y las competencias de la entidad que contratará. Esa contabilidad transparente es la condición para que la idea sea una reforma y no una operación de imagen.
También creo necesario proteger los servicios administrativos que evitan arbitrariedad, fraude o retrasos. Simplificar no significa retirar controles esenciales. De hecho, algunos trámites tardan demasiado porque están mal diseñados, no porque sobre personal. Revisaría primero la norma y después el proceso, y solo por último la necesidad de reponer la plaza. Me interesa una Administración menos repetitiva, pero igual o más accesible, especialmente para personas mayores o con dificultades digitales.
Cómo evitar decisiones injustas
Me parece especialmente importante que ninguna oficina desaparezca solo porque un informe afirme que su trámite es repetitivo. Exigiría comprobar la frecuencia de la tarea, los errores que evita, el número de ciudadanos que necesitan asistencia y los recursos necesarios para sustituirla. Una ventanilla puede parecer poco productiva en una hoja de cálculo y ser esencial para una persona que no sabe utilizar internet. La auditoría debe contar esas realidades antes de proponer una amortización. También escucharía a los propios profesionales y a las organizaciones sociales, que pueden señalar consecuencias que un análisis centralizado no detecta.
La implantación necesitaría indicadores previos y posteriores y un sistema público de reclamaciones. Si una reorganización libera presupuesto pero multiplica los desplazamientos del ciudadano o empeora las resoluciones, no habría cumplido su finalidad. Defiendo asimismo un calendario gradual, con evaluación anual y revisión profunda cada cuatro años. La prudencia es parte de mi propuesta: no quiero cambios irreversibles basados en intuiciones. Quiero que la Administración aprenda, ajuste y demuestre que el personal disponible está mejor situado para ofrecer un servicio más útil.
Este artículo desarrolla reflexiones personales basadas en mi estudio «Ley Nacional de Prioridad de los Servicios Esenciales y Reequilibrio del Empleo Público». Sus escenarios y metas de planificación son propuestas propias, no resultados oficiales ni efectos garantizados.