Dejar atrás la política de los anuncios
Hay una diferencia enorme entre anunciar una promoción y entregar sus llaves. Sin embargo, en el debate público ambas cosas aparecen a veces mezcladas. Yo quiero que los ciudadanos puedan distinguir suelo identificado, proyectos licitados, obras comenzadas, edificios terminados y hogares efectivamente adjudicados.
Por eso mi anteproyecto plantea un registro estatal público de las actuaciones incluidas en el plan. Tendría que mostrar suelo aportado, viviendas previstas, precio máximo, adjudicatario, incentivo reconocido, situación de ejecución y financiación pública. No pretendo inventar otra burocracia sin utilidad: quiero que los datos existan para comprobar qué se consigue.
Una evaluación que sirva para decidir
Cada año debería remitirse a las Cortes Generales un informe con vivienda terminada, coste de construcción, plazo de ejecución, demanda atendida, ocupación y efecto presupuestario. No basta con llenar un documento de indicadores si nadie los utiliza para corregir errores. El seguimiento tiene sentido cuando permite aprender y actuar.
Imagino comparar dos promociones con características semejantes. Si una entregó a tiempo viviendas de buena calidad y otra registró sobrecostes y retrasos, deberíamos estudiar por qué. Puede haber razones técnicas legítimas, pero deben explicarse. El ciudadano merece un sistema capaz de reconocer los problemas en lugar de esconderlos.
Los incentivos también se evalúan
El uso de suelo público y los incentivos de hasta el 25 % no deben convertirse en cajas negras. Hay que publicar cuánto valor económico se concedió y qué reducción de precio protegido permitió obtener. Si una ventaja no se traduce en un beneficio verificable para los residentes, no está cumpliendo su propósito.
La financiación pública condicionada a hitos y las garantías de reversión deben acompañarse de controles proporcionales. La transparencia no consiste en multiplicar expedientes, sino en hacer visibles obligaciones y resultados, respetando la protección de datos personales de los adjudicatarios.
La transparencia debe poder entenderse
Publicar los datos en formatos abiertos y con explicaciones sencillas permitiría comparar territorios y proyectos. Un registro ininteligible no rinde cuentas: solo acumula documentos. También convendría distinguir entre previsiones y cifras ejecutadas, explicando revisiones presupuestarias y retrasos.
Mi compromiso intelectual es medir antes de celebrar. Las instituciones sirven a las personas cuando aceptan ser evaluadas y cuando transforman los errores detectados en decisiones mejores.
De los datos a las decisiones
Un registro público útil debería distinguir el número de viviendas anunciadas, licitadas, comenzadas, terminadas y efectivamente adjudicadas. Son fases muy distintas. Si se mezclan, podemos transmitir una impresión de éxito que todavía no existe. También habría que identificar retrasos y explicar sus causas: problemas de financiación, cambios técnicos, litigios, urbanización o escasez de capacidad constructiva. Sin esa información, la ciudadanía no puede valorar de manera razonable la ejecución de un programa.
La evaluación anual debería recoger costes de construcción y mantenimiento, precio máximo aplicado y demanda atendida, pero con indicadores comparables. Una vivienda en un municipio de alta demanda no tiene los mismos costes que otra en un área distinta. Comparar resultados exige contextualizar los datos, no ordenar territorios sin explicación. La transparencia honesta reconoce factores externos y permite estudiar buenas prácticas. Esa forma de medir ayuda más que una clasificación simplista entre vencedores y perdedores.
También deberían publicarse los incentivos económicos concedidos a cada actuación y las obligaciones sociales obtenidas a cambio. Si se autoriza un aprovechamiento adicional dentro de los límites legales, el ciudadano merece saber qué rebaja de precio protegido se comprometió y si se cumplió. Los apoyos públicos pueden estar justificados, pero su valor no puede desaparecer en una nota técnica inaccesible. Un buen contrato convierte la ventaja concedida en obligaciones observables y exigibles.
Quiero que los informes lleguen realmente al debate parlamentario y al público. Si una política funciona, la evidencia permitirá ampliarla; si los resultados no justifican el coste, habrá que rediseñarla. Eso no es un fracaso político, sino un signo de madurez institucional. La responsabilidad consiste en corregir antes de que los errores se acumulen. Una política de vivienda que aprende puede ofrecer más hogares a lo largo del tiempo que otra obsesionada con defender anuncios pasados.
Una comprobación necesaria
Un sistema de datos abierto debería explicar también cuándo se corrigen cifras anteriores y por qué. Los proyectos cambian durante su ejecución y sería engañoso presentar las revisiones como si nunca hubieran existido. La rendición de cuentas debe admitir incertidumbre y registrar decisiones. Si un plan reduce viviendas previstas para mejorar calidad o corregir problemas urbanísticos, el ciudadano merece una explicación técnica, no una cifra aislada usada para alimentar una disputa política.
Medir para mejorar la vida
Para mí, la calidad de un gobierno no se mide por el número de veces que pronuncia la palabra vivienda. Se mide por su capacidad de hacer que más personas accedan a un hogar en condiciones razonables. En una sociedad libre, la rendición de cuentas protege al contribuyente y al beneficiario de una política pública al mismo tiempo.
Quiero que mi propuesta sea debatida, criticada y mejorada. Para eso hacen falta datos honestos. Si un instrumento funciona, ampliémoslo; si resulta ineficiente, corrijámoslo. Lo importante no es defender una marca política, sino respetar a los ciudadanos y demostrar con resultados que su confianza está bien empleada.