La prevención no debería convertirse en alarmismo
Cuando hablo de reducir pesticidas no pretendo insinuar que los alimentos comercializados en España sean generalmente inseguros. Los controles europeos indican un alto nivel de cumplimiento de los límites de residuos. Para mí, ese punto de partida es esencial: una reforma pública no necesita exagerar un riesgo para justificar una mejora. Creo en una agricultura capaz de producir alimentos seguros y competitivos reduciendo, cuando sea viable, la dependencia de determinados tratamientos. Ese objetivo exige conocimiento técnico, financiación y tiempo. No aceptaría convertir a los agricultores en culpables de problemas que muchas veces dependen de condiciones climáticas, plagas, mercados y decisiones de política agraria.
Más producción integrada y control biológico
La Propuesta Nacional nº 6 apuesta por producción integrada y gestión integrada de plagas. Eso significa combinar vigilancia de cultivos, prevención, métodos biológicos y tratamientos químicos autorizados cuando resulten necesarios. No es una agricultura sin herramientas: es una agricultura que decide mejor cuándo y cómo utilizarlas. Financiaría asistencia técnica para pequeñas explotaciones y ayudas vinculadas a resultados demostrables, no a declaraciones publicitarias. Los programas piloto deberían comparar rendimientos, costes, calidad de los productos y cambios en los tratamientos. Si una solución provoca pérdidas severas de productividad sin beneficio proporcional, habrá que corregirla. La sostenibilidad que ignora la viabilidad económica acaba expulsando del campo a quienes más necesitamos.
La competencia debe ser justa
No pediría a productores españoles inversiones en nuevas técnicas mientras permitimos que los productos importados eludan controles de seguridad aplicables. La respuesta tiene que ser reforzar las inspecciones basadas en riesgo y vigilar historiales de incumplimientos, dentro de las reglas europeas de comercio. Tampoco confundiría una diferencia entre métodos productivos con una infracción sanitaria. Lo importante es exigir el cumplimiento de la legislación y comunicar al consumidor los resultados de forma verificable. Las pequeñas explotaciones merecen estabilidad regulatoria y acceso a innovación, no cambios repentinos que favorezcan únicamente a las grandes empresas. Cualquier incentivo debería incorporar criterios transparentes de acceso.
Cambiar prácticas sin expulsar familias del campo
Me preocupa especialmente la explotación familiar que no dispone de un departamento técnico ni puede asumir años de incertidumbre. Crearía programas de asesoramiento compartido, apoyos para seguimiento digital de tratamientos y formación sobre prevención de plagas. También estimularía la cooperación entre productores para abaratar herramientas y compartir resultados. La transición no debería medirse solo por la cantidad de sustancia utilizada; conviene evaluar exposición, toxicidad, eficacia, biodiversidad y calidad del producto. Menos no siempre significa automáticamente mejor si se pierde el control de una enfermedad agrícola. Por eso defiendo un seguimiento científico que permita decidir caso por caso.
Una reforma que proteja la salud y el trabajo
La ciudadanía quiere alimentos seguros, y los agricultores necesitan vivir de su actividad. Yo no veo contradicción entre ambos derechos. Publicaría resultados de controles, evolución de superficies bajo producción integrada y costes para los productores, sin convertir indicadores parciales en eslóganes. La administración debe acompañar la innovación, facilitar mercados y reconocer los esfuerzos que efectivamente reduzcan impactos. Mi ideal es un campo español fuerte, rentable y cada vez más cuidadoso con su entorno. La transición será buena cuando mantenga alimentos asequibles, permita producir con dignidad y preserve la confianza de las familias. Cualquier política que sacrifique uno de esos pilares habrá que revisarla.
Del proyecto a los resultados
Antes de extender estas medidas a todo el territorio, defendería proyectos piloto con evaluación independiente y participación de los profesionales afectados. Es esencial analizar costes reales, capacidad de gestión, impactos sobre pequeños productores y efectos sobre los consumidores, especialmente en hogares con menor renta. Las administraciones tienen el deber de facilitar la adaptación y de explicar con claridad qué resultados están observando. Una mejora solo merece consolidarse si protege la salud, respeta el marco jurídico y ofrece beneficios verificables sin trasladar costes injustos a otras personas.
En territorios con sequía, cambios de temperatura o nuevas plagas, la capacidad de adaptación resulta especialmente importante. La innovación agraria no debería depender solo de subvenciones, sino también de ensayos abiertos, transferencia de conocimientos y cooperación científica. Escuchar al agricultor que trabaja cada día la tierra aporta información que ningún despacho puede sustituir.
Estas son mis reflexiones personales basadas en la Propuesta Nacional nº 6, «Agua, alimentación saludable y reducción de plásticos». Las medidas descritas son propuestas de reforma, no normas aprobadas.
Responsabilidad y aplicación práctica
Una parte de la reforma dependerá de la investigación aplicada. Los organismos agrarios y las universidades pueden estudiar variedades, métodos biológicos, rotaciones y soluciones de seguimiento que permitan intervenir con precisión. Yo fomentaría la difusión abierta de los resultados positivos y negativos de esos ensayos para evitar que cada explotación repita por su cuenta errores costosos. También tendría cuidado con los indicadores: contar tratamientos es útil, pero una evaluación adecuada debe considerar dosis, peligrosidad, exposición y condiciones de cultivo. Dos explotaciones con el mismo número de aplicaciones pueden presentar perfiles de riesgo muy distintos. Las ayudas deberían financiar aprendizaje y mejoras reales, no simplemente sustituir un producto químico por otro sin demostrar una ventaja. En todos los casos exigiría que la seguridad alimentaria siga siendo prioritaria y que las nuevas técnicas respeten los límites y autorizaciones vigentes. Un agricultor no necesita mensajes ideológicos: necesita herramientas fiables para producir mejor y conservar un medio de vida digno.