Para muchas personas, el problema de la vivienda ya no consiste en elegir el barrio que les gusta. Consiste en saber si podrán quedarse en la ciudad donde trabajan, cuidar a sus padres o formar una familia. He visto cómo la conversación pública reduce esta angustia a una disputa entre propietarios e inquilinos, como si uno de esos grupos fuera culpable de todo. Yo quiero abordar el problema desde otra pregunta: ¿cómo conseguimos aumentar de manera sostenida el número de viviendas accesibles sin destruir la seguridad jurídica necesaria para construirlas?
La solución no llegará de una sola ley ni de un anuncio. Exige suelo disponible, coordinación entre administraciones, infraestructuras y mecanismos que impidan que las viviendas promovidas con apoyo público se conviertan rápidamente en mercancía especulativa.
Un problema adicional es el tiempo. Entre la planificación del suelo, los permisos, la urbanización y la entrega final pueden transcurrir años, y esa distancia perjudica cualquier promesa de solución rápida. Un programa responsable debería diferenciar viviendas ya disponibles, rehabilitaciones posibles y nueva construcción. Cada vía tiene plazos, costes y obstáculos diferentes. La rehabilitación de edificios existentes puede ser valiosa en determinados municipios, pero no sustituye por sí sola a la nueva oferta en las áreas de mayor crecimiento. Necesitamos ambas estrategias, sin venderlas como recetas intercambiables.
La colaboración público-privada también requiere una conversación adulta. No creo que la iniciativa privada deba quedar excluida ni que la administración pueda limitarse a entregar suelo y desentenderse. Los contratos deben distribuir adecuadamente los riesgos, fijar condiciones de precio y calidad y permitir auditorías. Si las reglas son imprevisibles, la inversión se retrae; si son demasiado laxas, el interés general pierde protección. Encontrar ese equilibrio es precisamente el trabajo de una política económica seria.
La oferta y la demanda no se arreglan con discursos
El Banco de España estimó que entre 2022 y 2024 la creación neta de hogares superó a las viviendas nuevas terminadas en un rango acumulado de 400.000 a 450.000 unidades. Es una comparación específica de ese período, no una medida exacta de todas las viviendas que faltan hoy. Pero ayuda a comprender la presión estructural en áreas donde los hogares crecen más rápido que la oferta residencial. Fuente: Banco de España, Informe Anual 2024.
Se necesitan más viviendas bien situadas, pero no cualquier crecimiento urbanístico. Una promoción sin transporte, agua, equipamientos o centros educativos crea problemas nuevos. La planificación debe sumar costes presentes y futuros, facilitar densidades razonables cuando proceda y respetar la evaluación ambiental y los derechos de los vecinos.
Un parque protegido que siga siendo protegido
Mi propuesta es estudiar un modelo de vivienda de nueva generación aprovechando suelo público mediante fórmulas legales como el derecho de superficie, las cooperativas y la colaboración entre instituciones y promotores. Parte de ese parque podría destinarse al alquiler asequible y parte a fórmulas de adquisición con restricciones transparentes contra la reventa especulativa.
La clave está en que el esfuerzo público permanezca al servicio de nuevos hogares durante décadas. Si una vivienda recibe ventajas públicas y al poco tiempo se incorpora sin condiciones al mercado libre, la sociedad pierde buena parte de la inversión realizada. Necesitamos cláusulas claras, registros fiables, adjudicaciones transparentes y criterios de acceso compatibles con la legislación aplicable.
Medir viviendas entregadas, no ruedas de prensa
Me gustaría publicar para cada promoción una ficha comprensible: suelo disponible, coste previsto, financiación, calendario, empresa responsable, condiciones de adjudicación y fecha estimada de entrega. Después, hacer seguimiento de desviaciones, cambios y unidades efectivamente habitadas. Los programas no pueden considerarse exitosos porque se anuncien miles de viviendas que quizá tarden años en existir.
También debemos atender situaciones distintas: jóvenes que necesitan emanciparse, familias con hijos, trabajadores esenciales, personas mayores y hogares con ingresos insuficientes. No todos requieren el mismo régimen de acceso. La equidad exige criterios objetivos, controles frente al fraude y una oferta suficientemente amplia para reducir las colas y los agravios.
La vivienda como posibilidad de futuro
La propiedad privada, el alquiler y las promociones públicas pueden convivir dentro de una política sensata. No necesitamos elegir un único modelo para todos. Necesitamos más construcción donde sea adecuada, rehabilitación útil, garantías jurídicas e instrumentos públicos bien gestionados.
Quiero que una persona que trabaja pueda imaginar algo más que pagar una habitación durante años. Una vivienda digna no es solo un techo; es estabilidad para estudiar, descansar, criar, cuidar y formar parte de una comunidad. Cuando la hacemos accesible, no regalamos un privilegio: recuperamos posibilidades de vida.