Cuando una persona comienza una actividad económica no suele disponer de una clientela consolidada, unos ingresos estables ni un colchón financiero suficiente. Pese a ello, desde el primer día debe tomar decisiones, invertir y hacer frente a costes. Por eso he formulado una propuesta concreta: que los nuevos autónomos paguen 100 euros mensuales durante sus primeros cinco años, sin límite de edad. No es un regalo ni una invitación a ignorar las obligaciones públicas. Es una forma de conceder tiempo a quien está intentando construir su propia fuente de trabajo.
La diferencia con una cuota de 300 euros es fácil de entender. A lo largo de sesenta meses, pagar 100 euros supone 6.000 euros; pagar 300 supone 18.000. Son 12.000 euros de margen durante la etapa inicial. Ese dinero podría servir para mejorar herramientas, superar una temporada floja, pagar formación o evitar que el primer imprevisto obligue a bajar la persiana. No aseguro que todo emprendedor invertiría de forma idéntica ese ahorro, pero sí sostengo que una obligación fija más reducida amplía sus posibilidades de decisión.
La medida no distinguiría entre un joven de veinticinco años, alguien que pierde su empleo a los cuarenta o una persona de cincuenta y cinco que quiere reinventarse. El comienzo de una nueva actividad comporta incertidumbre a cualquier edad. Quiero que esa oportunidad exista también para quien llega al emprendimiento tras una trayectoria laboral larga.
Cómo funcionaría la reforma
No debemos confundir esta cuota reducida con una exención de todo el sistema. La propuesta requiere definir cómo se financian las prestaciones durante esos cinco años, qué bases se acreditan a efectos de jubilación y cómo se impiden altas ficticias sucesivas para encadenar bonificaciones. Esas preguntas forman parte del diseño económico y jurídico; no son objeciones que debamos ocultar.
En mi estudio planteo una cuota ordinaria posterior de 300 euros mensuales, con cotización voluntaria superior. Por tanto, la reforma tiene dos tiempos: primero protección para iniciar la actividad; después, un modelo ordinario más sencillo y previsible. El paso entre ambas etapas debe ser conocido desde el principio. Habría que estudiar además soluciones para quien al acabar el quinto año todavía obtenga rendimientos reducidos, porque no sería sensato expulsarlo del mercado precisamente al terminar la fase protegida.
También debería evaluarse el coste presupuestario del régimen con distintos escenarios de altas, cierres, ingresos y empleo creado. Menores cuotas no producen automáticamente más negocios viables. Lo que sí pueden hacer es rebajar una barrera de entrada. La magnitud del efecto debe medirse con datos, revisarse periódicamente y ajustarse si el resultado real no coincide con lo previsto.
Hay otra dimensión que considero decisiva: el nuevo autónomo no suele disponer de acceso al crédito en las mismas condiciones que una empresa consolidada. Una cuota inicial moderada no resuelve por sí sola la financiación, pero puede mejorar su liquidez mes a mes. Esa liquidez es especialmente valiosa en actividades estacionales: cuando los ingresos se concentran en unos pocos meses, las obligaciones fijas deben pagarse incluso durante los periodos sin ventas. El propósito de la medida consiste en evitar que la falta de caja destruya proyectos que todavía están buscando su mercado.
También necesitamos definir cuidadosamente qué significa empezar una actividad por primera vez. ¿Cómo trataríamos a quien tuvo un negocio hace muchos años y ahora desea reemprender? ¿Qué sucede con quien cambia de sector? ¿Cómo impedir que una persona cierre y reabra formalmente la misma actividad para acceder de nuevo al beneficio? Son preguntas que exigirían reglas transparentes, verificación proporcional y vías de reclamación. La simplicidad que defiendo no debe confundirse con ausencia de control, sino con normas fáciles de comprender y aplicar.
Y hay una última precaución: las prestaciones no pueden convertirse en la parte invisible de la reforma. La persona que cotiza menos durante cinco años tiene derecho a saber qué protección acumula, quién financia las diferencias y cómo repercute eso en su pensión. Habría que publicar simulaciones comprensibles para distintos perfiles y explicar las consecuencias de las distintas opciones. Solo así podremos hablar de un sistema verdaderamente libre: la libertad necesita información suficiente para tomar decisiones responsables.
Los resultados que quiero comprobar
Defiendo esta reforma porque creo que el Estado debe comprender una diferencia elemental: emprender es asumir incertidumbre, mientras cotizar es una obligación cierta. Cuando una obligación fija aparece antes de que los ingresos se consoliden, puede convertirse en un obstáculo desproporcionado. Una sociedad que quiera más iniciativa económica debe actuar sobre esa asimetría sin comprometer la protección futura.
El éxito del programa no se mediría únicamente por el número de altas iniciales, sino por cuántos proyectos continúan después del quinto año, cuánto empleo formal generan, qué ingresos declaran y qué prestaciones pueden sostener. El objetivo es construir empresas duraderas, no inflar estadísticas de emprendimiento.
Para mí, el liberalismo con alma consiste también en esto: ofrecer libertad para intentarlo y condiciones razonables para que ese intento no se convierta en una condena económica. Quiero una España que reconozca el valor de quien decide dar el primer paso, y que lo acompañe con reglas claras mientras aprende a mantenerse en pie.