La salud mental también es salud
Durante demasiado tiempo hemos hablado del sufrimiento psicológico como si fuera un problema privado que cada persona debía resolver como pudiera. Yo creo que una sociedad digna no puede limitar su respuesta a recomendar paciencia. El duelo, una enfermedad grave, la violencia, el desempleo o la soledad pueden alterar profundamente la vida de una persona. Merecen escucha y atención profesional cuando la necesitan.
El Barómetro Sanitario de 2025 recogido en mi estudio indica que el 19,9% de los adultos manifestó haber necesitado consultar por malestar emocional o un problema de salud mental durante los doce meses anteriores. Ese porcentaje no equivale a un diagnóstico clínico, pero señala una demanda que debemos tomar en serio. La atención pública no debería quedar reservada exclusivamente a cuadros muy graves, mientras quienes presentan problemas iniciales esperan hasta que empeoran.
Una puerta próxima al ciudadano
Propongo integrar de forma estable profesionales de psicología en atención primaria, con circuitos claros de derivación y coordinación con centros especializados. La persona que consulta a su médico por dificultades de sueño, ansiedad persistente o una situación familiar desbordante no debería perderse entre ventanillas. Necesitamos evaluación clínica, apoyo oportuno y acceso a psiquiatría cuando exista una patología que lo requiera.
No todo malestar necesita una terapia prolongada ni todos los casos son iguales. Precisamente por eso hace falta buena capacidad de evaluación y derivación. Un modelo serio distinguiría intervención breve, psicoterapia, apoyo comunitario y atención especializada, con criterios sanitarios transparentes. También respetaría la privacidad, evitando que digitalizar datos sensibles se convierta en un riesgo adicional.
Una meta de planificación, no un estándar universal
La ficha española del Mental Health Atlas 2024 utilizada en mi documento sitúa en 5,8 los psicólogos de salud mental por cada cien mil habitantes. He planteado estudiar una convergencia gradual hacia 12 por cien mil, que supondría del orden de 3.100 profesionales adicionales según la base empleada. Quiero subrayarlo: es una meta propia de planificación, no una recomendación oficial de la Organización Mundial de la Salud.
Antes de transformar esa referencia en plazas habría que comprobar cuántos profesionales pueden formarse, qué perfiles se necesitan y cómo se distribuyen entre sanidad, educación y servicios sociales. También es indispensable valorar los tiempos de acceso: según el Barómetro citado, una parte considerable de quienes llegaron a atención psicológica o psiquiátrica pública esperó más de un mes y algunos más de tres.
Cuidar sin paternalismo
Me preocupa especialmente la atención a personas que atraviesan cáncer u otras enfermedades graves, a quienes han perdido a alguien, a víctimas de violencia y a mayores que viven aislados. La vulnerabilidad no convierte a nadie en menos libre. Al contrario, una ayuda sanitaria adecuada puede devolver autonomía y permitir que una persona recupere capacidad de decisión sobre su vida.
La psicología pública necesita profesionales acreditados, supervisión, evaluaciones de calidad y resultados medibles; no campañas emocionales que luego no se traducen en citas disponibles. Quiero una España donde pedir ayuda no sea un lujo ni una vergüenza. Una sanidad verdaderamente humana entiende que el dolor invisible también merece ser atendido.
Las personas no son expedientes
Cuando alguien busca ayuda psicológica suele llegar después de semanas o meses difíciles. Tener que narrar repetidamente su historia a profesionales que no pueden coordinarse puede agravar esa angustia. Por eso daría importancia a la continuidad asistencial, al consentimiento informado y a la comunicación segura entre los servicios implicados. La rapidez importa, pero la relación terapéutica y la confianza importan igualmente. Ningún algoritmo puede reemplazar por sí solo ese encuentro humano.
La planificación también debe proteger a los profesionales de salud mental frente a agendas imposibles. Una intervención adecuada necesita tiempo clínico, supervisión y criterios claros de derivación. Publicaría tiempos de acceso por territorio, número de citas realizadas y continuidad de tratamientos, pero evitaría convertir la salud mental en una competición de sesiones atendidas. La verdadera medida es ofrecer una ayuda competente, accesible y adecuada a cada caso.
Acceso territorial y continuidad
La disponibilidad real de psicología pública no es idéntica en una gran ciudad y en un municipio pequeño. También puede cambiar mucho según la edad del paciente o el tipo de problema que presenta. Por eso no diseñaría una red únicamente desde ratios nacionales. Haría un mapa de esperas y profesionales por área sanitaria y establecería circuitos de derivación proporcionados, con prioridad clínica para quienes más lo necesitan. La teleatención puede ayudar cuando sea adecuada y consentida, pero no debe convertirse en una excusa para retirar recursos presenciales.
Me preocupa, además, el apoyo a cuidadores y familiares. Cuando alguien enferma gravemente o pierde autonomía, el sufrimiento afecta a todo su entorno. Un acompañamiento público razonable puede prevenir que las dificultades se agraven y ayudar a preservar vínculos y capacidades. Para lograrlo hacen falta coordinación entre servicios y formación de profesionales. Quiero una política que mida también las citas realmente prestadas, la continuidad de atención y la satisfacción informada del usuario, y que no trate el bienestar emocional como un eslogan.
Este artículo desarrolla reflexiones personales basadas en mi estudio «Ley Nacional de Prioridad de los Servicios Esenciales y Reequilibrio del Empleo Público». Sus escenarios y metas de planificación son propuestas propias, no resultados oficiales ni efectos garantizados.