Cuando una Administración promete resolver en un plazo, ese compromiso debe tener consecuencias. De lo contrario, el tiempo del ciudadano vale menos que el del funcionario que representa a la institución. Mi propuesta refuerza los efectos favorables del silencio administrativo en solicitudes de bajo riesgo, siempre que la ley permita esa consecuencia. No afirmo que el silencio positivo sea una novedad absoluta: ya existe en nuestro ordenamiento. Lo que deseo es que funcione con mayor claridad y que sus excepciones no se conviertan en una excusa genérica para posponer decisiones.
No aplicaría este principio mecánicamente a cuestiones ambientales, dominio público, seguridad, salud o materias sometidas a limitaciones específicas del Derecho de la Unión Europea. Tampoco interpretaría una falta de respuesta como autorización para construir donde está prohibido o para realizar una actividad que exige requisitos esenciales. El silencio no debe generar derechos contrarios al ordenamiento. Por eso la primera mejora consiste en clasificar cada procedimiento y explicar, desde el comienzo, qué efecto jurídico tiene el vencimiento del plazo.
Un plazo público debe significar algo
Imagino que al presentar una solicitud la persona recibe un justificante comprensible: fecha de entrada, unidad responsable, plazo máximo, documentación imprescindible y resultado previsto si no hay resolución expresa. Si la Administración necesita subsanar algo, debe comunicarlo con precisión y con los efectos legales correspondientes. No es aceptable mantener al ciudadano en un laberinto donde desconoce si el reloj corre o se ha detenido. La seguridad jurídica empieza por poder conocer las reglas antes de actuar.
También establecería alertas internas para evitar que el vencimiento sea un hábito normalizado. El silencio positivo puede proteger derechos, pero no sustituye la obligación administrativa de resolver. Una Administración excelente responde de forma motivada y dentro de plazo; la regla favorable actúa como salvaguarda frente a su incumplimiento. En una pequeña empresa, esperar sin respuesta puede significar perder un contrato, mantener un local cerrado o renunciar a una inversión.
La transparencia debe permitir comparar organismos y procedimientos. Publicaría porcentajes de resoluciones dentro de plazo y de expedientes que alcanzan el silencio, junto con las razones jurídicas de las exclusiones. No usaría esos números para castigar automáticamente al empleado que afronta carencias de plantilla: servirían para encontrar cuellos de botella, simplificar pasos y asignar medios. Un procedimiento mal diseñado no mejora culpando al último trabajador que lo tramita.
Lo que propongo es cambiar la relación entre poder público y ciudadano. Si el Estado exige puntualidad a la población, debe practicarla. Y cuando su retraso produce efectos, esos efectos han de ser conocidos y legítimos, no improvisados. La confianza en la Administración crece cuando cumple sus compromisos, admite sus retrasos y protege al ciudadano frente a la incertidumbre evitable.
Evitar el incentivo perverso
Es importante que el silencio positivo no se convierta en una invitación a presentar solicitudes incompletas para aprovechar retrasos. El sistema debe registrar subsanaciones con rigor, aplicar exclusiones legales claras y permitir a la Administración corregir actuaciones en los términos previstos por la ley. Me interesa especialmente que el ciudadano conozca las consecuencias antes de invertir dinero. Sería razonable facilitar certificados de situación del expediente y orientación profesional cuando el efecto jurídico sea complejo. La certeza vale más que una promesa vaga de aprobación automática. Mi propuesta pretende desincentivar la inacción institucional, nunca legitimar conductas que ponen en riesgo a terceros.
Para que el silencio administrativo sea una garantía y no una trampa, cada procedimiento debe explicar cuándo empieza el plazo, qué circunstancias pueden suspenderlo y si el efecto final es favorable o no. Publicaría esa información antes de que la persona entregue la solicitud y la repetiría en el justificante. También estudiaría herramientas que permitan solicitar una certificación del efecto producido conforme a la ley. La transparencia resulta especialmente valiosa para pequeñas empresas que tienen que decidir si contratan, compran material o firman acuerdos. Un procedimiento previsible reduce decisiones basadas en rumores y asesoramiento contradictorio.
No perdería de vista la obligación de motivar. Cuando una solicitud se desestima, el ciudadano merece comprender por qué y cuáles son las vías de recurso. Cuando el ordenamiento prevé un silencio favorable, la Administración debe saber cómo registrarlo sin generar inseguridad para terceros. Reformar el silencio exige técnica jurídica, no un eslogan contra los funcionarios. En ocasiones el retraso nace de normas superpuestas o sistemas deficientes y no de falta de compromiso personal. Mi propuesta incluye medir esos cuellos de botella, corregirlos y facilitar que la Administración conteste a tiempo en lugar de normalizar su ausencia.
También conviene una evaluación jurídica previa de las categorías que puedan ampliarse. Una reforma que prometiera efectos positivos generales sin atender a sus límites terminaría generando pleitos y más incertidumbre. Quiero simplificar sin fabricar conflictos futuros, respetando los derechos de terceros y el interés general. La previsibilidad no se improvisa: exige reglas legítimas, formación y seguimiento de las decisiones.
Estas son mis reflexiones personales a partir de mi Propuesta Nacional nº 7 sobre simplificación administrativa y segunda oportunidad. Son reformas que propongo, no medidas ya aprobadas.