Me hago una pregunta cada vez que veo cómo nace una candidatura nueva en España: si dos ciudadanos tienen la misma preparación, trabajan con idéntica seriedad y presentan propuestas contrastables, ¿por qué uno puede acceder inmediatamente a una audiencia nacional mientras el otro apenas consigue llegar a su municipio? El dinero, el tiempo, la organización y la notoriedad previa condicionan el acceso al debate público. Propongo reducir esas barreras respetando la igualdad del voto, la libertad de expresión y el pluralismo.
Primero: distinguir competir de ganar
No pediría escaños por títulos ni cobertura automática en los medios. La representación se obtiene con votos; el interés informativo no puede ser decidido por una autoridad política. Lo que propongo es mejorar las condiciones anteriores a esa decisión: que un ciudadano conozca los caminos de acceso a una candidatura, pueda presentar avales sin obstáculos innecesarios y encuentre canales verificables para dar a conocer su programa. Ganar depende de convencer. Poder competir requiere que las reglas de entrada sean comprensibles, proporcionadas y aplicadas por igual. La equidad no sustituye a la democracia; trata de hacer posible una competencia más abierta.
Una ventanilla electoral verdaderamente accesible
Mi primera propuesta sería crear una plataforma pública de orientación electoral, gestionada con independencia y supervisión de la administración electoral, que explique paso a paso los requisitos de cada proceso. El ciudadano podría consultar plazos, circunscripciones, formularios, representantes, incompatibilidades, financiación y obligaciones de rendición de cuentas. No hablo de una web con documentos dispersos, sino de un itinerario práctico, gratuito y comprensible, accesible también presencialmente. La complejidad administrativa favorece a quien ya cuenta con abogados y equipos organizados. Reducirla no daría ventaja a nadie; evitaría que el desconocimiento técnico se convierta en un filtro político informal. También exigiría que las instrucciones estuvieran publicadas con suficiente antelación y fueran coherentes entre administraciones.
Los avales: protección del sistema, pero no una carrera de obstáculos
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General contempla requisitos distintos para partidos sin representación parlamentaria previa y agrupaciones de electores. En las elecciones generales, el artículo 169.3 establece, con los matices aplicables, un respaldo equivalente al 0,1 % del censo de la circunscripción para determinadas formaciones sin representación anterior y del 1 % para las agrupaciones. La diferencia tiene una justificación legal propia, pero merece una evaluación de proporcionalidad. Antes de modificar porcentajes estudiaría cuántas candidaturas se presentan, cuántas quedan fuera por defectos formales y qué costes administrativos soporta cada vía. Propongo facilitar sistemas de apoyo verificables, seguros y accesibles, incluso digitales si el marco legal y la protección de datos lo permiten, sin reducir el aval a un clic anónimo ni convertirlo en una firma fácilmente manipulable.
Debates comparables sobre propuestas concretas
Mi segunda gran reforma se refiere a la calidad de la conversación democrática. Me gustaría que los medios públicos y los espacios institucionales de información electoral favorecieran, dentro de sus deberes legales de pluralismo y neutralidad, comparaciones estructuradas entre candidaturas que cumplan criterios objetivos. No sería un desfile interminable de eslóganes: todos deberían contestar preguntas comunes. ¿Qué problema quieren resolver? ¿Cuánto costará su reforma? ¿Qué ley habrá que modificar? ¿Cómo se financiará? ¿Qué indicadores permitirán comprobar sus resultados? Estas preguntas, formuladas a todos con la misma exigencia, permitirían evaluar el contenido, no solo la capacidad retórica. Los medios privados conservarían plenamente su libertad editorial; no defiendo una imposición de entrevistas ni de cuotas indiscriminadas.
Transparencia financiera antes y después de la campaña
Otra pieza imprescindible es saber con qué recursos se compite. La legislación ya establece límites, controles y obligaciones de financiación para los partidos. Mi propuesta iría orientada a facilitar la consulta pública de cifras agregadas y comparables: ingresos, financiación privada, gastos de comunicación, actos, proveedores y deudas, respetando los plazos legales y la privacidad de quienes corresponda. Una formación que promete regeneración debería poder explicar de manera sencilla cómo paga su actividad. También considero conveniente enseñar a los votantes a distinguir publicidad electoral contratada, cobertura periodística independiente y contenidos difundidos por terceros. No se debe insinuar que una entrevista haya sido comprada solo porque una candidatura recibe mucha atención. Transparencia es documentación, no sospecha.
Más información útil, menos ventaja acumulada
Los proyectos consolidados suelen disponer de estructuras que no desaparecen al concluir una campaña: sedes, voluntarios, afiliados, conocimiento normativo y reconocimiento público. No sería justo prohibirles utilizar legítimamente esa experiencia. Sí creo que las instituciones pueden reducir barreras sin favorecer a un candidato determinado. Propongo publicar calendarios, guías de financiación y formatos reutilizables para que toda candidatura cumpla obligaciones con menor coste. También impulsaría comparadores públicos neutrales que recojan, con atribución y metodología transparente, las propuestas presentadas oficialmente por las diferentes listas. Sería una herramienta de consulta, no un organismo estatal encargado de declarar qué promesa es mejor. La evaluación crítica debe seguir perteneciendo a periodistas, especialistas y ciudadanos.
La representación tiene una arquitectura que debemos comprender
Hay un debate adicional sobre listas, circunscripciones y reparto de escaños. En el Congreso español las candidaturas se presentan por listas provinciales y la distribución se realiza con reglas establecidas por la LOREG. Esa arquitectura facilita ciertas formas de organización, pero dificulta otras, especialmente proyectos nuevos con apoyo disperso. He defendido dar mayor protagonismo a las personas frente a las estructuras de partido. Aun así, cualquier sistema alternativo tiene efectos sobre proporcionalidad, gobernabilidad, representación territorial y responsabilidad parlamentaria. Propongo estudiar las alternativas con simulaciones electorales y participación ciudadana antes de legislar.
Profesionales preparados, pero sometidos al mismo escrutinio
Aprecio la aportación potencial de economistas, médicos, docentes, investigadores, trabajadores y empresarios. Conozco el esfuerzo que supone preparar propuestas complejas después de cumplir obligaciones profesionales. Pero tampoco creo que una carrera brillante garantice capacidad política. Gobernar exige escuchar, negociar, reconocer errores y proteger derechos de quienes piensan distinto. Precisamente por eso pido una oportunidad de exposición y contraste, no una presunción de superioridad de los profesionales. Si alguien propone bajar impuestos, deberá mostrar riesgos para la recaudación; si promete más viviendas, deberá explicar suelo y financiación; si plantea reorganizar servicios públicos, tendrá que precisar competencias y costes. Las exigencias deben ser equivalentes para todos, famosos o desconocidos.
Cómo comprobaría si estas reformas funcionan
No quisiera sustituir un problema por diez medidas imposibles de evaluar. Mediría el tiempo medio necesario para completar una candidatura, el número de errores formales, los gastos administrativos iniciales, la facilidad de acceso a información electoral y la diversidad efectiva de propuestas disponibles para el votante. También revisaría posibles efectos secundarios: multiplicación de listas testimoniales, confusión informativa, uso abusivo de datos personales o captura de los canales institucionales por organizaciones con más recursos. Las normas se mejorarían con auditorías independientes y un calendario de revisión pública. Una reforma que presume de ampliar oportunidades debería ser capaz de demostrarlo con resultados observables.
La política debe estar abierta sin dejar de ser exigente
Mi visión del Liberalismo con Alma une libertad individual y dignidad humana. Aplicada a la democracia, me lleva a defender que ninguna persona preparada debería quedar excluida del debate público por no pertenecer a una red de influencia, pero tampoco debería recibir privilegios por presentarse como alternativa. La respuesta no es castigar a quienes hoy tienen visibilidad: es reducir costes de entrada, exigir transparencia y crear mejores ocasiones para comparar ideas. He dedicado años a estudiar propuestas económicas y sociales, y sé que el esfuerzo no exime de recibir críticas. Quiero precisamente que los programas se sometan a preguntas difíciles. No necesito una democracia que prometa que todos ganaremos. Necesito una democracia en la que más ciudadanos tengamos una oportunidad razonable de demostrar lo que podemos aportar, y en la que sean finalmente los votantes quienes decidan.
Marco legal de referencia: LOREG, artículos 163 y 169 · Constitución española, artículo 23 · Ley de financiación de partidos ·