Los empleados públicos no son el problema
No comparto las reformas que comienzan desacreditando de forma indiscriminada a los trabajadores de la Administración. Detrás de cada ventanilla, servicio técnico o expediente hay profesionales con experiencia, obligaciones y conocimientos que la sociedad necesita. Criticar tareas innecesarias no equivale a despreciar a quienes las realizan. Mi propuesta de modernización parte precisamente de respetar a las personas mientras cambiamos la organización.
La pregunta es qué hacemos cuando una tarea repetitiva puede simplificarse y qué oportunidades ofrecemos al personal para aportar más valor. Debemos revisar procedimientos, duplicidades y sistemas que obligan a pedir documentos que otra administración ya tiene. Reducir cargas al ciudadano y al empleado puede ser una mejora compartida si se hace con rigor.
Movilidad compatible y formación
El Estatuto Básico del Empleado Público contempla la planificación de recursos humanos y mecanismos de movilidad. Yo propongo utilizarlos con prudencia para crear itinerarios voluntarios de formación y acceso a funciones compatibles: atención ciudadana especializada, gestión sanitaria, contratación pública, análisis de datos, coordinación de servicios o apoyo tecnológico. No prometo conversiones profesionales automáticas.
Para ejercer medicina, enfermería, docencia o funciones policiales hay requisitos de titulación, habilitación y selección que deben respetarse. Saltarse esas reglas perjudicaría a los ciudadanos y a los propios trabajadores. Una modernización responsable busca oportunidades, no atajos. La movilidad entre administraciones, cuando sea adecuada, debería articularse con instrumentos jurídicos claros y acuerdos entre instituciones.
Una digitalización con garantías
La inteligencia artificial puede apoyar la clasificación documental, las citas, notificaciones y comprobaciones formales. Pero no me parece admisible que un sistema automático adopte sin garantías decisiones jurídicas, clínicas o sociales que afectan a derechos. Necesitamos trazabilidad, supervisión humana, protección de datos, posibilidad de revisión y responsabilidad identificable ante errores.
No todo lo digital es más sencillo. Si una persona mayor no puede solicitar una cita porque la única vía es una aplicación compleja, hemos sustituido una cola física por una barrera tecnológica. La eficiencia debe medirse también por accesibilidad. La reforma ha de conservar atención presencial y alternativas razonables allí donde el servicio lo necesite.
Una transformación pactada y evaluada
Quiero introducir planes de modernización que definan qué cambia, qué formación se ofrece, cuántas vacantes se liberan y si realmente disminuyen los tiempos de tramitación. Los trabajadores deben poder participar en la identificación de tareas absurdas: nadie conoce mejor muchos problemas administrativos que quien los afronta cada día.
La administración del futuro no necesita empleados enfrentados al ciudadano, sino profesionales con herramientas para servirlo. Mi propuesta protege derechos y exige resultados; ambas cosas deben ir juntas. Modernizar sin humanidad produciría resistencia y sufrimiento. Mantener procesos inútiles por miedo a cambiar tampoco sería justo para la sociedad.
La innovación empieza escuchando
Antes de contratar una gran plataforma tecnológica, reuniría equipos de empleados de atención al público, juristas, técnicos y usuarios para identificar los puntos donde se atascan los trámites. Muchos obstáculos proceden de requisitos legales contradictorios o formularios mal diseñados. Digitalizarlos sin revisarlos solo crea una burocracia más rápida para el ordenador y casi igual de lenta para la persona. La modernización verdadera empieza por preguntar qué información necesita realmente la Administración y por qué. También exigiría una evaluación específica de accesibilidad, para que ninguna persona se quede sin atención por dificultades tecnológicas o por la desaparición de un canal presencial. Un sistema eficaz debe ofrecer alternativas, no imponerlas como privilegios.
La formación debería adaptarse a la edad, experiencia y función de cada trabajador, sin culpabilizar a quien tiene menos familiaridad digital. Una transformación con acompañamiento reduce errores y mejora la calidad del servicio. Exigiría ensayos piloto, auditorías de accesibilidad y canales de reclamación. Así podemos aprovechar la tecnología para que los profesionales trabajen mejor y el ciudadano tenga una relación más sencilla con las instituciones, sin imponer cambios bruscos ni perder memoria organizativa.
La simplificación debe notarse en la ventanilla
La forma más sencilla de evaluar la modernización es ponerse en la posición de quien solicita una prestación o presenta una documentación. ¿Tiene que aportar varias veces los mismos datos? ¿Conoce el estado de su expediente? ¿Puede hablar con alguien cuando el sistema falla? ¿Recibe una explicación de los plazos? Esas preguntas deberían dirigir el rediseño de procesos antes de adquirir tecnología costosa. El verdadero progreso administrativo se mide en claridad, accesibilidad y decisiones mejor fundamentadas.
Defendería además evaluaciones piloto antes de extender sistemas nuevos a todo el país. Una aplicación puede funcionar bien en una oficina y fallar en otra por falta de formación o por diferencias en los procedimientos. El personal público debe contar con cauces para comunicar errores sin temor, y el ciudadano con alternativas cuando los canales digitales no resulten accesibles. Mi criterio es que la innovación mejore el servicio a ambos lados del mostrador. Un Estado moderno no debe pedir al trabajador que haga más con menos sin explicar cómo.
Este artículo desarrolla reflexiones personales basadas en mi estudio «Ley Nacional de Prioridad de los Servicios Esenciales y Reequilibrio del Empleo Público». Sus escenarios y metas de planificación son propuestas propias, no resultados oficiales ni efectos garantizados.