Cuando se publica una cifra espectacular sobre la riqueza nacional suelo pensar en una mesa de cocina. Allí no se discute el producto interior bruto en términos abstractos: se decide si se puede reparar el coche, pagar los estudios, visitar a un familiar o afrontar una avería. Quiero que la política económica mantenga siempre ese contraste entre el cuadro de mando del país y el presupuesto real de cada hogar.
Mi propuesta empieza por la renta disponible ajustada por el coste de la vida, diferenciada por territorios y tipos de familia. Dos hogares con el mismo ingreso nominal no afrontan las mismas condiciones si uno destina una proporción muy superior a vivienda y transporte. Añadiría la capacidad de ahorro, el sobreendeudamiento y la seguridad ante imprevistos. No se trata de inventar un número mágico, sino de construir un conjunto transparente de métricas que puedan auditarse.
También distinguiría los servicios públicos recibidos del dinero que entra en una cuenta. Una atención sanitaria accesible o una plaza educativa de calidad tienen efectos económicos y humanos que la nómina no recoge. Pero sería engañoso valorarlos únicamente por su presupuesto. Me interesa saber si la consulta llega a tiempo, si el tratamiento evita complicaciones o si la enseñanza mejora posibilidades reales. Gasto y resultado son cosas diferentes.
Para medir distribución utilizaría medianas y percentiles, no solo promedios nacionales. Mostraría la evolución del 20 % de hogares con menores recursos, del hogar mediano y de distintas generaciones, con cautela estadística. Quisiera desagregar los datos por edad, tamaño del hogar y comunidad autónoma, respetando la privacidad. Una política puede elevar la media sin cambiar apenas la vida de quienes más necesitan progresar.
Añadiría una dimensión que suele olvidarse: el tiempo disponible. Un hogar puede tener ingresos aceptables y soportar desplazamientos interminables, trámites complejos o tiempos de espera que reducen su margen para cuidar, estudiar o descansar. No siempre es sencillo traducir ese coste en euros, pero sería un error ignorarlo. El progreso debe facilitar que las personas recuperen capacidad de decidir sobre su propia jornada. En este sentido, transporte, digitalización administrativa y proximidad de servicios también son políticas de bienestar.
Las mediciones no deben presentarse como una verdad única ajena a discusión. Una familia con niños puede priorizar elementos distintos de una persona jubilada o de un trabajador autónomo. Por eso favorecería encuestas públicas transparentes y comparables, junto con datos administrativos rigurosos. Escuchar a la ciudadanía no reemplaza la estadística: ayuda a formular mejores preguntas. Si el indicador se convierte en un objetivo rígido, corremos el riesgo de mejorar el número en vez de mejorar las vidas que supuestamente representa.
Por último, vincularía los objetivos de cada medida pública con un horizonte de evaluación y publicaría los resultados aunque fueran decepcionantes. ¿Una bonificación ha reducido un gasto familiar? ¿La inversión en transporte ha permitido acceder a más empleos? ¿Una reforma ha mejorado ingresos reales? Para mí, llamar riqueza a una cifra no basta. Debemos identificar a qué personas llega, cuánto dura y si amplía su libertad de decidir cómo quieren vivir.