La vivienda que falta
Como economista, he llegado a una conclusión que considero difícil de discutir: una sociedad no puede aspirar a prosperar cuando cada vez más ciudadanos destinan una parte desproporcionada de su esfuerzo a encontrar un hogar. La vivienda condiciona dónde trabajamos, cuándo formamos una familia y cuánto margen tenemos para ahorrar. Por eso no quiero tratarla como un problema aislado del resto de la economía. Es uno de los cimientos sobre los que se construye la libertad real de las personas.
He desarrollado una propuesta de vivienda protegida de nueva generación que no se limita a pedir más presupuesto ni a señalar culpables. Mi planteamiento busca ampliar de manera sostenida la oferta mediante suelo público, promotores que compitan de verdad, construcción industrializada cuando aporte ventajas y precios máximos verificables. Quiero un instrumento capaz de producir vivienda en venta y alquiler, no solamente nuevas estadísticas sobre expedientes iniciados.
Un modelo donde cada parte aporta algo concreto
La Administración puede aportar suelos o derechos sobre ellos mediante instrumentos legalmente admitidos. Los promotores compiten para ofrecer buenas viviendas a precios protegidos y con plazos de entrega definidos. Las comunidades autónomas concretan las reglas de acceso y de vivienda protegida; los municipios intervienen en el planeamiento, la gestión y la ejecución de sus competencias. El Estado fija bases comunes y puede ofrecer financiación vinculada a resultados.
La colaboración público-privada no consiste en regalar patrimonio ni en entregar una autorización sin controles. Significa aprovechar capacidades diferentes: el valor público del suelo, la experiencia del sector constructor y la responsabilidad institucional de supervisar. Prefiero exigir contratos claros y resultados comprobables a anunciar promociones de viviendas que durante años nunca terminan de levantarse.
Proteger el interés general de verdad
Mi anteproyecto incorpora precios máximos de venta o alquiler, protección duradera y límites a las plusvalías especulativas. Cuando se utiliza suelo de todos, el beneficio social debe permanecer a lo largo del tiempo. No tendría sentido que una ayuda pública terminara transformándose en una ganancia privada extraordinaria mediante una transmisión inmediata sin límites.
Quiero que cada actuación publique suelo aportado, viviendas previstas, precio máximo, financiación, empresa adjudicataria y estado real de ejecución. Un proyecto debe poder evaluarse por el número de hogares efectivamente entregados, no por el tamaño de la rueda de prensa. El ciudadano merece conocer qué recibe a cambio de los recursos comunes.
Qué cambiaría en la práctica
Propondría empezar por actuaciones piloto en distintos entornos urbanos, siguiendo desde el primer suelo disponible hasta la adjudicación. Esa experiencia permitiría ajustar contratos, costes y plazos antes de extender el plan. La memoria económica debe incorporar riesgos presupuestarios y no atribuir ahorros que todavía no se han demostrado. Un modelo nacional serio no nace de una cifra publicitaria: nace de procesos reproducibles que pueden mejorar con evidencia.
La pregunta que dirigiría a cualquier gobierno es muy sencilla: ¿cuántos hogares terminaron viviendo mejor gracias a esta actuación? No cuántos proyectos aparecieron en una presentación. Esa exigencia resume mi visión económica: poner la capacidad de producir riqueza al servicio de la dignidad humana.
De la teoría al barrio
Para que esta reforma sea comprensible, me gusta imaginar una actuación concreta: un municipio identifica una parcela apta, la comunidad autónoma determina las condiciones de la vivienda protegida y se organiza un procedimiento competitivo. Las empresas presentan ofertas con precio final, garantías, calidad y calendario. La Administración adjudica conforme a reglas públicas, controla la construcción y publica cada avance. La vivienda deja de ser un anuncio cuando hay un hogar entregado y una familia que puede ocuparlo con seguridad. Parece sencillo, pero exige disciplina en cada fase.
No considero que la intervención pública deba sustituir a todos los promotores privados ni que el mercado deba resolver por sí solo la necesidad de vivienda protegida. Veo una tercera vía práctica: establecer condiciones de acceso y precio y permitir que diferentes operadores aporten capacidad empresarial para cumplirlas. La combinación necesita controles, porque ni el sector público ni el privado están libres de cometer errores. Prefiero un sistema diseñado para detectar y corregir fallos antes que otro sustentado únicamente en la confianza personal de sus responsables.
También me interesa saber qué ocurre después de la entrega. Una política de vivienda no termina cuando se inaugura un edificio. Necesita conservación de zonas comunes, cumplimiento de condiciones de acceso, mantenimiento de la protección y procedimientos razonables para gestionar incidencias. Todos esos costes deben figurar en la planificación financiera. Si el programa no puede sostener las obligaciones futuras, trasladará el problema a los vecinos o a las siguientes administraciones. No quiero soluciones aparentes que generen dificultades nuevas diez años después.
La perspectiva económica exige comparar alternativas: cuánto vale el suelo aportado, cuánto apoyo público necesita el proyecto, cuál será la renta o el precio protegido y durante cuánto tiempo se conservará esa ventaja. No basta con decir que una promoción será asequible; hay que demostrar para quién lo será y en qué condiciones. Esa es la clase de análisis que quiero incorporar al debate español: números verificables, instituciones que colaboren y una finalidad humana muy concreta. Que tener un hogar no se convierta en una carrera imposible.
Una comprobación necesaria
También considero que todo plan de vivienda debe someter sus primeras actuaciones a una evaluación independiente. Antes de ampliar el modelo habría que comparar precios efectivos, costes públicos por hogar, incidencias de calidad y tiempo total desde la identificación del suelo hasta la entrega. Solo con esa información podremos comprobar si esta combinación de instrumentos supera a las alternativas. La responsabilidad económica implica estar dispuesto a cambiar una medida cuando no funciona, incluso si la idea inicial parece atractiva.
Una reforma ambiciosa, pero jurídicamente responsable
No propongo que el Estado sustituya los planes urbanísticos de los ayuntamientos. La distribución constitucional de competencias exige cooperación y respeto a la normativa autonómica y municipal. Tampoco prometo que industrializar la construcción abarate siempre cada obra. Hay que comparar costes totales, calidad, plazos y mantenimiento antes de escoger una técnica.
En mi visión del Liberalismo con Alma, la libertad económica debe servir para ampliar oportunidades humanas. La vivienda protegida de nueva generación es un ejemplo: utilizar competencia y capacidad empresarial con reglas públicas para que más personas puedan vivir con estabilidad. Quiero que el debate deje de medir intenciones y empiece a medir hogares terminados, asequibilidad real y protección del patrimonio común.