Cuando hablo de cambiar el sistema fiscal español no pienso en una rebaja aislada que pueda anunciarse en un titular. Pienso en el modo en que los impuestos influyen en millones de decisiones pequeñas: aceptar un trabajo, declarar un ingreso, abrir una empresa, distribuir un beneficio o invertir el ahorro acumulado. He dedicado tiempo a estudiar esas conexiones porque creo que un sistema tributario no debe valorarse únicamente por lo que extrae de la economía, sino también por la actividad que facilita o dificulta. Mi propuesta IRPF 10 nace de esa mirada y merece explicarse en su totalidad.
La primera regla es proteger íntegramente de IRPF las rentas anuales de hasta 25.000 euros. La segunda fija un gravamen del 10 % sobre toda la renta cuando se supera ese umbral. La tercera plantea un Impuesto sobre Sociedades del 10 %. La cuarta propone eximir en el IRPF determinados dividendos de sociedades limitadas procedentes de beneficios previamente gravados, mientras los dividendos de sociedades anónimas conservarían su tributación personal. Son cuatro piezas de una misma arquitectura. Separarlas puede producir conclusiones equivocadas sobre el objetivo económico de la reforma.
No hay una promesa de recaudación automática. Mi documento reconoce que, antes de introducir cambios de comportamiento, la recaudación directa por IRPF se reduciría notablemente. Sobre datos agregados de 2024 construye una simulación de alrededor de 44.548 millones frente a los 129.408 millones efectivamente recaudados ese año. La diferencia, próxima a 84.860 millones, no es una cantidad que pueda ignorarse ni cubrirse con una frase optimista. Es precisamente la magnitud del problema que cualquier análisis presupuestario responsable debe resolver.
La razón para estudiar la propuesta pese a esa dificultad está en el comportamiento de la economía real. Una menor tributación sobre renta disponible puede permitir más consumo, ahorro o inversión; una fiscalidad clara puede facilitar el cumplimiento; y una actividad más formalizada puede generar bases para IVA, cotizaciones y tributación empresarial. Pero cada decisión depende de hogares y empresas, de su situación financiera y de la confianza en el futuro. No todo euro que deja de recaudar Hacienda se convierte en consumo, ni todo proyecto que parece rentable termina creando empleo.
La simplificación tiene valor económico propio. Un autónomo que entiende sus obligaciones, una pequeña empresa que puede planificar sus impuestos y una familia que conoce con claridad su renta disponible ahorran tiempo e incertidumbre. Esos ahorros cuentan, aunque no figuren inmediatamente en una declaración tributaria. Naturalmente, la simplicidad no debe confundirse con ausencia de control: un sistema de tipos moderados necesita seguir persiguiendo operaciones ficticias, fraude y trasvases artificiales entre salarios, beneficios y dividendos.
Hay también límites que no oculto. El umbral de 25.000 euros crea un salto brusco de cuota cuando se supera por un euro, porque mi diseño grava entonces el conjunto de la renta. Esa discontinuidad exige un examen serio de incentivos y posibles alternativas. También habría que estudiar la financiación autonómica, la compatibilidad de la exención de dividendos con el principio de igualdad y el modo de evitar que una remuneración laboral se transforme artificialmente en reparto societario.
Por eso propongo empezar por una memoria económica independiente basada en microdatos anonimizados, no por una fecha de entrada en vigor decidida de antemano. Habría que construir escenarios prudentes, publicar efectos distributivos, estudiar la pérdida transitoria y definir indicadores de formalización, inversión, consumo y recaudación. La evaluación externa al cabo de tres años formaría parte del propio diseño. Una reforma tan grande debe poder corregirse si los resultados contradicen sus hipótesis.
Una reforma con vocación nacional necesita también legitimidad democrática. No bastaría con estudiar su impacto medio: habría que explicar quién gana, quién pierde y en qué horizonte, y publicar los compromisos de financiación territorial. Considero fundamental que el ciudadano pueda leer en lenguaje comprensible el destino de sus impuestos y las consecuencias de sustituir un modelo por otro. Esa transparencia debería preceder a cualquier votación legislativa.
Creo que España merece discutir una fiscalidad distinta sin caer ni en la promesa milagrosa ni en la negativa automática. Mi intención es abrir esa discusión con números, decisiones y responsabilidades sobre la mesa. La verdadera pregunta no es si un 10 % suena atractivo: es si podemos diseñar un conjunto coherente de incentivos, financiación y garantías que mejore el bienestar sin comprometer servicios esenciales. Ese es el debate que quiero impulsar.