Defender la salud animal sin simplificaciones
La resistencia a los antimicrobianos es un desafío sanitario que exige prudencia y cooperación entre medicina humana, veterinaria y producción alimentaria. Al mismo tiempo, ningún ganadero debería sentir que la política pretende impedir tratar a un animal enfermo. Mi propuesta distingue precisamente entre uso clínicamente necesario y administración injustificada. España ya ha avanzado en la reducción del consumo de antibióticos veterinarios, por lo que no partimos de cero. Quiero consolidar esa tendencia apostando por prevención, mejores instalaciones y prescripción responsable. El bienestar animal, la seguridad alimentaria y la viabilidad de las granjas deben abordarse juntos. Convertir esta cuestión en una acusación general contra la ganadería sería injusto e ineficaz.
Prevenir antes de medicar
Invertir en bioseguridad significa gestionar entradas, limpieza, condiciones de alojamiento, ventilación y protocolos para detectar enfermedades. También significa vacunación adecuada cuando esté indicada y acompañamiento veterinario continuo. Son medidas que pueden reducir problemas antes de que sea necesaria una intervención farmacológica. Pero requieren dinero y conocimientos, especialmente en granjas pequeñas. Propondría ayudas para adaptar instalaciones y formación práctica con criterios sanitarios verificables. No financiaría obras por el mero hecho de ejecutarse; exigiría mantenimiento y evaluación. Una explotación que mejora sus condiciones puede proteger mejor a los animales y trabajar con más estabilidad. Es una inversión en prevención, no una condena de los tratamientos.
Trazabilidad y responsabilidad profesional
La reforma contempla reforzar la trazabilidad digital de la prescripción y administración de antimicrobianos. Es fundamental saber qué se utiliza, por qué se prescribe y cómo evolucionan los resultados, siempre respetando la protección de datos y evitando cargas administrativas inútiles. Los controles deberían concentrarse en usos preventivos injustificados y situaciones de riesgo, no en castigar a quien aplica un tratamiento veterinario necesario. Los profesionales deben conservar su criterio clínico dentro de la legislación. También escucharía a cooperativas y organizaciones agrarias para que las herramientas informáticas sean viables en explotaciones con recursos limitados. La información debe ayudar a detectar problemas, no convertirse en una montaña de formularios.
La prevención tiene un coste que hay que reconocer
Si la sociedad exige instalaciones más saludables y buenas prácticas, debe reconocer que algunas mejoras precisan inversiones iniciales. Las explotaciones familiares no disponen de la misma capacidad de financiación que un gran operador. Una ayuda bien diseñada puede acelerar la modernización sin distorsionar indefinidamente el mercado. Establecería indicadores de bienestar, enfermedades, prescripciones y cumplimiento, con auditorías proporcionadas al riesgo y al tamaño. También evitaría anunciar objetivos de reducción universal desconectados de la evolución epidemiológica: hay años en que una enfermedad exige respuestas adecuadas. El objetivo es reducir lo innecesario, nunca poner en peligro al animal o comprometer la salud pública.
Una visión de salud compartida
Yo entiendo la política sanitaria como una continuidad entre el entorno, los animales y las personas. Los antibióticos son herramientas valiosas precisamente porque debemos preservarlos. Me gustaría que la evolución del consumo se comunicase con datos comparables y sin triunfalismo, reconociendo los avances logrados por veterinarios y ganaderos. Esta propuesta no intenta enfrentar a consumidores con productores; busca que colaboren bajo reglas científicas y transparentes. Proteger la eficacia futura de los tratamientos, cuidar el bienestar animal y mantener explotaciones viables son objetivos compatibles. Una buena reforma será aquella que permita avanzar en los tres y corrija a tiempo sus efectos indeseados.
Del proyecto a los resultados
Antes de extender estas medidas a todo el territorio, defendería proyectos piloto con evaluación independiente y participación de los profesionales afectados. Es esencial analizar costes reales, capacidad de gestión, impactos sobre pequeños productores y efectos sobre los consumidores, especialmente en hogares con menor renta. Las administraciones tienen el deber de facilitar la adaptación y de explicar con claridad qué resultados están observando. Una mejora solo merece consolidarse si protege la salud, respeta el marco jurídico y ofrece beneficios verificables sin trasladar costes injustos a otras personas.
Además, las medidas preventivas requieren continuidad. Una mejora de instalaciones pierde eficacia si después faltan revisiones veterinarias o recursos para el mantenimiento. Es preferible un programa técnicamente sencillo y sostenido que una sucesión de campañas sin seguimiento. Ganaderos, veterinarios y administraciones deben compartir responsabilidades concretas y datos comprensibles.
Estas son mis reflexiones personales basadas en la Propuesta Nacional nº 6, «Agua, alimentación saludable y reducción de plásticos». Las medidas descritas son propuestas de reforma, no normas aprobadas.
Responsabilidad y aplicación práctica
Me gustaría además que los resultados de prevención llegasen al consumidor sin provocar una falsa sensación de peligro en el sistema alimentario. Si los avances en salud animal reducen el uso innecesario de antimicrobianos, se debe explicar qué se ha conseguido y con qué controles. No tendría sentido simplificar la situación mediante etiquetas que hagan creer que una carne vendida legalmente es peligrosa por definición. Las enfermedades animales existen y requieren diagnóstico y tratamiento cuando corresponda. En mi planteamiento, el veterinario desempeña un papel central como profesional responsable de la prescripción, mientras el ganadero necesita protocolos comprensibles y recursos para aplicarlos. También revisaría las consecuencias económicas de nuevas inversiones, porque cualquier aumento descontrolado del coste de producir acaba afectando a pequeñas explotaciones y consumidores. La prevención es una responsabilidad compartida entre administración, ciencia y sector productivo. Deberíamos debatirla con datos y reconocimiento, no con culpabilización. Ese espíritu es el que quiero trasladar a una futura reforma.