Hay una pregunta que considero imprescindible cuando alguien se declara liberal: ¿libertad para quién? No me basta con que una ley proclame que todos podemos emprender, trabajar, estudiar o cambiar de residencia. Si una persona nace en un entorno donde apenas existen recursos, si vive con una discapacidad que dificulta su autonomía o si atraviesa una situación económica extrema, las mismas palabras escritas en el boletín oficial pueden describir realidades muy distintas. Mi liberalismo empieza por reconocer esa distancia entre la libertad que se promete y la que realmente se puede ejercer.
Defiendo la iniciativa privada, la propiedad, el derecho a elegir y la responsabilidad individual. No considero que sean privilegios reservados a quien tenga dinero. Son instrumentos capaces de multiplicar oportunidades y limitar la concentración del poder. Precisamente por eso me preocupa que se invoquen para justificar la indiferencia. Una sociedad que tolera que sus miembros más vulnerables carezcan de acceso efectivo a la salud, a la educación o a una protección básica no puede presumir de haber resuelto el problema de la libertad.
La protección pública tampoco está exenta de errores. Una ayuda mal diseñada puede convertirse en un laberinto administrativo, desincentivar un esfuerzo adicional o quedarse atrapada en intermediarios. Reivindicar la dignidad de quienes la necesitan no obliga a aprobar cualquier subvención. Obliga a evaluar su alcance, escuchar a sus destinatarios y corregir sus fallos. Quiero un Estado que sea exigente consigo mismo antes de exigir a los ciudadanos un agradecimiento permanente.
Pienso en una persona mayor que necesita asistencia para permanecer en su casa y en un joven sin una red familiar que le permita realizar prácticas o estudiar lejos. No son ejemplos para conmover al lector y cerrar el debate. Son pruebas concretas de diseño institucional: ¿qué barreras encuentran?, ¿cuánto tarda una solución?, ¿cuánto cuesta?, ¿qué alternativas les damos? Medir la libertad exige observar las puertas que se pueden abrir y las que permanecen cerradas.
También conviene distinguir entre garantizar una oportunidad y garantizar un resultado. La primera obligación pública es corregir barreras injustas; la segunda, si se interpreta como uniformidad absoluta, puede limitar la libertad que pretendemos ampliar. Un programa de apoyo debe facilitar que una persona recupere autonomía, no convertirla en destinataria permanente de decisiones ajenas. Para hacerlo bien hacen falta itinerarios flexibles, formación accesible y acompañamiento cuando sea necesario, sin olvidar que algunas personas precisarán cuidados sostenidos durante toda su vida.
Esta visión me obliga a cuestionar incluso propuestas que suenan bien dentro de mi propia tradición ideológica. Si reducir un trámite beneficia a miles de emprendedores, lo defenderé; si eliminar una protección deja a pacientes vulnerables sin opciones, pediré examinar alternativas. No quiero un liberalismo convertido en un catálogo de respuestas automáticas. Prefiero someter cada medida a una pregunta humana y otra institucional: ¿amplía de verdad la libertad de las personas y puede mantenerse de manera transparente, justa y responsable?
Mi posición no pretende eliminar todas las desigualdades ni prometer una vida libre de dificultades. Pretende que nadie quede condenado de antemano por circunstancias que no eligió. Quiero que la economía genere riqueza, que el trabajo y la innovación reciban recompensa y que los servicios esenciales permitan sostener el proyecto de vida de quienes parten con desventaja. Una libertad que se desentiende de ellos corre el riesgo de convertirse en una palabra cómoda para quienes ya la disfrutan.