En octubre de 2026, España alcanzó un nuevo récord histórico en su mercado laboral, con más de 22,6 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. Este dato, que podría interpretarse como un síntoma de fortaleza económica, tiene detrás un fenómeno relevante: la regularización de migrantes, que ha incorporado a casi medio millón de personas al empleo formal. Desde mi perspectiva, este avance debe ser valorado con cautela y acompañado de un análisis crítico sobre la naturaleza del empleo y las condiciones que lo rodean.
El proceso de regularización ha permitido que muchas personas accedan a un empleo legal y protegido, lo que es un paso fundamental para combatir la economía sumergida y la precariedad. Sin embargo, la afiliación a la Seguridad Social no garantiza por sí sola que el empleo sea digno, estable o suficiente para construir un proyecto de vida. La realidad es que la precariedad laboral, los bajos salarios y la dificultad para acceder a una vivienda asequible siguen siendo retos estructurales en España, como señalan diversos estudios y encuestas recientes.
La Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística revela que en 2025 más de una cuarta parte de la población española estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, una cifra que apenas ha mejorado en los últimos años. Esto indica que, aunque haya más personas trabajando, muchas no logran salir de la vulnerabilidad económica. El salario medio anual ha aumentado, pero no siempre alcanza para cubrir los gastos básicos, especialmente en contextos urbanos donde la vivienda se ha convertido en una barrera para la emancipación y la estabilidad familiar.
Desde mi experiencia como economista, creo que el empleo debe ser un medio para vivir dignamente, no un fin estadístico. Por eso, cuando celebramos récords de empleo, debemos preguntarnos qué tipo de contratos se están firmando, qué sectores están creciendo y cómo se distribuyen estas oportunidades. En este sentido, es alentador que la temporalidad haya disminuido significativamente en los últimos años, especialmente entre los jóvenes, pero la calidad del empleo sigue siendo un tema pendiente.
Además, la concentración geográfica del empleo generado por la regularización, principalmente en comunidades como Cataluña y Madrid, plantea preguntas sobre la equidad territorial y la necesidad de políticas que fomenten el desarrollo en otras regiones. La integración social de los migrantes regularizados también requiere atención, no solo desde el punto de vista laboral, sino en términos de acceso a servicios, educación y participación ciudadana.
Otro aspecto que considero crucial es la relación entre el empleo y la calidad de vida. El crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo no se traducen automáticamente en bienestar si no se acompaña de políticas que garanticen derechos sociales, vivienda asequible y servicios públicos eficientes. La vivienda, en particular, se ha convertido en un factor determinante para la movilidad social y la estabilidad familiar. Sin un acceso razonable a un hogar, el empleo pierde parte de su sentido como herramienta de progreso personal.
En este contexto, la política pública debe ir más allá de las cifras y enfocarse en la experiencia concreta de las personas. La regularización de migrantes es una medida positiva que abre puertas, pero debe complementarse con acciones que aseguren condiciones laborales justas, formación continua y protección social. La economía española tiene la oportunidad de aprovechar este impulso para construir un mercado laboral más inclusivo y sostenible, pero para ello es necesario un compromiso real con la dignidad y el bienestar de todos los trabajadores.
Finalmente, me parece fundamental que el debate público incorpore indicadores de bienestar que reflejen no solo la cantidad de empleo, sino su calidad y el impacto en la vida cotidiana. Solo así podremos evaluar con rigor si estamos avanzando hacia una sociedad donde trabajar permita realmente vivir mejor, y no simplemente sobrevivir. La creación de empleo es un paso necesario, pero insuficiente si no se traduce en oportunidades reales para construir un futuro digno y estable.
En definitiva, el récord de empleo en España es una noticia positiva, pero también un llamado a la reflexión y a la acción. La regularización de migrantes ha sido un motor importante, pero el desafío es garantizar que ese empleo sea una base sólida para la justicia social y la calidad de vida. Solo con políticas integrales y un enfoque centrado en las personas podremos transformar las cifras en progreso tangible para toda la sociedad.