La comida también forma parte del cuidado
Un hospital no cuida únicamente con tratamientos y un colegio no educa solamente con libros. La alimentación que ofrecen ambos forma parte de su responsabilidad cotidiana. Mi propuesta aspira a incorporar más alimentos frescos, de temporada y mínimamente procesados cuando sea nutricional y logísticamente apropiado. No presento todos los productos procesados como perjudiciales ni propongo eliminar de golpe conservantes autorizados. Las dietas hospitalarias exigen prescripción, seguridad y adaptación clínica, mientras los comedores escolares deben atender necesidades nutricionales y alergias. La reforma debe comenzar por profesionales de nutrición, cocina, sanidad y contratación pública, no por menús improvisados desde un despacho.
Comprar mejor no siempre significa comprar más caro
Como economista, analizaría el coste integral del servicio: materias primas, desperdicio, energía, conservación, preparación y satisfacción de usuarios. Hay ocasiones en que una planificación de temporada puede mejorar la calidad y controlar gastos; en otras, exigencias mal formuladas encarecen sin beneficios. Por eso no prometería ahorros automáticos. Revisaría menús, contratos y procesos de recepción, con indicadores de seguridad alimentaria y desperdicio. También incorporaría formación de los equipos de cocina y plazos de adaptación. Comprar alimentos frescos resulta inútil si no existen instalaciones adecuadas para almacenarlos y prepararlos con garantías.
Las reglas europeas importan
El sector público no puede reservar contratos simplemente a productores de una provincia cuando ello vulnera la igualdad de acceso a la licitación. Mi propuesta lo reconoce expresamente. En su lugar, utilizaría criterios vinculados al objeto del contrato, como frescura, temporada, reducción de embalajes, bienestar animal, producción integrada y huella ambiental acreditable. Cualquier licitador que cumpla los requisitos debe poder competir. De esa forma, un productor cercano puede resultar competitivo por sus capacidades reales sin recibir una preferencia territorial automática. La transparencia en las adjudicaciones sería indispensable para que ninguna reforma se convierta en una excusa para favorecer a proveedores habituales.
Educar y cuidar con coherencia
Me gustaría que los colegios aprovecharan el comedor para enseñar de dónde vienen los alimentos, cómo cambian las estaciones y por qué reducir desperdicios ayuda a las familias. Sin convertir la alimentación en una lección moral que culpabilice a nadie, se pueden transmitir hábitos útiles de salud y cuidado ambiental. En hospitales y residencias, las prioridades clínicas y las preferencias de pacientes requieren atención especial. Escucharía a asociaciones de familias, equipos sanitarios y responsables de cocina antes de imponer cambios. La calidad incluye el sabor, la aceptación de los menús, las necesidades culturales y la dignidad de quien come. Una bandeja de comida no es un indicador abstracto: llega a una persona concreta.
Medir para mejorar cada menú
La reforma necesita objetivos alcanzables, auditorías sanitarias e indicadores comprensibles sobre calidad nutricional, frescura, desperdicio y coste. Si los resultados no mejoran, habría que revisar los contratos y escuchar a quienes preparan y reciben los alimentos. No quiero políticas de escaparate ni fotografías de productos saludables que desaparezcan después de la visita oficial. Quiero colegios donde los niños coman bien y hospitales donde el servicio alimentario apoye la recuperación y el bienestar. Cuando una administración compra comida, maneja dinero público y también influye directamente en la vida de las personas. Esa doble responsabilidad merece profesionalidad, humanidad y una evaluación constante.
Del proyecto a los resultados
Antes de extender estas medidas a todo el territorio, defendería proyectos piloto con evaluación independiente y participación de los profesionales afectados. Es esencial analizar costes reales, capacidad de gestión, impactos sobre pequeños productores y efectos sobre los consumidores, especialmente en hogares con menor renta. Las administraciones tienen el deber de facilitar la adaptación y de explicar con claridad qué resultados están observando. Una mejora solo merece consolidarse si protege la salud, respeta el marco jurídico y ofrece beneficios verificables sin trasladar costes injustos a otras personas.
También tendría en cuenta a profesionales que preparan dietas para personas vulnerables. El cambio alimentario debe adaptar texturas, alergias, restricciones clínicas y diversidad de necesidades individuales. Un menú saludable no es un producto uniforme; su calidad depende de que sea adecuado para quien realmente lo va a consumir.
Estas son mis reflexiones personales basadas en la Propuesta Nacional nº 6, «Agua, alimentación saludable y reducción de plásticos». Las medidas descritas son propuestas de reforma, no normas aprobadas.
Responsabilidad y aplicación práctica
No olvidaría tampoco la dignidad del trabajo de cocina y distribución. Las personas encargadas de preparar cientos de comidas al día conocen limitaciones de tiempos, proveedores, equipamiento y conservación que una reforma administrativa debe considerar. Les daría voz desde el primer diagnóstico y evitaría imponer cambios sin formación ni medios suficientes. También escucharía a familias y pacientes, con encuestas que permitan detectar si se desperdicia más comida o si algunos menús resultan difíciles de aceptar. La calidad nutricional importa, pero un plato rechazado no alimenta a nadie. En colegios estudiaría mecanismos de educación alimentaria adaptados a la edad y sin estigmatizar a niños por las decisiones o los recursos de sus familias. En hospitales la dieta debe seguir respondiendo al criterio sanitario individual. Para mí, un buen contrato alimentario equilibra salud, seguridad, coste, servicio y bienestar humano, en vez de reducirlo todo a un único indicador ambiental.