Cuando observo las diferencias entre los regímenes fiscales de España, me hago una pregunta sencilla: ¿estamos diseñando un sistema que todos los ciudadanos puedan comprender y considerar justo? No necesito convertir a quienes invierten en enemigos de quienes emprenden. Necesito que la ley explique, con transparencia, por qué existen tratamientos distintos y qué beneficio público persiguen.
Las SICAV que cumplen las condiciones legales pueden tributar al 1 % en el Impuesto sobre Sociedades. Desde 2022 se reforzaron los requisitos para acceder a ese tipo, incluida la exigencia de accionistas con una inversión mínima computable. Ahora bien, sería inexacto concluir que sus inversores pagan únicamente un 1 % por toda su renta: la tributación de la sociedad y la de sus accionistas son planos distintos. Del mismo modo, la cuota de autónomos y el IRPF no son un único impuesto comparable con ese porcentaje.
Me interesa examinar el resultado económico completo: gravamen efectivo a lo largo del ciclo de inversión, tributación cuando se materializan beneficios, riesgos soportados y costes de cumplimiento. También quiero saber si una forma jurídica permite diferir impuestos de una manera inaccesible en la práctica al pequeño empresario.
Defiendo que el esfuerzo de una persona que abre un comercio, crea empleo o invierte sus ahorros sea tratado con criterios comprensibles y proporcionales. Propongo publicar comparaciones oficiales de casos equivalentes, mostrar su carga acumulada y revisar los privilegios que no tengan justificación verificable. La igualdad fiscal no consiste en fingir que todas las actividades son idénticas, sino en exigir que cualquier diferencia pueda explicarse públicamente.
Cuando hablo de equidad tributaria no hablo de castigar el capital. Hablo de construir confianza. Un Estado justo debe ser capaz de mirar a la cara tanto a quien ahorra como a quien madruga para levantar la persiana y explicarles las reglas con la misma honestidad.