Imaginemos dos países con un nivel parecido de renta por habitante. En uno, las familias viven con más seguridad, los jóvenes encuentran oportunidades, los mayores reciben atención y las instituciones funcionan con previsibilidad. En el otro, la vivienda absorbe gran parte de los ingresos, la burocracia consume tiempo y demasiadas personas se sienten solas o excluidas. ¿Diríamos que ambos son igualmente ricos? Desde cierta estadística, quizá se aproximen. Desde la experiencia humana, la diferencia es inmensa. Por eso creo que debemos revisar cómo contamos la historia de nuestro progreso.
No quiero restar importancia al producto interior bruto. Como economista, sé que mide actividad y permite comparaciones útiles. Tampoco desprecio la inversión, la productividad o la sostenibilidad presupuestaria. Sin una base económica sólida, los derechos sociales y los servicios públicos se vuelven más difíciles de sostener. Pero existe una confusión que debemos superar: tomar una medida de producción como si fuera una descripción completa del bienestar. El PIB sirve para entender una parte de la realidad, no para decidir por sí solo si una sociedad vive bien.
Lo que una cifra agregada deja fuera
La riqueza material puede coexistir con desigualdades profundas, viviendas inaccesibles y una sensación extendida de inseguridad. También pueden mejorar determinadas estadísticas mientras empeora la calidad del tiempo de las familias o la salud de los vínculos comunitarios. No digo que esos fenómenos sean fáciles de medir ni que exista un indicador perfecto. Digo que merecen atención. La economía debería ayudarnos a comprender la vida, no sustituirla por una tabla.
La Encuesta de Condiciones de Vida de 2025, publicada por el Instituto Nacional de Estadística, situó en un 25,7 % a la población en riesgo de pobreza o exclusión social. No significa que todas esas personas vivan la misma situación, pero sí evidencia que el bienestar agregado convive con vulnerabilidades significativas. La metodología del INE permite comprender mejor estas dimensiones. Me parece un recordatorio útil: crecer es importante, pero importa también saber quién participa de ese crecimiento.
La dignidad necesita condiciones concretas
Cuando hablo de una vida digna no me refiero a una aspiración abstracta. Pienso en poder acceder a un hogar razonable, recibir atención sanitaria de calidad, trabajar sin vivir permanentemente al límite y disponer de tiempo para las personas queridas. Pienso también en la seguridad jurídica de quien emprende, en una educación que abra oportunidades y en una administración que respete a sus ciudadanos. Son objetivos distintos, pero están conectados. Ninguno se sostiene sin instituciones eficaces y una economía capaz de crear recursos.
Por eso me interesa hablar de desarrollo y crecimiento socioeconómico integral. Lo concibo como un marco que combina prosperidad material, oportunidades, calidad de los servicios, cohesión social y sostenibilidad. No lo presento como una nueva estadística oficial ni como una solución milagrosa. Es una forma de recordar que el éxito de una decisión pública debe examinarse desde varias perspectivas a la vez. Un proyecto puede aumentar actividad económica y, sin embargo, generar costes sociales que conviene reconocer antes de celebrarlo sin matices.
Gobernar exige medir y corregir
Me gustaría que las administraciones establecieran objetivos públicos comprensibles y comunicaran resultados sin esconder las dificultades. ¿Cuánto tarda una familia en acceder a un servicio? ¿Cuánto tiempo consume un trámite? ¿Qué oportunidades tienen los jóvenes de independizarse? ¿Cómo evolucionan la salud y el aprendizaje? ¿Qué ocurre con las personas que parten de mayor vulnerabilidad? Son preguntas que pueden abordarse con indicadores diversos, datos abiertos y evaluación independiente.
También hay que aceptar que las políticas tienen costes y compensaciones. Un gasto puede ser valioso, pero necesita financiación sostenible. Una regulación puede proteger un derecho y al mismo tiempo introducir obstáculos inesperados. Una inversión puede generar empleo y requerir cambios urbanos. Gobernar bien implica reconocer esas tensiones, escuchar a los afectados y rectificar cuando la evidencia lo aconseja. La dignidad humana no está reñida con la disciplina económica; depende en buena medida de que las decisiones sean sostenibles.
Yo quiero un país en el que prosperar no sea motivo de sospecha y la vulnerabilidad no sea motivo de abandono. Donde quienes crean valor puedan hacerlo con libertad y quienes necesitan apoyo reciban oportunidades reales. Donde la política no confunda anuncios con resultados ni el bienestar con una cifra aislada. La verdadera riqueza de una nación no se define únicamente por lo que produce o acumula. Se reconoce, sobre todo, en las vidas que sus ciudadanos pueden construir gracias a ello. Ese debería ser, para mí, el objetivo más alto de nuestra economía y de nuestra convivencia.
Esta visión exige también honestidad con los límites del conocimiento. El bienestar incluye dimensiones subjetivas que son importantes, pero difíciles de comparar sin contexto. No deberíamos fabricar un número único que aparentara resolver todas las discusiones. Es preferible utilizar un cuadro comprensible de indicadores y explicar qué mide cada uno, cuáles son sus limitaciones y cómo evoluciona. Además, importa desagregar los resultados: una mejora media puede ocultar retrocesos en ciertos barrios o generaciones. Si medimos para gobernar mejor, la transparencia debe incluir también las malas noticias. Solo así la evaluación dejará de ser propaganda y se convertirá en aprendizaje institucional.