La transición energética es, sin duda, una de las transformaciones más relevantes que enfrentamos en el siglo XXI. En el contexto iberoamericano, el presidente Pedro Sánchez ha reivindicado este proceso como un motor de empleo y reindustrialización, destacando que la apuesta por energías limpias puede fortalecer la competitividad empresarial y evitar la destrucción de puestos de trabajo ante crisis económicas. Esta visión, expuesta en el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, resalta tres grandes oportunidades: enfrentar la emergencia climática, aliviar la factura energética y favorecer la cohesión territorial mediante la reindustrialización.
Sin embargo, al reflexionar sobre estas afirmaciones, me parece imprescindible abordar la transición energética no solo desde una perspectiva económica o ambiental, sino también desde una mirada social que ponga en el centro a las personas más vulnerables. En Iberoamérica, la pobreza energética sigue siendo una realidad que limita la libertad y la dignidad de muchas familias. El acceso precario o costoso a la energía obliga a decisiones difíciles, como elegir entre calentar el hogar o cubrir otras necesidades básicas. Por ello, cualquier impulso hacia la transición debe garantizar que no se convierta en un factor que agrave las desigualdades existentes.
El empleo generado por la transición energética es un objetivo legítimo y necesario, pero no basta con contabilizar puestos de trabajo en términos absolutos. Es fundamental analizar qué tipo de empleo se crea, en qué condiciones laborales y si realmente contribuye a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. La transformación puede abrir oportunidades en sectores tecnológicos y de servicios vinculados a las energías renovables, pero también puede dejar atrás a quienes dependen de industrias tradicionales o trabajan en economías informales, que son muy relevantes en la región.
Además, la eficiencia energética y la rehabilitación de viviendas son elementos clave para reducir gastos recurrentes y mejorar la salud y el confort de las personas. Sin embargo, estas acciones suelen requerir inversiones iniciales que no están al alcance de todos, especialmente de los hogares con menos recursos. Por tanto, las políticas públicas deben diseñarse con criterios de equidad, asegurando que las mejoras en eficiencia no se traduzcan en una carga adicional para quienes ya enfrentan dificultades económicas.
En este sentido, la experiencia española y europea puede ofrecer aprendizajes valiosos. La transición energética debe ir acompañada de medidas que promuevan la formación y capacitación de los trabajadores, especialmente aquellos que podrían quedar desplazados por el cambio tecnológico. La educación y la movilidad social son factores determinantes para que el mérito y el esfuerzo puedan desplegarse en condiciones más equitativas, pero esto requiere políticas que reconozcan y mitiguen las desigualdades de origen y acceso a oportunidades.
Asimismo, la creación de empleo en el sector público y privado debe orientarse hacia la calidad y la sostenibilidad, no solo hacia la cantidad. La transformación del modelo energético puede ser una palanca para reindustrializar territorios que han quedado al margen de grandes proyectos, contribuyendo a la cohesión territorial. Pero esto exige una planificación cuidadosa que evite la precarización laboral y garantice derechos y condiciones dignas para los trabajadores.
Finalmente, la transición energética en Iberoamérica debe entenderse como un proceso complejo que requiere diálogo entre gobiernos, empresas, sindicatos y sociedad civil. La atracción de inversiones es importante, pero debe ir acompañada de un marco regulatorio claro y estable que asegure la rentabilidad económica sin sacrificar la justicia social y ambiental. Solo así podrá convertirse en una verdadera oportunidad para el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de todas las personas en la región.
En conclusión, comparto la visión de que la transición energética puede ser un motor de empleo y crecimiento en Iberoamérica, pero insisto en que su éxito dependerá de la capacidad para integrar objetivos ambientales con políticas sociales que promuevan la equidad y la inclusión. La transformación energética no es un fin en sí mismo, sino un medio para construir sociedades más justas y resilientes frente a los desafíos del presente y del futuro.