El delito también ha cambiado
La imagen tradicional de la seguridad ciudadana suele asociarse a patrullas, presencia en las calles y vigilancia física. Todo eso sigue siendo necesario, pero hoy una parte del daño sucede detrás de una pantalla. Una familia puede perder sus ahorros por una estafa informática, una pequeña empresa puede sufrir un ataque que paralice su actividad o una persona mayor puede ser engañada por alguien que utiliza tecnología y datos con enorme eficacia.
Por eso quiero que la planificación policial se apoye en el riesgo real, no en campañas de miedo. Mi estudio recoge que en 2025 la criminalidad convencional descendió un 0,2%, mientras la cibercriminalidad aumentó un 5,3% y alcanzó 489.248 infracciones. No es correcto afirmar que todos los delitos estén creciendo a la vez. Sí es razonable reconocer que los delitos digitales plantean necesidades nuevas.
Especialización y cercanía deben convivir
Propongo reforzar equipos especializados en estafas digitales, investigación tecnológica, inteligencia financiera y recogida de pruebas electrónicas, sin abandonar los delitos contra las personas ni la seguridad de proximidad. Una denuncia por fraude informático requiere profesionales con herramientas, formación y tiempo. Si quienes investigan carecen de medios, las víctimas pueden sentir que el sistema no tiene respuesta.
También debemos adaptar el despliegue policial a municipios turísticos, zonas con población flotante y áreas donde los tiempos de respuesta se disparan en determinadas épocas del año. Los recursos no deberían repartirse únicamente por población empadronada ni por una foto fija. La realidad de los desplazamientos, el turismo y los riesgos locales importa.
Coordinar antes de multiplicar estructuras
Una buena estrategia necesita cooperación entre Policía Nacional, Guardia Civil y, dentro de sus competencias, cuerpos autonómicos y locales. Sistemas que no comparten información o trámites duplicados desperdician horas de trabajo que deberían dedicarse a investigar. La interoperabilidad y la protección de datos no son objetivos opuestos: pueden avanzar juntas con controles adecuados.
Las nuevas contrataciones deberían justificarse por especialidad, incidencia delictiva, tasas de esclarecimiento y tiempos de respuesta. No me convence anunciar cientos de plazas sin explicar qué problema específico van a resolver. La seguridad no se mide únicamente contando uniformes; también se mide por los delitos que se evitan, los que se investigan eficazmente y la confianza razonable del ciudadano.
Proteger a las personas vulnerables
Una política de seguridad humana no olvida a las víctimas de violencia, a los menores, a los mayores ni a quienes tienen dificultades para protegerse en un entorno digital complejo. La prevención requiere educación, canales sencillos de denuncia y apoyo comprensible. La tecnología puede ayudar a detectar patrones, pero las decisiones que afectan a derechos deben seguir bajo supervisión profesional y garantías legales.
Quiero una España donde un ciudadano estafado no tenga que convertirse en experto informático para ser tomado en serio. La modernización policial no consiste en comprar pantallas, sino en construir capacidades reales para proteger a las personas. El crecimiento de los delitos digitales exige especialización, coordinación y una manera más inteligente de utilizar los recursos públicos.
Una prevención que empiece antes de la denuncia
El refuerzo de especialistas tecnológicos no debería limitarse a investigar delitos ya cometidos. Me gustaría que escuelas, asociaciones de mayores y pequeños comercios recibieran información comprensible sobre fraudes frecuentes, protección de contraseñas y uso seguro de servicios financieros. La prevención ahorra sufrimiento y recursos. Pero debe hacerse sin trasladar toda la responsabilidad a la víctima; quien cae en una estafa sofisticada merece investigación y ayuda, no reproches.
Las unidades especializadas necesitarán coordinación con entidades financieras, fiscales, jueces y expertos forenses, siempre dentro de las garantías de la ley. Las nuevas herramientas pueden ayudar a ordenar grandes cantidades de información, pero no deberían reemplazar el criterio profesional ni debilitar derechos fundamentales. El objetivo es mejorar la capacidad de investigación sin confundir eficacia con vigilancia indiscriminada. La confianza pública depende tanto de obtener resultados como de respetar los límites del poder.
Escuchar a quienes ya han sufrido el fraude
Las víctimas de delitos digitales pueden aportar información valiosa sobre obstáculos de denuncia: pruebas difíciles de recuperar, trámites que se repiten, falta de explicaciones y escasa coordinación. Elaboraría protocolos claros para preservar evidencias y asesorar a la persona que denuncia, en especial cuando es mayor o no está familiarizada con internet. También trabajaría con asociaciones de consumidores y entidades bancarias para identificar patrones recurrentes. Una política pública inteligente aprende de la experiencia concreta, sin trasladar a los ciudadanos la responsabilidad de sustituir a los investigadores.
El crecimiento de la cibercriminalidad no justifica vigilancia ilimitada ni decisiones automatizadas sin control judicial cuando proceda. Las garantías legales no son obstáculos molestos, sino condiciones de una seguridad democrática. Mi objetivo es que la especialización tecnológica aumente la eficacia policial y, al mismo tiempo, mantenga la proporcionalidad, la rendición de cuentas y la confianza. Quiero profesionales bien preparados, no tecnologías compradas por moda. Y quiero que un pequeño comerciante o una familia estafada encuentre una respuesta comprensible y competente.
Este artículo desarrolla reflexiones personales basadas en mi estudio «Ley Nacional de Prioridad de los Servicios Esenciales y Reequilibrio del Empleo Público». Sus escenarios y metas de planificación son propuestas propias, no resultados oficiales ni efectos garantizados.