Los niños no son herramientas de política
Cada vez que se discute sobre menores extranjeros temo que olvidemos una regla esencial: un niño debe ser tratado primero como niño. Su protección no depende de que su familia proceda de un país u otro. Mi propuesta reconoce expresamente que los menores españoles y extranjeros se someten a los sistemas de protección que correspondan y, cuando proceda, al régimen de responsabilidad penal juvenil. No defiendo expulsiones automáticas ni castigos colectivos contra familiares por los actos de un menor.
El interés superior del menor exige una evaluación concreta de su seguridad, vínculos, circunstancias y necesidades. La identificación y determinación de edad, cuando existan dudas razonables, deben realizarse con procedimientos respetuosos de las garantías. No basta con una etiqueta administrativa. Las decisiones tomadas con prisas pueden alterar definitivamente una vida; por eso propongo reforzar a los equipos especializados en infancia, tutela y protección jurídica.
Reunificar no significa enviar a cualquier lugar
Cuando se identifica a familiares de un menor no acompañado en su país de origen, considero importante estudiar la reunificación. Pero solo la defendería cuando los servicios competentes acrediten que el retorno es seguro, respeta los derechos del niño y sirve a su interés superior. La existencia de un parentesco no garantiza automáticamente protección. Hay que comprobar condiciones reales y escuchar, dentro del marco legal, las circunstancias del menor.
Si existe un familiar o tutor en España, también debe evaluarse su capacidad efectiva de cuidado. En situaciones de explotación, trata o utilización de menores para delinquir, la responsabilidad del adulto debe examinarse individualmente. No permitiría que la protección de la infancia sirviera de excusa para tolerar abusos, ni que la denuncia de abusos se utilice para sospechar de todas las familias extranjeras. La responsabilidad corresponde a quien comete el hecho, no a todo un colectivo.
La vida cotidiana también protege
La escuela, la salud física y emocional y las relaciones de confianza son componentes de la protección. Una plaza de acogida sin apoyo educativo o sin continuidad en el acompañamiento puede resolver la urgencia pero dejar intacta la vulnerabilidad. Por eso defendería la coordinación entre comunidades autónomas, municipios y organizaciones especializadas, con profesionales suficientes y procedimientos comunes de seguimiento. Las decisiones deben medirse por el bienestar concreto del menor.
El idioma y la integración educativa deben ofrecer oportunidades reales, no convertirse en exigencias imposibles para un adolescente que llega después de años de dificultades. Me importa también la transición a la mayoría de edad, cuando una persona puede perder apoyos de manera abrupta. Las políticas deberían planificar itinerarios formativos y laborales compatibles con la situación jurídica, de forma que la protección no termine en un nuevo abandono institucional.
La exigencia de una sociedad decente
Reforzaría las investigaciones contra redes que instrumentalizan a menores, vínculos familiares falsos, mendicidad organizada y explotación laboral o sexual. La persecución penal debe centrarse en autores concretos y actuar con pruebas. También pediría protocolos claros para detectar víctimas, con colaboración entre justicia, protección infantil y servicios sociales. Las estadísticas pueden mostrar el número de actuaciones, pero nunca sustituirán la evaluación de seguridad y bienestar.
No me interesa utilizar la infancia para alimentar miedo ni para esconder responsabilidades públicas. Una política migratoria responsable protege al menor incluso cuando su situación administrativa es compleja, y exige cuentas a los adultos e instituciones encargados de cuidarlo. Esta es una línea que no considero negociable: las normas tienen que ser claras y las garantías han de ser más fuertes precisamente cuando la persona es más vulnerable.
La protección debe durar más que una emergencia
Un menor puede necesitar apoyo psicológico, continuidad educativa y relaciones estables incluso después de resolverse su primera situación de alojamiento. Evaluaría la proporción de profesionales por niño, la continuidad de los referentes y los resultados educativos de los dispositivos de protección. La sola existencia de camas libres no demuestra que la acogida sea adecuada. También cuidaría la coordinación en traslados entre territorios para que no se pierdan expedientes médicos, documentación escolar o información crítica sobre riesgos personales.
La participación del menor dentro de las condiciones que establece la ley es otro elemento decisivo. Las instituciones deben escuchar su relato y explicar las decisiones en un lenguaje comprensible, sin cargarle la responsabilidad de resolver conflictos entre países. Cuando sea posible una reunificación segura, deberá planificarse y supervisarse; cuando no lo sea, habrá que garantizar protección efectiva en España según el marco aplicable. Ser exigentes con las redes criminales y prudentes con los menores no son decisiones contrapuestas, sino dos expresiones de una misma responsabilidad.
Una responsabilidad verificable
Ningún indicador estadístico puede sustituir el juicio profesional sobre el bienestar infantil. Los expedientes deben poder ser auditados, las decisiones explicadas y los equipos de protección respaldados, especialmente en territorios con mayor presión asistencial.
Este artículo recoge mis reflexiones personales a partir de la Propuesta Nacional nº 5, «Inmigración regulada, integración y responsabilidad». Las medidas expuestas son ideas de reforma y no normas actualmente aprobadas.