El miedo es una emoción humana legítima. Nos advierte de peligros y puede movilizar respuestas necesarias ante riesgos reales. Lo preocupante comienza cuando se utiliza como herramienta permanente de comunicación política: cuando cada desacuerdo se presenta como una amenaza existencial, cada adversario como un enemigo y cada problema como prueba de una catástrofe inminente. Creo que ese lenguaje empobrece la democracia porque desplaza la atención desde las medidas concretas hacia la reacción emocional. Una sociedad necesita reconocer sus dificultades sin vivir atrapada en el sobresalto.
No todos los mensajes alarmantes son manipulaciones. Existen crisis sanitarias, fenómenos climáticos extremos, amenazas de seguridad y problemas económicos que requieren advertencias claras. La diferencia está en la evidencia, la proporcionalidad y la posibilidad de actuar. Una autoridad responsable explica qué sabemos, qué desconocemos, qué escenarios contempla y qué conductas recomienda. El discurso del miedo, en cambio, suele ofrecer culpables absolutos y soluciones milagrosas. Nos pide escoger un bando antes de comprender una situación, y convierte la duda razonable en un supuesto signo de debilidad.
El coste de la confrontación
Me gustaría que el debate público recuperara preguntas sencillas: ¿cuál es el problema exacto?, ¿a quién afecta?, ¿qué datos lo demuestran?, ¿qué alternativas tenemos?, ¿cuánto cuesta cada una?, ¿cómo sabremos si funcionó? La vivienda no mejora porque enfrentemos generaciones; mejora si analizamos suelo, oferta, salarios, urbanismo y acceso. La sanidad no se transforma con reproches interminables; necesita profesionales, organización, inversión bien dirigida y mediciones de resultados. Sustituir eslóganes por preguntas comprobables puede ser menos espectacular, pero es mucho más útil.
Los medios y las redes sociales influyen en este clima, aunque no son los únicos responsables. Los mensajes que despiertan indignación suelen circular deprisa, mientras las explicaciones matizadas exigen tiempo. Los dirigentes pueden elegir aprovechar esa dinámica o resistirse. Yo prefiero comunicar con claridad incluso cuando una decisión implique reconocer incertidumbres. Corregir un dato equivocado o explicar por qué una propuesta no puede aplicarse mañana debería ser una señal de seriedad. La confianza pública no nace de fingir que nunca existen límites.
La polarización afecta especialmente a quienes conviven fuera del debate político. Dos vecinos pueden discrepar sobre impuestos o inmigración y, sin embargo, compartir preocupaciones por una escuela, un centro de salud o una calle deteriorada. Cuando se les presenta como miembros de bloques irreconciliables, perdemos oportunidades de cooperación. No propongo eliminar las diferencias ideológicas ni convertir todas las posiciones en equivalentes. Defiendo debatir con firmeza sobre hechos y valores sin deshumanizar a quienes llegan a conclusiones distintas. La convivencia requiere reglas compartidas incluso entre adversarios.
Información, discrepancia y respeto
También hace falta exigir responsabilidad a los propios simpatizantes. Es fácil denunciar una falsedad cuando la difunde alguien con quien no coincidimos; más difícil resulta corregirla si favorece nuestras ideas. Creo que una cultura democrática madura debe aplicar el mismo estándar de verificación a todos. Podemos disentir sobre prioridades y modelos económicos, pero no conviene construir posiciones públicas sobre cifras inventadas o afirmaciones que nadie contrasta. El debate mejora cuando las pruebas pesan más que la identidad del portavoz.
Propongo una comunicación institucional que diferencie claramente información pública y propaganda partidista. Los recursos comunes no deberían utilizarse para convertir cada proyecto en un acto de autopromoción. Las administraciones tendrían que publicar informes accesibles, indicadores de servicio y explicación de fallos, no solo fotografías de inauguraciones. Los representantes, por su parte, deberían someter sus propuestas a preguntas difíciles y debatir costes y riesgos. Una democracia no necesita políticos incapaces de equivocarse; necesita políticos dispuestos a explicar sus decisiones sin refugiarse en el enemigo de turno.
No quiero que la crítica a la polarización sirva para silenciar denuncias legítimas. Señalar una injusticia, exigir responsabilidades o manifestarse en la calle son expresiones normales de libertad democrática. La diferencia está en presentar pruebas, reconocer matices y proponer cambios verificables. Una sociedad que evita cualquier conflicto no es necesariamente más libre; puede estar ocultando problemas que necesitan discusión. Mi preocupación es que el lenguaje del enfrentamiento sustituya al análisis y convierta cada debate en un concurso de agravios donde nadie tiene incentivos para resolver nada.
La política de las soluciones
Las instituciones educativas pueden contribuir enseñando a distinguir información de opinión y a discutir sin humillar. No corresponde imponer una ideología única, sino ofrecer herramientas para comprender argumentos, contrastar fuentes y corregir errores. Una ciudadanía crítica, también con sus propios representantes, es la mejor defensa frente a quienes necesitan el miedo como combustible permanente.
Quiero una política capaz de mirar a los ojos al ciudadano y decirle la verdad sobre la complejidad de sus problemas. Algunas soluciones requerirán inversión; otras exigirán retirar normas inútiles, negociar acuerdos o aceptar plazos largos. Nada de eso cabe fácilmente en una campaña basada en el miedo. Pero la responsabilidad pública consiste justamente en trabajar más allá del impacto inmediato. Mi compromiso intelectual es defender las soluciones que mejoren la vida real, aunque sean menos ruidosas que una confrontación. La esperanza democrática necesita hechos, no enemigos imaginarios.