Cuando una persona aparece cada semana en televisión, su nombre empieza a resultar familiar. Y la familiaridad tiene un enorme valor en política: facilita que un ciudadano recuerde a quien habla, busque sus declaraciones e incluso considere votar por él. Pero desde hace tiempo me hago una pregunta distinta: ¿significa ese reconocimiento que estamos ante la persona más preparada para gestionar los asuntos públicos?
No lo creo. Ser conocido y estar capacitado son cualidades diferentes. Pueden coincidir, por supuesto, pero ninguna garantiza la otra. Una democracia debería reconocer el valor de la comunicación sin convertir la popularidad en sustituto automático de la competencia. Y debería permitir que un buen profesional, sin contactos influyentes ni una gran organización detrás, tuviera posibilidades reales de presentar sus ideas.
No escribo estas líneas para señalar a una persona ni para deslegitimar el éxito de nadie. Me preocupa una cuestión institucional: cómo seleccionamos, escuchamos y evaluamos a quienes aspiran a decidir sobre nuestra sanidad, nuestra economía, nuestras escuelas y el futuro de nuestras familias.
El reconocimiento público no es una prueba de capacidad
Un presentador eficaz puede explicar una propuesta con claridad y ser un excelente representante. Un médico brillante, en cambio, puede dominar su especialidad y expresarse con dificultad ante una cámara. Ninguna de esas características permite, por sí sola, saber cómo actuarían gestionando un presupuesto, negociando una ley o resolviendo una emergencia.
La política exige conocimientos técnicos, pero también juicio, capacidad de escucha, honestidad, sentido de responsabilidad y habilidad para construir acuerdos. Tampoco pretendo reducirla a un examen universitario: los títulos no sustituyen la empatía ni la comprensión de la vida cotidiana. Conozco empresarios sin formación académica extensa capaces de organizar equipos extraordinarios, y profesionales muy cualificados que nunca han tenido que rendir cuentas por una decisión compleja.
Lo razonable sería evaluar trayectorias, resultados, coherencia y propuestas. ¿Qué problema identifica esa candidatura? ¿Cómo pretende resolverlo? ¿Cuánto costaría? ¿Qué derechos afectaría? ¿Qué ocurriría si su plan fracasara? Estas preguntas deberían ocupar tanto espacio como las polémicas o las frases llamativas.
Por qué la fama pesa tanto en la conversación pública
Los medios no disponen de tiempo infinito. Escogen historias que consideran relevantes y voces capaces de atraer a su audiencia. La notoriedad previa funciona como una señal fácil de reconocer, y por eso las figuras conocidas pueden recibir una atención inicial mucho mayor. No necesito imaginar acuerdos ocultos ni acusar a los periodistas de actuar de mala fe para observar ese mecanismo.
El problema aparece cuando una ventaja informativa acaba convirtiéndose en un círculo que se alimenta solo: alguien es entrevistado porque es conocido y se vuelve todavía más conocido porque lo entrevistan. Mientras tanto, otras propuestas pueden permanecer invisibles, aunque estén trabajadas y merezcan discusión. Las redes sociales ofrecen una vía alternativa, pero también exigen tiempo, recursos, conocimientos y capacidad de mantener una comunidad activa.
Igualdad legal y equidad de oportunidades
La Constitución ampara la participación política y establece la igualdad ante la ley. Sin embargo, el acceso formal a una candidatura no borra las diferencias de recursos, visibilidad o tiempo disponible. Un profesional que mantiene su negocio, cuida a su familia y prepara un proyecto durante las noches juega una partida distinta de quien parte con una estructura comunicativa establecida.
La legislación electoral reconoce la importancia del pluralismo. El artículo 66 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General contempla garantías de pluralismo e igualdad durante el periodo electoral y, según el tipo de medio y formato, reglas de proporcionalidad y neutralidad. Es una protección relevante, pero no significa que cada candidatura deba recibir automáticamente una exposición idéntica, ni resuelve por sí misma lo que ocurre en la conversación pública antes de la campaña.
Mi idea de equidad no consiste en restar voz a quien ha trabajado para ser conocido. Consiste en crear más caminos para descubrir personas capaces, establecer criterios transparentes para los debates y facilitar que el ciudadano compare propuestas antes de decidir. Esa distinción es esencial: oportunidades más abiertas, no un reparto obligatorio de popularidad.
Cómo evaluaría yo a quien aspira a gobernar
Me gustaría ver debates con preguntas comparables para todos los participantes: financiación de los servicios públicos, impacto de una reforma fiscal, vivienda, dependencia, justicia, educación. Preguntas que obliguen a concretar costes y prioridades, pero que permitan también explicar la filosofía humana de cada proyecto. Un candidato debería poder decir que desconoce un dato sin que eso sea considerado una derrota.
También promovería documentos públicos de evaluación de propuestas, elaborados con metodologías abiertas e independientes, donde se separen hechos contrastados, hipótesis y compromisos. Ninguna autoridad técnica debería decidir qué ideas pueden defenderse; su función sería ayudar a detectar afirmaciones engañosas y facilitar una comparación honesta. En paralelo, las candidaturas podrían publicar conflictos de interés y explicar su experiencia de gestión de manera verificable.
Las universidades, colegios profesionales, asociaciones vecinales y entidades ciudadanas también pueden organizar encuentros abiertos. No para convertir la democracia en un concurso de currículos, sino para multiplicar los espacios donde el conocimiento se encuentra con los problemas reales de la sociedad.
El mérito político tiene que demostrarse después de las elecciones
Hay otro error que deseo evitar: pensar que basta con elegir a personas competentes para garantizar buenos resultados. Gobernar es una responsabilidad continuada. Incluso una propuesta aparentemente sólida puede equivocarse si cambian las circunstancias o si sus previsiones iniciales eran demasiado optimistas.
Por eso defiendo objetivos públicos, medición del impacto de cada euro, evaluaciones periódicas y explicaciones comprensibles cuando una decisión no funciona. El mérito no es una medalla concedida antes de ocupar un cargo; debería ser una obligación de demostrar resultados y corregir errores durante su ejercicio. Y la capacidad para reconocer un fracaso me parece tan importante como la seguridad con la que se anuncia un éxito.
Mi experiencia como economista y empresario me ha enseñado que los números ayudan a distinguir deseos de resultados. Pero también que una cifra positiva puede esconder una realidad humana insatisfactoria. La buena gestión no puede conformarse con balances: debe preguntarse a quién beneficia, quién queda fuera y qué oportunidades concretas crea.
La democracia que merece nuestro talento
No deseo una política gobernada exclusivamente por expertos ni una sociedad donde la popularidad sea motivo de desprecio. Deseo algo más equilibrado: dirigentes capaces de comunicar, profesionales dispuestos a escuchar, ciudadanos con acceso a información comprensible y medios interesados en las ideas además de en los nombres.
Esa es una parte de lo que entiendo por Liberalismo con Alma. La libertad de participar tiene que acompañarse de oportunidades razonables para ser escuchado; la dignidad del ciudadano exige que sus representantes demuestren responsabilidad; y la prosperidad solo tiene sentido cuando el conocimiento se utiliza para mejorar vidas.
No propongo que dejemos de escuchar a los políticos conocidos. Propongo que empecemos también a escuchar a los que todavía no conocemos. Quizá la mejor idea para España no esté hoy delante de una cámara. Tal vez esté sobre la mesa de una profesora, de un médico, de una autónoma o de un ciudadano que aún busca la oportunidad de explicarla.
Fuentes y contexto: Junta Electoral Central, artículo 66 de la LOREG. Las propuestas del artículo son opiniones del autor.