Decir a un joven que puede abrir una empresa es correcto desde un punto de vista legal. Pero si no dispone de formación, financiación accesible, una vivienda asumible o información clara sobre los trámites, esa libertad puede resultar mucho más teórica que práctica. Me preocupa esa distancia porque considero la iniciativa individual una fuerza capaz de transformar vidas. La oportunidad real es la que una persona puede intentar aprovechar, no solo la que figura en un folleto.
La solución no consiste necesariamente en crear una nueva subvención para cada dificultad. A menudo implica retirar obstáculos: simplificar licencias, facilitar información, mejorar la competencia, ampliar la formación o asegurar reglas estables. Otras veces requiere una intervención pública más directa, como apoyar a quienes no pueden acceder a una educación adecuada o a servicios esenciales. Elegir el instrumento depende del problema, no de una preferencia automática por gastar más o menos.
La movilidad social merece atención especial. Una sociedad abierta debe permitir que una persona mejore sus condiciones mediante esfuerzo, talento, aprendizaje y colaboración. Eso no significa prometer resultados iguales ni negar el valor del apoyo familiar. Significa observar si el origen social condiciona de manera excesiva las posibilidades de avanzar y diseñar respuestas proporcionadas. Para juzgarlas hacen falta datos y seguimiento, no relatos triunfalistas.
También debemos mirar al empresario pequeño. Le exigimos inversión, contratación y cumplimiento de reglas, pero en ocasiones convertimos procedimientos básicos en semanas de espera. Reducir costes innecesarios permite competir a quien no dispone de un departamento jurídico. Esa simplificación debe acompañarse de controles eficaces contra el fraude y de protección de trabajadores y consumidores; una cosa no excluye la otra.
En el debate sobre oportunidades, la educación ocupa un lugar central, pero no puede cargar con toda la responsabilidad. Una formación de calidad pierde parte de su efecto si las personas encuentran mercados cerrados, inseguridad jurídica o empleos inaccesibles por el coste de vivir cerca. De igual modo, rebajar impuestos no basta si faltan habilidades, infraestructura o competencia. Prefiero políticas coordinadas y evaluadas antes que soluciones presentadas como milagros universales.
El fracaso merece una reflexión particular. Emprender significa asumir incertidumbre; buscar trabajo o cambiar de profesión también implica riesgos. Una sociedad libre debería permitir volver a intentarlo sin estigmas desproporcionados, manteniendo la responsabilidad frente a proveedores, trabajadores y acreedores. La segunda oportunidad no puede ser una excusa para el abuso, pero tampoco debería existir solo sobre el papel. Cuando facilitamos aprender de un revés, ampliamos el conjunto de personas capaces de aportar ideas, trabajo e innovación.
La libertad económica que defiendo une derecho a emprender y capacidad de elegir. Quiero que las personas no dependan de un permiso arbitrario ni de conexiones privilegiadas, pero tampoco queden inmovilizadas por barreras que jamás podrán superar en solitario. Una economía libre debe premiar la creatividad y el trabajo; una sociedad justa debe procurar que muchas más personas puedan participar en ella desde una posición digna.