Al observar la evolución reciente de la industria europea, me llama poderosamente la atención la dualidad que enfrenta: por un lado, una resiliencia encomiable que mantiene la actividad en niveles de expansión; por otro, una presión inflacionaria creciente que amenaza con erosionar esa fortaleza. El informe de S&P Global, recogido en Expansión, confirma que el sector manufacturero en España y en la eurozona sigue en terreno positivo, con España acelerando su ritmo en octubre y Alemania mostrando una recuperación progresiva. Sin embargo, esta aparente solidez se ve empañada por el aumento sostenido de los costes, especialmente en energía y materias primas, que alcanzan máximos en meses recientes y se traducen en precios de venta al alza y en una creciente incertidumbre empresarial.
Lo que considero crucial es que esta realidad no puede reducirse a cifras macroeconómicas o indicadores sectoriales. Detrás de esos datos hay miles de pequeños empresarios, autónomos y trabajadores que enfrentan directamente el impacto de la inflación. Los costes crecientes de la energía, las materias primas y los servicios no son abstractos para ellos; afectan su capacidad para mantener la actividad, contratar personal o invertir en innovación. En este sentido, la economía real —esa que se manifiesta en los negocios que abren sus puertas cada día y en las familias que dependen de ellos— sufre una presión que no siempre se refleja en los titulares ni en los análisis convencionales.
Desde mi perspectiva, es fundamental que las políticas públicas reconozcan esta interdependencia entre la industria y el tejido productivo más pequeño. La industria europea no es un ente aislado; sus dificultades repercuten en la cadena productiva y, por ende, en la capacidad de los autónomos para sostener sus negocios. Por ello, las medidas deben ir más allá de los apoyos genéricos y atender a facilitar el acceso a recursos, reducir la burocracia y crear un entorno que incentive la inversión y la innovación en todos los niveles. La experiencia demuestra que los pequeños empresarios suelen ser los más vulnerables ante incrementos súbitos de costes, y sin un respaldo adecuado, la resiliencia del sector puede quedar en mera apariencia.
Además, la inflación no afecta a todos por igual. Los costes esenciales, como la energía y la vivienda, impactan de forma más severa en hogares y pequeños negocios que cuentan con márgenes reducidos para absorber incrementos. Esta desigualdad en el impacto económico requiere una respuesta que combine protección social con estímulos para la actividad económica formal y sostenible. En este punto, me remito a la reflexión sobre desarrollo socioeconómico integral, que defiende una visión que no fragmenta los problemas sino que los aborda en su complejidad, reconociendo cómo la vivienda, la energía y el empleo se influyen mutuamente. Sin políticas coordinadas, el riesgo es que las medidas sectoriales se anulen o incluso agraven las dificultades reales de quienes sostienen la economía cotidiana.
Es importante también considerar que la presión inflacionaria y la incertidumbre global, derivadas de factores como conflictos internacionales o disrupciones en las cadenas de suministro, generan un clima de cautela que frena la contratación y la inversión. El informe señala que en España el sector manufacturero registró una disminución marginal del empleo en octubre, reflejando este efecto. Para mí, esto subraya la necesidad de políticas que no solo mitiguen los costes, sino que también fomenten la confianza y la estabilidad necesarias para que las empresas puedan planificar a medio plazo. La incertidumbre prolongada puede paralizar decisiones estratégicas, afectando la innovación y la competitividad a largo plazo.
En este contexto, la política monetaria juega un papel delicado. El Banco Central Europeo enfrenta la presión de contener la inflación mediante subidas de tipos de interés, lo que encarece la financiación y puede limitar el crecimiento. El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha advertido sobre efectos indirectos del encarecimiento energético, aunque sin indicios sólidos de efectos de segunda ronda sobre salarios. A mi juicio, esta situación exige un equilibrio cuidadoso: contener la inflación sin asfixiar la recuperación ni aumentar la vulnerabilidad de los pequeños empresarios y trabajadores.
Por otra parte, la economía real no puede entenderse sin considerar la dimensión social y laboral. La presión inflacionaria puede exacerbar desigualdades y precariedades, especialmente si no se acompaña de políticas que protejan a los más vulnerables y promuevan condiciones laborales dignas. En este sentido, defiendo que la formalización y la protección laboral deben ir de la mano con la competitividad. La experiencia demuestra que la economía sumergida y la precariedad laboral no solo dañan a quienes las sufren, sino que distorsionan la competencia y debilitan el tejido productivo en su conjunto.
Por ello, creo que la respuesta pública debe ser integral y coordinada. No basta con medidas aisladas para contener la inflación o apoyar la industria; es necesario un enfoque que integre políticas energéticas, fiscales, laborales y sociales. Facilitar el acceso a recursos, simplificar trámites, proteger a los trabajadores y fomentar la innovación son piezas de un mismo rompecabezas. Solo así se podrá traducir la resiliencia sectorial en bienestar tangible para las familias y comunidades que dependen de ella.
En definitiva, la industria europea enfrenta un escenario complejo donde la fortaleza productiva convive con riesgos inflacionarios que afectan a toda la cadena económica. Reconocer la economía real, con sus pequeños empresarios y autónomos, es clave para diseñar respuestas efectivas. Solo así podremos asegurar que la resiliencia del sector se traduzca en bienestar tangible para las familias y comunidades que dependen de ella. La política debe mirar más allá de los indicadores y escuchar a quienes sostienen la actividad diaria, porque en ellos reside la verdadera fortaleza y el futuro de nuestra economía.